En el marco de las protestas ocurridas frente al Comando Radioeléctrico en mayo, varios policías fueron detenidos y enfrentan acusaciones que incluyen coacción agravada, confabulación y sedición. Ramón Grinhauz, abogado defensor de algunos de los policías imputados, está apelando la decisión judicial de dictar prisión preventiva, argumentando que no existen motivos jurídicos para tal medida.
En diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5, Grinhauz compartió los últimos avances del caso del caso y adelantó que “mañana tendremos una ampliación de declaración indagatoria de Germán Palavecino».
Palavecino, según Grinhauz, inicialmente se había abstenido de declarar, pero ahora está dispuesto a prestar testimonio y responder a las preguntas de la fiscalía. La ampliación de la declaración indagatoria se llevará a cabo en el Juzgado de Instrucción 6.
El abogado también explicó que se apeló a la prisión preventiva dictada contra los policías, basándose en la “falta de peligro procesal” por parte de sus defendidos. “No hay ningún motivo jurídico para el dictado de la prisión preventiva, hay una decisión desmesurada de parte del juez de instrucción de dictarla”, afirmó.
Uno de los puntos clave en la defensa es la falta de peligro de fuga de los imputados. “Uno de mis defendidos se presentó espontáneamente en la jefatura a ponerse a disposición”, destacó Grinhauz, lo que, en su opinión, descarta cualquier posibilidad de que exista riesgo de fuga. “En este caso, evidentemente, no ocurre y queda totalmente descartado”, subrayó.
Además, Grinhauz insistió en que no hay posibilidad de que sus defendidos entorpezcan la investigación, ya que uno de los policías imputados fue dado de baja de la fuerza y, por lo tanto, no tiene mando ni influencia en las tropas. “No están dadas las condiciones como para denegarle la libertad”, afirmó, haciendo hincapié en que la prisión preventiva debería ser una excepción, aplicada únicamente en casos estrictamente necesarios.
Por otra parte, y en relación a las razones que habrían llevado a mantener detenidos a sus defendidos, el abogado indicó que “no hay ningún motivo objetivo ni jurídico que amerite tal medida. La prisión preventiva es una excepción”, y añadió que “en el caso de mis clientes, los requisitos para coartar la libertad no existen”.
En tanto, Grinhauz también refutó la calificación de los delitos imputados. “En cuanto a la imputación que se le hace, obviamente la hemos discutido en el acto de la apelación”, señaló, subrayando que ninguno de los delitos imputados está demostrado. A su juicio, la calificación actual no justifica la detención de sus defendidos.
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De igual manera, el abogado explicó que, aunque todavía queda por determinar la culpabilidad o inocencia de los policías en una etapa posterior del proceso, la detención preventiva no cumple con los requisitos legales. “La calificación que se le ha impuesto no amerita la detención por no reunir los requisitos necesarios para coartar la libertad a mis clientes”, insistió.
Grinhauz también expresó su preocupación sobre el hecho de que la prisión preventiva pueda ser utilizada como una forma de “adelantamiento de pena”, algo que considera injustificado.
En cuanto a la opinión del fiscal René Casals, quien adelantó que para fin de año podría pedirse la elevación de la causa a juicio, Grinhauz fue cauto. En esta línea, sostuvo que “no todos los imputados tienen la misma responsabilidad, si la hubiere”.
Además, el abogado insistió en que la imputación debe ser concreta y no genérica. “Se tiene que decir a esa persona acusada o imputada, señor, usted en tal hora, tal día, con determinadas personas, amenazaron, coaccionaron a otras personas”, explicó, añadiendo que “la imputación tiene que ser concreta”. Grinhauz destacó que no se puede juzgar a varias personas como si todas hubieran cometido los mismos actos.
Finalmente, Grinhauz reflexionó sobre el sistema judicial y las posibles presiones externas en este tipo de casos. Aunque reconoció que “dentro de un esquema judicial hay muchos intereses”, insistió en que “la justicia debe bregar por los intereses del sujeto imputado”, garantizando que se le ofrezcan todas las garantías necesarias para ejercer su defensa.
