Matías Orrego salió a pedir la liberación de su hermano Joaquín Orrego, uno de los delegados de la mesa de diálogo policial, detenido por supuesta sedición en el marco de la causa contra 7 uniformados y un retirado que están presos desde hace un mes.
“Claramente, esto es una dictadura. Mi nombre es Matías Orrego, soy hermano de Joaquín Orrego, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal de Puerto Rico de manera injusta, quien hoy es un preso político, porque así decidió el gobierno provincial”, comenzó diciendo Matías Orrego, el hermano de Joaquín, uno de los 8 uniformados detenidos por supuesta sedición desde el 19 de septiembre, luego de rechazar una pauta salarial a la baja para los policías y penitenciarios de Misiones.
En un corto video que está circulando en las redes, Matías prosiguió con su denuncia por la persecución política que estarían sufriendo el suboficial retirado Ramón Amarilla, Orrego y los otros seis agentes detenidos, que eran delegados de la Mesa de Diálogo Policial con la que el gobierno provincial y la Jefatura de la Policía de Misiones, firmaron un acuerdo en mayo, luego de semanas de acampe y reclamo en la vía pública, de uniformados, docentes y sanitarios.
“Hoy creemos que lo tienen preso (a Matías Orrego) para que ellos (los delegados policiales) sientan un castigo y sirva como castigo para quien quiera volver a levantarse”, recalcó el joven, vinculando la detención sobre la que pesa un pedido de amparo por incumplimiento de derechos constitucionales, con un disciplinamiento de todos los uniformados y estatales de Misiones.
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En esta línea, Orrego insistió en que “contra mi hermano no tienen absolutamente nada, solamente tres mensajes que no incentivan a nada, que no tienen nada que ver con la causa que le quieren agregar”.
Respecto de los motivos de detención que se produjeron luego del secuestro del teléfono celular del ahora exagente Diego Correa, por orden de un juez y por la sola declaración de otro agente, y del análisis de un grupo de whatsapp, Orrego comentó: “es una causa armada”
Y, apuntó contra quien sería el presidente del Frente Renovador de la Concordia, a quien, sin mencionarlo, acusó de dar la orden de detener a Matías Orrego y a los otros 7 uniformados. “Claramente, es la orden de una sola persona quien es la que gobierna Misiones, porque hace lo que quiere. Y el gobierno provincial maneja la justicia, la fuerza como quiere, y hacen lo que le piden y devuelven los favores que están haciendo”, acusó.
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“Lo único que nosotros pedimos es que le liberen a los presos políticos, que liberen a mi hermano porque tienen una familia destruida, la cual está esperando su pronta liberación y que esté con nosotros”, culminó Orrego en el video, en el que aparecen sus sobrinos, es decir, los hijos menores de edad del uniformado detenido.
Cabe remarcar que los 8 policías perdieron su estatuto de uniformados, y fueron expulsados de la fuerza por un decreto del gobernador Hugo Passalacqua, que incumple con los pasos elementales de cualquier proceso administrativo: los policías, siendo empleados estatales gozan de estabilidad laboral y sólo se los puede expulsar de la fuerza por intermedio de un proceso de sumario administrativo, que cuenta con instancias que no se dieron en este caso.
Según explicó el abogado penalista Eduardo Paredes, uno de los que presentó un amparo contra el decreto 2084/24 de Passalacqua, un sumario administrativo tiene el formato de un juicio a escala, donde el funcionario estatal tiene derecho a ejercer su defensa, presentar pruebas y reclamar ante quien sería el juez de ese proceso, el propio gobernador.
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En cambio, con Orrego y los demás policías, se los exoneró de la fuerza mientras ellos estaban detenidos preventivamente, ante la acusación por sedición que aún no tiene fecha de juicio oral. Y por tanto, no están condenados por los supuestos delitos.
La semana pasada, Paredes advirtió que lo ocurrido con los policías expulsados y detenidos, en el marco del decreto 2084/24 es aún más grave en términos institucionales, porque en el anuncio de la expulsión, participaron las cabezas de los tres poderes del Estado, es decir, el gobernador, el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, y la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Pía Venchiarutti.
Es decir, la ministra del STJ, poder encargado de limitar el accionar del Ejecutivo y del Legislativo, formó parte del poder cuasi totalitario que expulsó de la fuerza a los delegados de la Mesa de Diálogo policial, el órgano que discutía salarios y condiciones de trabajo con el gobierno provincial, desde los acuartelamientos del 2012. Por entonces, a principios de ese año, los policías percibían un salario básico de $250, cuando una canasta básica total rondaba los $1.800 para una familia tipo.
