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Las recientes declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni sobre un supuesto aumento en la oferta de alquileres tras la derogación de la ley reavivaron el debate en torno a la situación habitacional en Argentina. Desde la Asociación Inquilinos de Corrientes, su referente Adrián Sandoval cuestionó con dureza ese diagnóstico y aseguró que la realidad que enfrentan los inquilinos es muy distinta.
“La visión que tiene el Gobierno Nacional sobre lo que pasa con los alquileres está muy sesgada”, afirmó Sandoval, quien en diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up sostuvo que el principal problema radica en la falta de datos precisos.
Según explicó, “el Gobierno no tiene las herramientas o no las usa para comprender de manera más quirúrgica qué pasa con los inquilinos”, y agregó que muchos diagnósticos oficiales se basan en información proveniente del sector inmobiliario, lo que también implica una mirada parcial.
El dirigente recordó que la derogación de la Ley de Alquileres se produjo el 29 de diciembre de 2023 mediante el DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que mayores beneficios para los propietarios generarían más oferta y una baja de precios. Sin embargo, aseguró: “Lo cierto es que eso no sucedió”.
Para Sandoval, el discurso oficial se repite como una consigna sin sustento: “Es un slogan armado de tres líneas donde no hay un análisis real con datos concretos”. En ese sentido, remarcó que distintas organizaciones, universidades y entidades sociales cuentan con relevamientos detallados, pero “el Gobierno no se hace eco de esto”.
Uno de los puntos más críticos que señaló es el crecimiento de la informalidad en los contratos, especialmente en provincias del norte como Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. “La gran mayoría de los contratos tienen algún tipo de rasgo de informalidad”, afirmó, y explicó que la eliminación de un marco regulatorio agravó esa situación: “Ahora es muy incierto saber qué corresponde dentro de las obligaciones y derechos”.
El impacto en la economía de los inquilinos es cada vez más severo. “Hay personas que tienen que destinar entre un 60% y un 100% de sus ingresos al alquiler”, advirtió, describiendo un escenario que calificó como insostenible.
En cuanto a las condiciones contractuales, Sandoval fue contundente: “El mercado tiene sus propias reglas”. Según explicó, sin una normativa clara, los acuerdos se volvieron cada vez más desiguales: “Cada contrato se volvió un ejemplo mismo de la ley de la selva, con cláusulas absolutamente abusivas y ridículas”.
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Además, señaló que históricamente los inquilinos ocupan la posición más débil en la negociación: “El propietario tiene la vivienda, el inquilino solo el dinero. Claramente está en desventaja”. En este contexto, la falta de regulación profundiza esa desigualdad.
Respecto al rol del Estado, sostuvo que la problemática de la vivienda no está siendo abordada como política pública. “Es una papa caliente que nadie quiere tocar”, expresó, y cuestionó que durante décadas el tema haya quedado en manos del sector privado sin una estrategia sostenida.
Las consecuencias sociales ya comienzan a evidenciarse. “Hay una generación entera que no se puede ir de la casa”, alertó, y vinculó esta situación con dificultades para planificar proyectos de vida, como formar una familia. También advirtió sobre fenómenos emergentes: hacinamiento, regreso a hogares familiares y un aumento de personas en situación de calle.
Finalmente, Sandoval planteó un escenario preocupante a futuro: “Vamos a ir a un escenario muy grave: mucha vivienda vacía y mucha gente sin un lugar donde vivir”. Según explicó, esto se debe a que muchas propiedades se utilizan como reserva de valor y no ingresan al mercado de alquiler, lo que rompe la lógica tradicional de oferta y demanda.
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