La muerte del cabo primero Mauricio Miñarro, ocurrida en circunstancias aún no esclarecidas, suma nuevos elementos que complejizan la investigación.
Dos casquillos de calibre 9 milímetros, el mismo usado por la Policía de Misiones, fueron encontrados en la escena del crimen, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber sido asesinado con su propia pistola reglamentaria, una Bersa Thunder que figura entre las armas robadas.
A pesar de la gravedad del hallazgo, la jueza de Instrucción 1 de Posadas, María Laura Rodríguez, no aceptó detener al exjefe del destacamento, Ricardo Arrúa, quien fue el último en estar con la víctima. Arrúa tenía a su cargo la supervisión de las armas, área en la que se detectaron irregularidades, como la falta de un inventario actualizado.
La decisión de la jueza generó malestar en el entorno policial y entre los familiares de Miñarro, quienes exigen respuestas claras. Incluso, la posibilidad de que Rodríguez sea recusada de la causa está sobre la mesa debido a cuestionamientos sobre su manejo de las pruebas y las hipótesis planteadas.
Sospechas dentro del entorno laboral
El informe preliminar de Asuntos Internos y Criminalística de la Policía de Misiones descarta la participación de grupos delictivos extranjeros, como comandos de Paraguay o Brasil. En cambio, apunta hacia un círculo más cercano a Miñarro. El pase a disponibilidad del exjefe de la División Infantería y los sumarios internos a otros dos compañeros de guardia refuerzan esta línea de investigación.
Uno de los policías sumariados debía estar de servicio con Miñarro pero se encontraba en su casa al momento del crimen, mientras que otro realizaba tareas adicionales. Estas irregularidades en el protocolo agravan las sospechas y abren interrogantes sobre posibles complicidades o negligencias internas.
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Hipótesis en disputa
Inicialmente, la jueza Rodríguez consideró un intento de robo de una avioneta como el móvil del homicidio. Sin embargo, esta teoría se ha debilitado tras los recientes hallazgos. En cambio, la hipótesis de que Miñarro fue ejecutado con su propia arma para luego encubrir el hecho con el robo de otras armas de la dependencia ha cobrado fuerza.
El lugar del crimen permanece clausurado mientras continúan las investigaciones. Además, se evalúa la intervención de fuerzas federales y del equipo especial de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), enviado por el procurador general de la provincia, Carlos Giménez
