El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de desvincular a más de 2.400 empleados que se desempeñaban en puestos administrativos vinculados a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.). La medida, que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de 2024, fue confirmada por Manuel Adorni, vocero oficial del presidente Javier Milei.
En diálogo con Antonio Villalba para el programa “RX-Realidad Mixta” de Radio Up 95.5 Rafael Pereyra Pigerl destacó la preocupación por la situación laboral de los trabajadores despedidos y el impacto que esta decisión tendrá en la política de derechos humanos. “Hablé con personas que llevan 20 o 30 años trabajando y que, de un día para otro, pasarán a no tener empleador. Esto no solo afecta su sustento económico, sino también su dignidad”, señaló preocupado el legislador.
El rol de Misiones en los juicios de lesa humanidad
El diputado recordó su experiencia como abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2008 y 2017, periodo durante el cual participó activamente en los juicios de lesa humanidad en la Provincia de Misiones.
“Fui el único abogado que representó esta causa en la provincia, y mi labor estuvo enmarcada en una política de Estado que buscaba justicia por los crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado”, sostuvo.
El legislador lamentó que la decisión del Gobierno Nacional también afecte a otras unidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como las oficinas de atención a víctimas de violencia de género. “Esto representa un golpe fuerte, muy fuerte, a la política de derechos humanos en la Argentina”, aseveró.
La modalidad de contratación bajo la lupa
Pereyra Pigerl explicó que la contratación de empleados a través de A.C.A.R.A. se realizó bajo el marco de dos leyes nacionales que habilitaban esta modalidad, además de un convenio con el Ministerio de Justicia. “Los recibos de sueldo de los trabajadores mencionaban tanto al Ministerio de Justicia como a A.C.A.R.A., lo que dejaba clara la legitimidad de la relación laboral”, indicó.
El diputado también criticó la calificación de «irregular» que algunos actores han dado a estas contrataciones. “Si se considera que hubo irregularidades, deberían haberse denunciado a los responsables ante la Justicia. No se puede calificar como ilegal algo que estaba amparado por dos leyes nacionales”, argumentó.
Uno de los puntos más preocupantes, según Pereyra Pigerl, es la desvinculación de los trabajadores sin indemnización. “Esta decisión impacta directamente en la vida de las personas afectadas, especialmente aquellas que llevan décadas trabajando para el Estado bajo esta modalidad de contratación”, afirmó. Además, destacó la falta de claridad en la comunicación oficial sobre los motivos de la desvinculación.
“Siempre abogamos por la incorporación de más abogados para continuar con la tarea de memoria, verdad y justicia en la provincia”, afirmó y agregó “Es fundamental cuidar a las personas que trabajaron para fortalecer la democracia y la justicia. No se las puede descartar de un día para otro”.
El legislador concluyó haciendo un llamado de atención sobre el rumbo de la política de derechos humanos en la Argentina. “Esta decisión no solo afecta a los trabajadores, sino que también golpea la memoria y la justicia que hemos construido con mucho esfuerzo durante años. Las organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ya se han pronunciado al respecto”, enfatizó.
