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Diez familias de Alba Posse llevan siete años esperando una resolución judicial tras el despido de trabajadores de planta permanente de la Municipalidad. Los ex empleados reclaman que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones cierre la etapa de pruebas y dicte una sentencia definitiva en la causa iniciada contra la comuna, luego de que, según denunciaron, vencieran los plazos otorgados para presentar documentación pericial.
En una entrevista con el programa Arriba la Radio, transmitido por RadioUp, Ariel Melo, uno de los trabajadores despedidos, sostuvo que el conflicto comenzó con la llegada del intendente Lucas Gerard y que los afectados consideran que las desvinculaciones respondieron a una persecución política. Según su relato, el grupo inicial estaba integrado por 12 empleados y, tras la reincorporación de dos de ellos, los otros diez continuaron con el reclamo judicial.
Melo contó que, al comienzo de la gestión municipal, los trabajadores fueron convocados individualmente y recibieron una propuesta para abandonar sus cargos permanentes a cambio de continuar trabajando como contratados. “En principio, cuando él nos despidió, él pidió, nos llamó uno por uno, a mí inclusive... era para que nosotros firmásemos la renuncia de la planta permanente. Y ahí él nos daba trabajo como contratado”, relató.
El ex empleado señaló que la situación generó desconfianza entre sus compañeros, especialmente después de observar lo ocurrido con uno de los trabajadores que aceptó la propuesta. “Él renunció y a los dos tres meses le soltaron”, recordó.
Ante la falta de una solución laboral, los afectados decidieron recurrir a la Justicia para reclamar por sus desvinculaciones.
La causa estuvo cuatro años sin avances
Los trabajadores iniciaron una demanda administrativa contenciosa ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Sin embargo, según explicó Melo, el expediente permaneció cuatro años sin movimientos significativos mientras estaban representados por su primer abogado, David Mosquera, de Oberá.
Frente a esa situación, los damnificados se reunieron en Campo Grande para revocar el poder otorgado al letrado y designar como nuevo representante al abogado Alexander Bona, también de Oberá.
Con el cambio de patrocinio, pudieron conocer el estado del expediente y avanzar con el seguimiento del proceso. “Ahí él comenzó a iniciar, así ya comenzó a averiguar, tuvo acceso a los expedientes y eso y ahí nos dijo que el tema estaba dormido, estaba quieto, no había movimiento ninguno”, explicó Melo.
Vencieron los plazos para presentar pruebas
De acuerdo con el testimonio del trabajador, la causa comenzó a avanzar con la nueva representación legal. En marzo de este año, el tribunal habilitó una instancia para que la Municipalidad presentara pruebas periciales destinadas a fundamentar la invalidez de la planta permanente.
En abril, la comuna solicitó una prórroga con el argumento de que el perito contable era suplente. Posteriormente, el 29 de julio, el tribunal estableció un último plazo improrrogable de cinco días, que, según Melo, venció sin que se presentaran las pruebas requeridas.
Ante ese escenario, los ex empleados piden que se dé por concluida la etapa probatoria y que el expediente pase a sentencia. “Lo que nosotros pedimos hoy con todos los compañeros... es de que ya dé por terminado la etapa probatoria y que ya se pase a sentencia de lo que es lo que marca la ley”, expresó.
Siete años sin estabilidad laboral y con dificultades económicas
La espera judicial también tuvo consecuencias en la vida cotidiana de las familias. Melo contó que, durante estos años, atravesó un problema de salud grave: hace dos años fue diagnosticado con leucemia y debió permanecer internado durante un año en Posadas para realizar el tratamiento.
Según relató, el intendente colaboró con los traslados a través del área municipal de Acción Social, aunque esa asistencia no se tradujo en una reincorporación laboral.
Actualmente recuperado, Melo se sostiene con trabajos ocasionales de reparación de celulares, una actividad que comenzó después de realizar un curso. Sin embargo, advirtió que las posibilidades de conseguir empleo en la localidad son limitadas.
La falta de ingresos estables también afectó la educación de sus hijas. “Tengo dos hijas y una no pudo terminar los estudios y la otra ya perdió dos años porque yo no tengo trabajo fijo”, contó.
Para participar de la entrevista radial, además, tuvo que trasladarse hasta 25 de Mayo debido a la falta de señal telefónica en Alba Posse.
El pedido de los trabajadores al Superior Tribunal de Justicia
Los diez ex empleados insisten en que la Justicia resuelva el expediente después de siete años de incertidumbre. El reclamo apunta tanto a definir su situación laboral como a poner fin a un proceso que, según sostienen, prolongó las dificultades económicas de sus hogares.
En el cierre de la entrevista, Melo apeló a los magistrados para que tengan en cuenta el impacto social de la demora. “A la justicia también le pediría que ponga la mano en el corazón y mire por nosotros que somos 10 familias. Atrás de nosotros tenemos una esposa y los hijos... ya nuestro tema ya se pasaron 7 años y nosotros necesitamos comer y necesitamos trabajo para mantener nuestra familia”, manifestó.
