En la mañana del 20 de noviembre, los efectivos activos y retirados fueron trasladados al Juzgado de Instrucción Seis en donde se les hizo conocer las pruebas que se produjeron en contra de cada uno, antes de cerrar la causa y elevarla a juicio. Ramón Grinhauz, abogado de Ramón Amarilla indicó “No hay ningún motivo jurídico para la prisión preventiva, hay una decisión desmesurada de parte del juez de instrucción”. “No están dadas las condiciones como para denegarle la libertad”.
Este traslado y nueva comparecencia ante el magistrado Ricardo Balor y el fiscal René Casals se debe a una ampliación de indagatoria a los ocho acusados en donde se les hizo conocer de todas las pruebas en su contra, para poder estar en condiciones de cerrar la etapa de instrucción y elevar la causa a juicio por “intento de sedición y conspiración”.
Sin dudas que el hombre con mayor espalda dentro de los imputados es Ramón Amarilla, quien fuera el vocero y delegado de la Mesa de Diálogo. Un grupo de familiares, amigos y camaradas llegó para apoyarlo y clamar por su libertad.
Amarilla lleva 63 días encerrado y la causa lo tiene apuntado como el cabecilla de supuestos actos de sedición durante el pasado mes de septiembre.
Recordemos que el pase de factura se debe a que Ramón Amarilla protagonizó, junto a policías y penitenciarios, un largo acampe por sueldos dignos, protesta que tomó ribetes nacionales y en donde se sumaron manifestaciones de personal de salud y docentes que le hicieron perder totalmente la brújula a Rovira, el gobernador y toda la Renovación.
Ramón Grinhauz, abogado de algunos de los policías detenidos, entre ellos Amarilla, se pronunció sobre la situación legal de sus clientes. según manifestó, la causa se originó a partir de una denuncia de un oficial de apellido Morel, lo que llevó al secuestro de un teléfono que reveló un grupo de WhatsApp implicado en la investigación.
El abogado destacó que, el único impedimento para la liberación de sus clientes sería el riesgo de entorpecer la investigación o una posible fuga y en ese sentido dijo que “No hay ningún motivo jurídico para la prisión preventiva, hay una decisión desmesurada de parte del juez de instrucción”. “No están dadas las condiciones como para denegarle la libertad”.
Para finalizar el doctor aclaró que: “ No hay plazo para, ni fecha en la que podamos garantizar la libertad de los detenidos, pero estamos trabajando en el expediente para presentar todas las medidas necesarias para que esto se termine”.
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