A partir del próximo 1° de enero, las grandes empresas estarán obligadas a detallar el IVA en todas sus facturas, como parte de un nuevo régimen de transparencia fiscal. Esta normativa, que inicialmente aplica solo para grandes contribuyentes, se extenderá al resto de los usuarios a partir del 1° de abril, fecha en la que será obligatoria para todos.
El anuncio fue realizado por la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), que reglamentó esta medida en línea con la ley sancionada recientemente por el Congreso Nacional y reglamentada por el Poder Ejecutivo. Este cambio busca brindar mayor claridad sobre el impacto de los impuestos en las transacciones comerciales y permitirá a los consumidores tomar decisiones más informadas.
En esta primera fase, las grandes empresas deberán incluir en sus facturas una línea específica que discrimine el monto correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) y otros tributos indirectos. A partir de abril, esta disposición se extenderá a todos los contribuyentes.
Los usuarios que ya utilizan sistemas de facturación electrónica provistos por ARCA no deberán realizar ajustes manuales, ya que el desglose del IVA se incorporará automáticamente en los comprobantes emitidos desde enero de 2025.
El principal objetivo de esta normativa es fomentar una mayor conciencia fiscal entre los ciudadanos. Según explicó Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, impulsora de la medida, el ocultamiento histórico de los impuestos ha contribuido a una falta de exigencia ciudadana sobre el gasto público y los tributos.
“Por décadas, la imposibilidad de ver claramente los impuestos en las facturas permitió que los políticos manejaran tributos y gastos sin rendir cuentas a los ciudadanos. Ahora, al hacer visible el impacto fiscal, los consumidores podrán exigir impuestos razonables y servicios acordes”, afirmó Olivero Vila.
Olivero Vila destacó que esta medida representa una oportunidad única para transformar la relación de la ciudadanía con la fiscalidad. “Conocer los tributos que pagamos nos empodera para exigir transparencia y reformas profundas. Este cambio no debe depender de un signo político, sino convertirse en una práctica de Estado”.
La iniciativa también busca instalar una cultura de mayor participación ciudadana en temas fiscales, promoviendo un vínculo más responsable y consciente entre los ciudadanos, los políticos y el Estado.
Con esta normativa, el Gobierno apunta a consolidar un nuevo paradigma en la relación entre el contribuyente y el sistema fiscal, facilitando la transparencia y fortaleciendo la democracia desde lo económico.
(Fuente; Noticias Argentinas)
