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Ramón Amarilla, diputado provincial electo y su preferido para una lista nacional, Germán Palavecino, viajaron a Buenos Aires para participar de la reunión de la Bicameral de Fiscalización de Seguridad del Interior. Allí dialogaron con Senadores sobre la causa a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas que tiene a Amarilla como sospechoso por presunta sedición y conspiración.
Con intenciones de contextualizar su experiencia, el electo legislador acusó que “en Misiones vivimos una dictadura disfrazada de democracia”. Reclamó que la mesa policial salarial dejó de ser convocada por el gobierno provincial desde octubre de 2023. Los reclamos salariales que se materializaron en un multitudinario acampe en mayo del año pasado motivaron a una “caza de brujas”, según acusó Amarilla.
La denuncia de Amarilla ante el Senado
El vocero policial ratificó que, antes de las protestas sobre la avenida Uruguay en mayo pasado, desde el sector intentaron lograr acuerdos salariales, mas sin éxito ni respuestas de parte de funcionarios provinciales. “Agotamos las instancias administrativas, y después de la asunción del gobierno Nacional desde provincia dejaron de atendernos”, relató.
Amarilla recalcó que “siempre fue un reclamo salarial”. Negó integrar el supuesto grupo de WhatsApp que disparó una investigación judicial por sedición y toma de recursos de la Jefatura provincial que lo llevaron a ser detenido en octubre del año pasado. Y acusó que, durante su período en una cárcel común en Misiones, “violaron todos mis derechos constitucionales y humanos”.
Acusó que la persecución se replicó a otros sectores estatales
Aunque sin referirse explícitamente a las causas judiciales contra Mónica Gurina, secretaria general de CTA y Leandro Sanchez, dirigente docente de UTEM, Amarilla lamentó que, después del acampe de mayo, “todos fuimos perseguidos”, y que “algunos se fueron de la provincia por pensar diferente al gobierno”.
Al tiempo que recalcó: “Nunca hemos dañado nada, siempre se agotaron las instancias administrativas con las autoridades y nunca nos recibieron. Nos acusaron de sediciosos, de levantar las armas contra el gobierno y eso nunca pasó”.
Para Amarilla, la causa judicial que lo tuvo como uno de los primeros sospechosos e imputados fue una especie de represalia por los reclamos laborales. “Los delitos de los que se nos acusa fueron para desestabilizar las movilizaciones que veníamos haciendo”, acusó.
Walter Ríos rompió con Ramón Amarilla y denunció que su entorno pidió $25 millones a empresarios sin aval del partido ⚠️ https://t.co/BWmVUWCnl4
— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 21, 2025
