El único expediente judicial “activo” es el que se inició con la denuncia del expresidente del Instituto, Marcelo “Estratósfera” Rodríguez, quien aseguró ante la justicia que su teléfono había sido hackeado y por eso, se viralizaron los chats privados que él habría mantenido con decenas de mujeres con las que, aparentemente, canjeaba contratos a cambio de favores sexuales.
El 18 de abril del 2022, Juan Marcelo “el Turco” Rodríguez presentaba su renuncia a la presidencia del Instituto de Fomento Agropecuario y la Industria, la cual fue rápidamente aceptada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, luego de viralizarse una serie de chats privados del exfuncionario con decenas de mujeres con las que, aparentemente, intercambiaba contratos laborales y otros beneficios económicos a cambio de favores sexuales.
Más de 16 meses después de esa renuncia, la única causa penal iniciada a raíz de las escandalosas filtraciones –la impulsada por el propio Rodríguez– está paralizada y sin ningún avance concreto.
Luego de hacerse virales los chats sexuales que Rodríguez habría mantenido con, por lo menos, 39 mujeres en los que el exfuncionario –o alguien con voz y forma de hablar idéntica– aparece acordando encuentros sexuales a cambio de contratos laborales y otras dádivas, el propio expresidente del IFAI se presentó ante la Justicia para denunciar que le habían “hackeado” el teléfono y por eso se conocieron los escandalosos videos e imágenes que muestran indicios de diversos delitos: malversación de fondos públicos (agravada), cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias, violencia de género, acoso y abuso sexual agravado, entre otros.
Vale recordar que el ex vicepresidente de la Cámara de Representantes de Misiones presentó su renuncia –o lo hicieron renunciar– luego de la aparición en Facebook de un perfil falso con su nombre, conteniendo múltiples capturas de pantalla, mensajes de audio, y videos de sus presuntos chats sexuales con decenas de mujeres con las que hablaba de sexo, contratos y créditos del IFAI.
Como es de público conocimiento, cada funcionario provincial o municipal deja su renuncia firmada al momento de asumir el cargo. De manera tal que, al surgir un conflicto u escándalo, el gobernador ya tiene la renuncia a disposición.
“Siempre victimizándose y mintiendo al pueblo. Pruebas para que no siga dejando mal a los buenos funcionarios y a la Renovación, que tanto ha hecho por los Misioneros. Hay que sacar la fruta podrida antes que contamine toda la planta y demostrar que un cargo público no te garantiza la impunidad de actos delictivos y el castigo social”, señalaba la presentación de la página de Facebook que lo escracha por “corrupción”, “violencia de género” y “abuso de poder y sexual”. Asimismo, el perfil de Facebook lo acusa de mantener un “harem con plata del Estado” y convertir al IFAI en un “burdel institucional”.
Ante esto, Rodríguez radicó su denuncia por el supuesto “hackeo” ante el Juzgado de Instrucción 6 a cargo del juez Walter Balor, quien ordenó una serie de medidas de prueba, las cuales no prosperaron. El expresidente del IFAI denunció ante la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Misiones, que su Whatsapp había sido hackeado y radicó otra denuncia contra la red social Facebook, por la cuenta falsa que hicieron con su nombre, donde filtraron las conversaciones sexuales. Esta denuncia desestimada por Cibercrimen, que sí avanzó por el oscuro, y para muchos interminable, derrotero para develar la identidad de quien accedió al whatsapp del funcionario y lo publicó en las redes sociales.
Para el 20 de abril del año pasado, el juez expidió un oficio a la empresa Meta (Facebook), dueños también de Whatsapp, para que entreguen los datos de el o los usuarios que supuestamente “hackeraon” la cuenta de mensajería de Rodríguez y, capturaron toda la información privada y la publicaron en la red social a través de un perfil falso.
A casi 17 meses de los hechos, el juez Balor accedió a dialogar con Radio Up 95.5 sobre el estado del expediente. El viernes pasado, el magistrado sostuvo que creía que “a la fecha” no se había recepcionado una respuesta al oficio judicial enviado a la empresa de Mark Zuckerberg.
El magistrado prometió revisar el estado del expediente este lunes y, por la mañana, indicó a este medio, que “en relación a la consulta, el día 7 de este mes (septiembre) se reiteraron los oficios por no haber obtenido respuesta a la fecha”. Es decir, la principal medida de prueba para desenmascarar a los supuestos “hackers” que desataron el escándalo en el IFAI, no prosperó aún.
Dado el escenario, resulta posible pensar que la causa por el supuesto hackeo al whatsapp de “Estratósfera” Rodríguez continúe paralizada por tiempo indefinido.
Por supuesto, no es la única investigación judicial que pudo haberse iniciado al ventilarse los chats sexuales atribuidos a Rodríguez, que él denunció como “falsos y armados”.
De hecho, ni el fiscal de Estado, Fidel Duarte, ni ningún otro fiscal de la provincia se presentó de oficio para solicitar a la Justicia que se investigue la posible comisión de delitos por parte de Rodríguez, rebautizado “Estratósfera”. en los círculos de la Renovación, por una de las conversaciones que mantuvo con una mujer a la que, presuntamente, explotaba sexualmente desde la presidencia del IFAI.
