El Gobierno argentino anunció que avanzará con la privatización de Aerolíneas Argentinas en el año 2025. Aunque inicialmente buscaba incluir la medida en las sesiones extraordinarias, la falta de apoyo suficiente en el Congreso y la necesidad de priorizar otros proyectos, como la reforma política o cambios en la Corte, llevaron a aplazar la discusión.
La administración nacional enfrenta desafíos para garantizar que esta iniciativa no fracase nuevamente, como ocurrió a comienzos del año. En esa ocasión, la propuesta fue retirada del proyecto de Ley de Bases para facilitar la aprobación de otras medidas prioritarias.
En cuanto a los gremios, el conflicto que se desató tras la suspensión de vuelos quedó calmado con un acuerdo entre la conducción de Aerolíneas y los sindicatos. El Gobierno considera que ahora hay un consenso mayoritario sobre la conveniencia de privatizar la empresa, aunque aún persisten resistencias en algunos sectores.
Mientras tanto, se trabaja en optimizar la “presentación” de la aerolínea para atraer posibles compradores. Aunque todavía no hay ofertas concretas, ya hay interés de varias compañías. Entre las reformas valoradas por potenciales inversores destacan las modificaciones en los convenios laborales, que mejoraron las condiciones para una futura venta.
Paralelamente, Aerolíneas Argentinas continúa ajustando su estructura operativa. En los últimos meses, cerró sucursales que generaban gastos innecesarios y redujo su plantilla de personal, pasando de 11.950 empleados a 10.400. Aunque se considera que la dotación actual es adecuada, el plan contempla continuar con retiros y jubilaciones, aunque de forma más gradual.
Pese a las dificultades, el objetivo de privatizar Aerolíneas Argentinas sigue siendo innegociable para el Gobierno. La empresa, que opera con una rentabilidad inferior al promedio del sector (alrededor del 5%), está siendo preparada para salir de la órbita estatal, un proyecto que es una prioridad desde el inicio de la actual gestión.
(Fuente: El cronista)
