El Poder Ejecutivo nacional, presentó en la Cámara de Diputados una “Reforma para el Fortalecimiento Electoral” que tiene como punto central: la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Las PASO fueron introducidas en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner mediante la Ley 26.571 de democratización de la Representación Política. Implementadas por primera vez en 2011, su principal objetivo era ordenar la oferta electoral y evitar la fragmentación de candidaturas. Este mecanismo permitió a los ciudadanos participar en la elección de candidatos para presidente, vicepresidente, legisladores nacionales y otros cargos, independientemente de su afiliación.
Sin embargo, con el tiempo, las PASO alargaron significativamente el calendario electoral. Este proceso, que incluye campañas informales desde principios de año y elecciones primarias tres meses antes de las generales, ha contribuido a una sensación de “campaña permanente” que, según el Gobierno, afecta las funciones de los funcionarios electos.
Uno de los objetivos de la reforma consiste justamente en acortar el calendario electoral, evitando trasladarle a la ciudadanía la carga de tener que acudir a las urnas dos veces en el año o hasta tres cuando hay segunda vuelta.
El segundo propósito está vinculado a lo económico y responde a la necesidad de cuidar recursos públicos, ya que todo operativo electoral supone costos importantes, tanto en términos de logística de votación y transmisión de datos, correo, fiscalización, capacitaciones y seguridad.
En este sentido, según la óptica del Gobierno, las PASO se comportaron en los últimos años como una “gran encuesta nacional” ya que no fueron demasiadas las agrupaciones políticas que resolvieron sus internas por esa vía.
En el 2023, el costo estimado de las PASO fue de 45.445 millones de pesos, un monto que no es abrumador pero tampoco insignificante.
Por otra parte, tiene un lugar una concepción filosófica contraria a la intromisión del Estado en la vida interna de los partidos políticos y en su autonomía para la toma de decisiones sobre candidaturas.
Resumen de los puntos clave de la reforma electoral
1. Reducción de tiempos de campaña: Inicio 60 días antes de los comicios y finalización 48 horas antes de la votación y la prohibición de anuncios gubernamentales masivos 25 días previos a la elección para evitar proselitismo.
2- Cambios en publicidad: Eliminación de los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales. En este sentido, se suma la restricción de la publicidad electoral al período oficial de campaña, incluida la vía pública.
3. Financiamiento estatal reducido: Eliminación de aportes extraordinarios del Gobierno, manteniéndose únicamente el Fondo Partidario Permanente. Esto significa, que los aportes serán restringidos a partidos que obtengan más del 1% de los votos. Distribución de fondos: 20% equitativo y 80% proporcional a los resultados previos.
4. Aportes privados sin límites: Se elimina el tope de montos y número de aportantes, promoviendo transparencia mediante registros públicos. Además, se establecerán restricciones para extranjeros, empresas vinculadas al Estado, juegos de azar, y otros actores específicos.
5. Regulación financiera: Los partidos deben registrar aportes en una plataforma pública con declaraciones juradas y serán supervisados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y obligación de operar con cuentas bancarias. Solo partidos con al menos el 4% del padrón del distrito pueden recibir aportes privados.
(Fuente: Noticias Argentinas)