A fines de abril del año pasado, el expresidente del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) y exvicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Rodrigo Bacigalupi, se había mostrado más bien pesimista respecto de la posibilidad de que la Justicia investigue al ex mano derecha del presidente de la Legislatura provincial. “Los fiscales y jueces pueden actuar de oficio, ante la ‘notitia criminis’ (información obtenida sea policías o fiscales, ante la comisión de una o varias conductas que revisten las características o presupuestos de un delito) Tienen la potestad de presentar una denuncia ante el juez competente y este impartirá las instrucciones. Aunque esto no va a ocurrir por ahora es esta provincia. Si hay alguna expectativa de investigación, olvídense”, había planteado públicamente Bacigalupi, el 20 de abril del año pasado.
Sobre el caso, comentó: “De confirmarse la historia de intercambio de favores sexuales para poder acceder a un beneficio, sea de un sueldo o contrato, estaríamos hablando de cinco delitos, más el agravante del artículo 36 de la Constitución, que lo considera un delito contra la democracia. A primera vista, al involucrar bienes del Estado, actividades o servicios a prestar al Estado por personas a cambio de alguna contraprestación de algún tipo que no corresponde a la prestación propia del servicio, lo que habría que investigar, es la malversación de caudales públicos, donde el código penal establece una pena de 1 a 3 años. O de 2 a 10 años (de prisión) si es agravado”, precisó Bacigalupi por entonces.
Y añadió que en este caso: “Podemos investigar también la posibilidad de un cohecho. Es decir, que haya un intercambio de favores entre un funcionario público y la persona que lo requiere”. Asimismo, el profesor universitario señaló que otro de los delitos posibles es el de “extracciones ilegales o abuso de autoridad. Hay una pena de 6 meses a 2 años (cohecho). Y entre 1 y 2 años de pena (abuso de autoridad)”, explicó Bacigalupi por entonces.
Sin medias tintas, el abogado señaló que con el caso del “IFAI–Gate”, “el ‘macho misionero’ está sometiendo a la mujer y la justicia le está diciendo, sométanse porque no va a pasar nada”.
A más de 16 meses de conocido el escándalo, la Justicia provincial parece confirmar el vaticinio del extitular del Colegio de Abogados.
Sobre este punto, vale destacar la actitud de la diputada provincial Anazul Centeno, una de las pocas dirigentes de la Renovación, que se refirió al caso, aunque, no presentó denuncia alguna contra Rodríguez.
En una carta pública, la que ofició como una especie de vocera de las dirigentes renovadoras destacó la “rápida reacción del Poder Ejecutivo, representado en la figura del gobernador Oscar Herrera Ahuad, al aceptar la renuncia, es un primer paso que debe ser acompañado por el aparato judicial para el total esclarecimiento del hecho, así como se arbitren los medios necesarios para poner a disposición de las únicas víctimas, los equipos interdisciplinarios dispuestos en la legislación vigente”.
Centeno hizo un llamado a la reflexión para “entender y evitar la condena social de quienes se vieron sometidas a estos viejos métodos abusivos por el hecho de ser mujeres”. Sin embargo, la diputada evitó explicar por qué el Ejecutivo provincial aceptó la renuncia de Rodríguez si consideraba que no cometió ningún delito, o, al contrario, por qué no impulsó una denuncia e investigación penal, si se aceptó la dimisión de Rodríguez.
En la carta pública, la diputada afirma que “el abuso del poder, la violencia económica, la extorsión sexual en el ámbito laboral, son formas de disciplinamiento, métodos utilizados para imprimir en el cuerpo de las mujeres, relaciones desiguales de poder, que nos encasillan como bienes de cambio, transables, mercancías”. No obstante, Centeno no se presentó ante la justicia para que investiguen al ex jefe del IFAI.
En cuanto a las víctimas, Centeno omite mencionar que algunas de ellas son concejales y funcionarias que forman parte del Frente Renovador de la Concordia Social. “Somos muchos y muchísimas quienes creemos en la política como una herramienta del bien, como un medio para el bienestar del conjunto (…) somos un montón, miles quienes rechazamos de plano el abuso de poder en todos los ámbitos, aún más si provienen de un funcionario público”, afirmaba la diputada sobre el IFAI–Gate.
Sin embargo, entre las víctimas de la presunta explotación sexual por parte del ex presidente del IFAI aparecen mujeres que eran concejales en pueblos de Misiones y funcionarias renovadoras de segundas y terceras líneas, lo que estaría mostrando una lógica de explotación sexual dentro del partido que gobierna Misiones desde 2003 a la fecha –donde las militantes y funcionarias deben someterse a los “jefes”–, con una cierta anuencia de la Justicia y del poder político actual.
Párrafo aparte merece la actitud adoptada por la ex esposa del ex jefe del IFAI, Yolanda Asunción, que es Secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión Municipal de Posadas: en ningún momento habló públicamente del escándalo que significó el punto final a su relación. Vale decir, en ningún momento salió a defender el buen nombre y honorabilidad de su ex esposo y ex funcionario. O a cuestionarlo, si considera que es culpable de la malversación de fondos, las coimas y la explotación sexual.
