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En un contexto donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, también lo hacen los delitos que se cometen en entornos digitales. En Misiones, la reciente creación de la Fiscalía de Ciberdelitos puso en el centro de la escena una problemática tan compleja como alarmante. Al frente de este espacio se encuentra el fiscal Juan Pablo Espeche, quien delineó el mapa actual de estas investigaciones y advirtió sobre el crecimiento sostenido de casos vinculados a explotación sexual infantil, grooming y estafas digitales.
Desde su puesta en funcionamiento el 2 de enero de 2025, la Fiscalía se consolidó como el único organismo provincial especializado en este tipo de delitos. Esto implica que cualquier denuncia realizada en localidades como Andresito, Posadas o Colonia Aurora, termina bajo su órbita, siempre que el expediente avance.
Un sistema centralizado para delitos complejos
“El error —o mejor dicho, el eje— de la fiscalía es investigar los delitos que se cometen en entornos digitales”, explicó Espeche, al tiempo que detalló que el trabajo está dividido en dos grandes áreas: por un lado, los delitos vinculados a la explotación sexual infantil y grooming, y por el otro, las estafas informáticas.
Las denuncias pueden ingresar por distintas vías: directamente en la fiscalía, en comisarías o en juzgados de instrucción. Sin embargo, una de las principales fuentes de reportes proviene de organismos internacionales.
El rol clave de organismos internacionales
Uno de los actores centrales en la detección de estos delitos es el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización con sede en Estados Unidos que, por ley, debe reportar cualquier contenido sospechoso detectado en plataformas digitales.
A través de este sistema, los reportes siguen un circuito que comienza en Estados Unidos, pasa por Buenos Aires y finalmente llega a Misiones. Allí, la fiscalía inicia un proceso de investigación que puede derivar en causas penales.
Durante 2025, se registraron 386 reportes vinculados a delitos de explotación sexual infantil, de los cuales 262 corresponden a material de abuso sexual infantil y 125 a casos de grooming, además de algunos episodios de sexting.
“Detrás de cada número hay niños, niñas y adolescentes vulnerados. Es una realidad estremecedora”, sostuvo el fiscal, quien además remarcó que el equipo debe analizar cada uno de los archivos, imágenes o conversaciones para avanzar en las investigaciones.
El impacto del caso Quisque en la sociedad
El denominado caso Quisque se convirtió en un punto de inflexión en la percepción social de estos delitos. La causa, que también se inició a partir de un reporte internacional, permitió visibilizar cómo operan estas redes y la importancia de los mecanismos de denuncia.
“Es uno de los casos más emblemáticos porque mostró que estos delitos existen y que pueden estar más cerca de lo que pensamos”, señalaron desde la fiscalía.
Sin perfil único: la diversidad de los agresores
Uno de los aspectos más inquietantes es que no existe un perfil único de los agresores. Según explicó Espeche, los casos incluyen desde jóvenes estudiantes hasta profesionales de distintas edades.
“No hay un parámetro claro. Lo que sí observamos es un patrón de consumo reiterado, que muchas veces escala hacia la producción de material”, indicó.
En ese sentido, advirtió sobre una lógica peligrosa: la demanda constante de contenido genera más producción, lo que en muchos casos deriva en situaciones de abuso intrafamiliar.
La investigación digital: entre direcciones IP y huellas virtuales
El proceso investigativo se basa en el análisis de datos como correos electrónicos, números telefónicos y direcciones IP. Sin embargo, el fiscal aclaró que estos elementos no siempre son concluyentes.
“Una dirección IP puede ser utilizada por varias personas. Por eso, el trabajo requiere cruzar múltiples datos y reconstruir las huellas digitales que dejan los usuarios”, explicó.
Este trabajo se realiza en conjunto con organismos como la Dirección de Cibercrimen, la policía provincial y áreas de investigación compleja, lo que permite avanzar en allanamientos y secuestro de dispositivos.
¿Se puede borrar la evidencia digital?
Consultado sobre la posibilidad de eliminar pruebas, Espeche fue claro: “En algunos casos sí, en otros no. Depende del dispositivo, del tiempo transcurrido y de cómo se haya borrado la información”.
No obstante, destacó que con las herramientas tecnológicas actuales, “hoy es muy difícil ocultar completamente la evidencia”.
El desafío de la inteligencia artificial
Uno de los nuevos frentes de preocupación es el uso de la inteligencia artificial para la creación de imágenes falsas de contenido sexual infantil. Aunque en Argentina aún no está tipificado como delito en todos los casos, ya se registran reportes.
“El problema es que utilizan fotos reales, muchas veces tomadas de redes sociales, y las manipulan. Por eso es fundamental que los padres tengan cuidado con lo que publican”, advirtió.
Prevención y conciencia social
El fiscal hizo especial hincapié en la necesidad de generar conciencia social, especialmente en el uso responsable de las redes.
“Estas personas se manejan con intercambio de material. Siempre buscan algo nuevo, y eso alimenta una cadena que termina en más abuso”, explicó.
En este escenario, la prevención aparece como una herramienta clave para frenar el crecimiento de estos delitos, que ya forman parte de una problemática estructural en la era digital.
Misiones cayó 7,6% en ventas de supermercados y lidera las bajas del NEA https://t.co/C2kMrI7aw8
— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 24, 2026
