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La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años retenida en Brasil, sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio Público brasileño solicitara su prisión preventiva, mientras desde Argentina una fundación presentó un reclamo administrativo ante Cancillería para que intervenga en el caso.
La joven continúa en Río de Janeiro con tobillera electrónica y sin acceso a su pasaporte, lo que le impide regresar al país mientras avanza la investigación.
Según el documento presentado por la Fundación Apolo, la imputación por injuria racial sería desproporcionada debido a que no existe una condena firme y el hecho ocurrió durante sus vacaciones en el barrio de Ipanema. El episodio se originó tras un desacuerdo por el cobro de una cuenta en un bar, donde se denunció que la joven realizó gestos considerados ofensivos.
El reclamo sostiene que las medidas cautelares adoptadas por la Justicia brasileña no respetarían estándares internacionales de derechos humanos y que no se evaluaron alternativas menos restrictivas, además de no contemplar la condición de mujer extranjera de la imputada. En ese sentido, la entidad mencionó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior argentino como marco para una eventual intervención diplomática.
Asimismo, el escrito señaló la existencia de registros fílmicos previos al incidente, en los que un empleado del establecimiento habría realizado gestos obscenos hacia Páez y su acompañante. Según la presentación, la joven habría reaccionado tras ser víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, lo que afirman podría haber descontextualizado su conducta posterior.
La Fundación Apolo también citó instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas, que establecen criterios de protección reforzada en casos que involucren a mujeres en situaciones de vulnerabilidad o asimetría.
Además, el documento cuestionó la difusión pública del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas en redes sociales oficiales, al considerar que podrían reforzar una lógica de estigmatización incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
En paralelo, la fiscalía de Río de Janeiro avanzó con el pedido de prisión preventiva al sostener que la conducta de la abogada habría sido “discriminatoria y ofensiva”, y que —según la acusación— “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido”.
Mientras la causa continúa en trámite, la fundación solicitó que Cancillería argentina active la protección consular y evalúe un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y habilitar el eventual regreso de la joven al país hasta que se resuelva su situación judicial.
