Así lo manifestó Adrián Benítez, abogado de la maestra del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), quien el día viernes, mediante una carta documento, recibió la comunicación de la suspensión sin goce de haberes de Alejandra B., una de sus docentes que actualmente está de licencia médica debido a una condición oncológica.
En diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, Benítez señaló que la medida fue recibida como un duro golpe tanto para la docente como para el equipo legal, quienes aseguraron que la suspensión “es infundada, sin sustento jurídico y una clara violación de sus derechos constitucionales”.
“Nosotros vamos a presentar un amparo porque se están violando todas las garantías constitucionales de la docente”, explicó Benítez, quien además apunó que la docente fue suspendida “sin sumario previo” y en un momento en el que se encuentra atravesando una delicada recuperación de salud.
Licencia médica y derechos vulnerados
La docente se encuentra de licencia médica desde hace meses y, conforme al Estatuto Docente, no debería ser sancionada mientras dure dicha licencia. “La suspensión sin goce de haberes no puede darse durante el curso de una licencia médica. Tendrían que haber esperado a que finalice la licencia”, subrayó Benítez. En tanto, destacó la gravedad de la situación, especialmente porque la docente está en tratamiento por una enfermedad oncológica y esto le impide laborar.
La suspensión, según Benítez, implica un corte abrupto del sustento económico de Alejandra, lo cual es ilegal y desproporcionado. “La priva de su derecho constitucional a percibir su remuneración”, añadió el abogado.
Respecto a la implicancia de la docente en el caso de Juanita Sirimarco, que la tuvo como acompañante en el trágico viaje, el abogado señaló que, en lugar de investigar los hechos de manera adecuada, el ICRA parece intentar desviar la responsabilidad hacia la docente. “La institución, como Poncio Pilato, se quiere lavar las manos”, apuntó Benítez.
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Discriminación médica y religiosa
Por otra parte, según Benítez, existen indicios de que esta sanción es resultado de discriminación tanto por razones de salud como religiosas. “Nosotros manejamos dos teorías: una, que hay discriminación por sus licencias médicas y su estado de salud, y la otra, una discriminación religiosa”, detalló el abogado, quien recordó que la docente es católica practicante en una institución cristiana evangélica.
La propia maestra mencionó que en varias ocasiones fue cuestionada por sus creencias religiosas y que incluso se le pidió que participara de actividades de fe distintas a las suyas. “Esta situación infundada y desproporcionada realmente no tiene un asidero jurídico ni un respaldo fáctico”, señaló el abogado, quien ya inició acciones para que se investigue la discriminación y se presentará un amparo para restituir el sueldo de la docente.
Por último, y pese a las dificultades, el abogado reveló que la educadora no fue convocada como testigo ni como sospechosa en la investigación de la muerte de Juanita. “Hasta el día de hoy no hay ninguna notificación formal a Alejandra, ni como imputada ni como testigo”, señaló Benítez, y agregó que la defensa ofreció el celular completo de la docente con todas las conversaciones relevantes para esclarecer cualquier duda sobre su rol en el viaje.
