El gobierno nacional, luego de un año marcado por la rosca, los acuerdos y las negociaciones legislativas, parece haber llegado a un impasse. La llamada «Ley de leyes» tropezó justo al borde del cierre del período ordinario de sesiones, dejando un panorama incierto.
Hace unas semanas, mencionábamos la delgada línea por la que camina la oposición al no votar un presupuesto. Este gesto, aunque simbólicamente rebelde, le otorgaría a Milei una discrecionalidad de fondos que le permitiría manejar las finanzas del Estado como si fuera su propio laboratorio de ensayo Rothbardiano. Desde el primer día, la piedra angular del gobierno para garantizar la viabilidad de este presupuesto ha sido la regla del déficit cero. Pero, al otro lado del mostrador, los gobernadores tienen sus propias demandas: coparticipación de los excedentes del Tesoro Nacional, redistribución de lo recaudado por ciertos impuestos y el pago de la histórica deuda por las cajas previsionales, un conflicto sin resolver desde la era de Néstor Kirchner.
Sin embargo, al gobierno de Milei parece importarle poco si el país tiene o no presupuesto. De hecho, la idea de gobernar con una segunda reconducción presupuestaria consecutiva no solo le resulta funcional, sino casi poética. Le daría el poder de asignar partidas a su antojo mediante decretos y, de paso, reforzaría su relato contra “la casta”, a la que podría culpar de abandonar a la nación a su suerte. Un manjar discursivo.
Para los gobernadores, la ausencia de un presupuesto es una pesadilla en múltiples dimensiones. Otorgarle discrecionalidad absoluta a Milei es una bomba de tiempo, especialmente para las provincias más pequeñas, que temen quedar relegadas frente a los distritos más grandes en la pugna por los recursos. Además, esta negociación involucra temas sensibles como las cajas previsionales, la obra pública y, no menos importante, el financiamiento de las elecciones del próximo año.
A pesar de estas preocupaciones, los gobernadores no parecen dispuestos a asumir el ajuste que exige el gobierno central. En este primer año de gestión, ninguna provincia ha reducido gastos, ajustado el sector público o reformado sus cajas previsionales. Esta resistencia choca frontalmente con la obsesión del oficialismo por el déficit cero.
Las negociaciones están en punto muerto. Espert levantó la última sesión de comisión, y desde la oficina presidencial se emitió una orden tajante: no atender llamadas de nadie. La estrategia es clara: dejar que la sesión convocada para esta semana se caiga y jugar la carta de un llamado a extraordinarias solo si los gobernadores ceden.
El tiempo, por ahora, corre a favor del gobierno. Este miércoles vence el plazo para dictaminar en Diputados, y hasta el 30 de noviembre los proyectos pueden llegar al recinto. Sin embargo, para tratar el presupuesto este jueves, la oposición necesitaría reunir dos tercios, algo difícil sin el apoyo de La Libertad Avanza. Fuera de esos plazos, solo un llamado a extraordinarias por parte de Milei podría reactivar el debate, pero eso solo ocurrirá si se garantiza el déficit cero.
En el mundo político, cada acción tiene sus consecuencias. Ya varios gobernadores han adelantado que, si esta situación se prolonga, la relación entre el gobierno y las provincias que venían votando con La Libertad Avanza en el Congreso podría romperse. Esto tendría un impacto significativo en 2025, con un oficialismo que enfrentaría aún más dificultades para sostener su débil mayoría en la Cámara Baja.
El desenlace de esta puja, como suele suceder en la política argentina, sigue siendo una incógnita. Entre estrategias mezquinas, tensiones territoriales y ambiciones desmedidas, el tablero está dispuesto para que cualquier cosa pueda pasar. ¿Un acuerdo de último momento? ¿Una ruptura definitiva entre el gobierno y las provincias? ¿Un Milei fortalecido o acorralado? Todo está en juego, y los próximos días serán clave para definir si este impasse se transforma en caos o en oportunidad.
Bryan Villalba…