Un hombre de 35 años con antecedentes por delitos relacionados con drogas (Ley 23.737) y el código aduanero (Ley 22.425) fue detenido ayer al mediodía en el barrio Elena III de Eldorado, en relación con el intento de robo que resultó en el homicidio del cabo primero Mauricio Miñarro. La detención fue ordenada por la jueza de Instrucción Número 1, María Laura Rodríguez.
El sospechoso está acusado de haber llevado a cabo tareas de inteligencia para identificar guardias y recolectar información del predio de la división Infantería de la Unidad Regional III, ubicado en el kilómetro 1 de Eldorado.
Este lugar fue el escenario de un presunto intento de robo que culminó con el asesinato de Miñarro entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de diciembre de 2024. Durante el operativo de detención, se secuestraron varios dispositivos, principalmente celulares, que serán analizados por la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Superior Tribunal de Justicia.
Un entorno cargado de irregularidades
La investigación judicial enfrenta una serie de obstáculos debido a las irregularidades detectadas en los registros de la dependencia de Infantería. Los libros de registro del movimiento de armas muestran inconsistencias, incluyendo entregas sin claridad de destinatarios ni detalles sobre devoluciones. Además, aún no se ha determinado con precisión cuántas armas estaban en custodia en el destacamento ni cuántas podrían faltar.
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Según fuentes judiciales, se descarta que el crimen haya sido perpetrado por un grupo comando con la intención de robar una avioneta del Aeroclub Alto Paraná, vecino al predio de Infantería. No se encontraron evidencias de vehículos o movimientos sospechosos en la zona, ni registros en cámaras de seguridad del casco urbano o la costa del río Paraná.
Un ataque bajo sospecha
Mauricio Miñarro fue asesinado mientras cumplía con su turno de guardia, en una situación que también ha sido cuestionada por sus camaradas. El suboficial estaba solo, una práctica que contraviene los reglamentos. Miñarro recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en el brazo, y en el lugar se hallaron dos casquillos calibre nueve milímetros.
Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación es el papel del subcomisario Ricardo Andrés Arrúa, jefe a cargo de Miñarro, quien fue separado de su cargo y está bajo investigación judicial. Arrúa ha sido vinculado a las irregularidades detectadas en la distribución de guardias y los registros de la división. La ausencia de otro guardia junto a Miñarro es vista como una falla crítica en la organización del destacamento.
