En diciembre de 2024, los precios de los agroalimentos exhibieron una importante disparidad entre el campo y la góndola, multiplicándose por 3,9 veces según el Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En términos concretos, los consumidores abonaron $3,9 por cada $1 que percibió el productor.
La participación de los productores en el precio final de los alimentos cayó en diciembre, representando apenas un 21%, un descenso del 11,4% en comparación con el mes previo. Dentro de este escenario, los productores de pollo alcanzaron la mayor incidencia con el 54,6% del precio final, mientras que los de zanahoria apenas explicaron un 9,8%.
El informe destaca que las economías regionales enfrentaron un mes difícil debido a factores como un consumo debilitado y altos costos de producción. La apertura de importaciones, además, ha profundizado los problemas, exponiendo a los productores locales a una competencia desigual frente a productos importados que no soportan las mismas cargas tributarias, logísticas y de insumos que encarecen la producción nacional.
Productos frutihortícolas: En el rubro frutihortícola, que incluye 19 productos de la canasta IPOD, los precios al consumidor se multiplicaron por 6,9 veces desde el campo a la góndola, marcando un aumento del 19% respecto de noviembre.
Productos de origen animal: En el caso de los cinco productos y subproductos de origen animal, la brecha fue menor: el consumidor pagó 2,9 veces más de lo que recibió el productor, manteniéndose estable en relación al mes anterior.
Desde CAME advierten que esta marcada brecha entre los precios de origen y destino amenaza la sostenibilidad de los productores locales, quienes enfrentan costos crecientes y reciben una proporción cada vez menor del precio final de los alimentos.
La situación también impacta en los consumidores, quienes deben pagar precios elevados en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo. Desde el organismo reclaman políticas públicas que promuevan una distribución más equitativa de los ingresos en la cadena de valor.
