Tras la judicialización de la causa contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes del sector que jugaron un papel clave en las protestas del mes de mayo en la provincia, nuevamente salió a la luz algo que no es una novedad.
En este sentido, Ramona Romero, militante de Tribuna Docente en Iguazú, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y recordó cómo en 2008 la protesta docente y la movilización de padres en reclamo por mejores condiciones en la Escuela Belén derivaron en una causa judicial que la tuvo a ella, entonces directora, y a varios padres como imputados.
“Esta es una escalada del gobierno. Pretenden amedrentar a la población trabajadora y desarmar esa lucha que cuesta muchísimo organizar”, afirmó Romero, para quien esta causa y las actuales judicializaciones son “un ataque político, no solo judicial”.
La causa iniciada en su momento fue elevada a juicio, aunque nunca llegó a concretarse, en gran parte por la fragilidad del caso. Romero rememoró cómo el expediente estaba plagado de irregularidades, comenzando por la identidad del denunciante, a quien calificó como “poco creíble”. “Para nosotros era desconocido totalmente. No sé si el nombre tenía que ver con una persona con identidad propia o era una cuestión de fantasía. Recuerdo que se llamaba algo como Felipe Hermoso, era jocoso, ¿no? Para nosotros eso”, señaló Romero.
La causa de 2008 se centraba en los reclamos por la falta de inversión educativa, la necesidad de nombramientos de personal de mantenimiento y la mejora de la infraestructura escolar, temas que, según Romero, no cambiaron mucho. “La desinversión educativa viene desde hace muchas décadas y se profundiza cada vez que hay un ajuste hacia los trabajadores”, explicó. Romero también denunció la creciente precarización en el sector educativo, como la implementación de la jornada extendida sin el personal adecuado ni recursos necesarios para su funcionamiento.
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En cuanto al avance de las causas judiciales contra los docentes actuales, como la de Leandro Sánchez y Mónica Gurina, Romero sostuvo que no se trata de una simple cuestión de legalidad. “Por eso digo que es político, no es solamente judicial, porque judicial tendría que avanzar en la causa y uno tiene un derecho a la defensa”, afirmó, sugiriendo que el verdadero propósito es intimidar a quienes luchan por una educación pública digna.
A pesar de la amenaza judicial, Romero insistió en la importancia de la organización entre trabajadores. “Hay que contrarrestar esto, justamente seguir, impulsar las organizaciones de todos los trabajadores, y llamar a un autoconvocatorio”, agregó, animando a los sectores sindicales y sociales a resistir y organizarse frente a lo que percibe como una represión estructural contra la protesta social.
