El Gobierno Nacional realizó una nueva modificación del presupuesto para el presente ejercicio, centrando sus ajustes en la asignación de recursos para el pago de deuda pública, sentencias previsionales y la readecuación de los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta modificación, publicada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1104/2024 en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento continuo del Estado Nacional y atender diversas prioridades financieras.
Según la normativa, la modificación presupuestaria busca asegurar la cobertura de diversas necesidades del Estado, como los gastos salariales, el funcionamiento de diferentes organismos, y el cumplimiento de los compromisos vinculados a subsidios, becas y transferencias. Además, se contempla un refuerzo específico para atender los pagos vinculados a las obligaciones de deuda pública y las sentencias judiciales previsionales, que se encuentran en una etapa de atención urgente.
En cuanto a la deuda pública, la modificación presupuestaria establece una readecuación de los créditos de la Jurisdicción 90, correspondiente a los Servicios de Deuda Pública, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los servicios financieros relacionados con la deuda en el presente ejercicio fiscal. Asimismo, el Ejecutivo decidió ampliar el límite máximo de colocación de bonos de consolidación para afrontar los pagos de las obligaciones más inmediatas.
El gobierno también destacó que se está trabajando en la determinación de los instrumentos financieros que se utilizarán para cubrir los intereses y amortizaciones de la deuda durante el ejercicio fiscal 2025.
Otro de los focos de la modificación presupuestaria es el refuerzo de los recursos para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Esta partida tiene como fin garantizar el pago de jubilaciones, retiros y pensiones de los beneficiarios del organismo, así como la cancelación de sentencias judiciales relacionadas con la previsión social.
De forma similar, se aumentaron los recursos para el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares, con el objetivo de hacer frente al pago de sentencias judiciales y atender el impacto de los aumentos salariales otorgados a las Fuerzas Armadas en las pensiones de los beneficiarios.
En paralelo, se readecuaron los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con un ajuste que asciende a 88.485 millones de pesos. Esta modificación responde al rechazo por parte del Congreso Nacional del Decreto Nº 656/2024, que originalmente buscaba aumentar los recursos del organismo. Así, el Ejecutivo se ve obligado a ajustar el presupuesto de la SIDE, reduciendo los créditos que habían sido incrementados en julio de 2024.
Otras áreas que también vieron cambios en su presupuesto incluyen la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que realizó una compensación de créditos para cumplir con los aportes al Tesoro Nacional. Además, la Administración de Parques Nacionales experimentó una reducción de recursos debido al cierre de un programa de desarrollo turístico.
Por otro lado, se incrementaron los fondos destinados a la ANSES para el pago de servicios no personales y asignaciones familiares, aunque se redujo el presupuesto de prestaciones previsionales debido a ajustes anteriores. También se consideró necesario un ajuste para la Prefectura Naval Argentina, que destinará fondos para el servicio de deuda y la adquisición de nuevos buques guardacostas.
Con esta modificación del presupuesto, el Gobierno Nacional busca garantizar la continuidad del funcionamiento de las instituciones estatales, asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros, y hacer frente a las obligaciones judiciales en materia previsional. Este ajuste refleja la urgencia del Ejecutivo por adaptar los recursos a las necesidades del presente ejercicio fiscal, con un énfasis particular en los pagos vinculados a la deuda pública y a las sentencias previsionales.
Este movimiento es clave para mantener la estabilidad financiera del país en un momento de desafíos económicos, y responde a la necesidad de priorizar ciertas áreas mientras se readecuan otras, conforme a las decisiones políticas y legislativas.
(Fuente: Noticias Argentinas)
