El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el ejecutivo nacional “dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas,» declaró en sus redes sociales.
El portavoz del presidente Javier Milei subrayó que “la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Estas declaraciones plantean un cambio significativo en las políticas públicas vinculadas al acceso al empleo estatal.
Aunque Adorni no especificó cuáles son las normativas que el Ejecutivo busca revisar, actualmente existen diversos cupos laborales en el ámbito público. Uno de ellos es el que garantiza un mínimo del 1% de los cargos a personas travestis, transexuales y transgénero, así como la Ley 24.012, que establece un cupo femenino del 30% para las listas electorales.
También se encuentran vigentes las normas de paridad de género que regulan la representación política en el Congreso Nacional, obligando a alternar mujeres y varones en las listas de candidatos a senadores y diputados.
Este anuncio coincide con una iniciativa del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, que implementará un examen para evaluar la renovación de los contratos de alrededor de 40.000 trabajadores estatales cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre.
El Sistema de Evaluación Pública (SEP) se encuentra disponible en la plataforma Argentina.gob.ar, y los empleados deberán rendir las pruebas a partir de diciembre. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo de estas evaluaciones es garantizar la continuidad laboral únicamente de aquellos empleados que cumplan con los criterios de desempeño establecidos.
Las declaraciones y medidas anunciadas abren el debate sobre el futuro de las políticas de inclusión laboral y la representación de sectores históricamente vulnerables en el ámbito estatal. Mientras que algunos sectores celebran la priorización de la idoneidad como principio rector, otros advierten sobre el impacto que podría tener en los derechos adquiridos por colectivos como el travesti-trans o en la participación femenina en la política y la administración pública.
(Fuente: Noticias Argentinas)
