Tras el dictamen de prisión preventiva para los ocho policías detenidos por la investigación de sedición e incitación a cometer actos vandálicos en la provincia, el abogado defensor Hugo Zapana, quien representa a los uniformados Joaquín Orrego y Adolfo Guirula, aseguró que sus clientes no tienen ninguna relación con los hechos investigados, argumentando que las pruebas no los vinculan al chat de WhatsApp que la Justicia utiliza como base de las acusaciones.
En diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, Zapana manifestó que “ambos no tienen absolutamente nada que ver con esos chats que circularon por todos los medios de prensa. Ellos son totalmente ajenos a ese grupo de WhatsApp”. El abogado se refiere al chat conocido como «Solo Cola», donde, supuestamente, los policías planeaban actos de sedición, como apoderarse de patrulleros y autobombas, además de organizar incendios.
Según el abogado, sus defendidos fueron incluidos en la causa por estar en un chat relacionado con la protesta policial de mayo, donde se organizaban reuniones con funcionarios del Ejecutivo.
Sin embargo, considera que los han involucrado erróneamente en la nueva investigación que lleva el juez Verón. “Generalizar de esa manera, tratar de hegemonizar una acusación, no es así porque cada uno es responsable por los actos que comete, pero si no cometió actos, no es responsable de nada”, afirmó Zapana.
La decisión del juez de dictar prisión preventiva no sorprendió a Zapana, quien aseguró que no hubo un cambio sustancial en la postura del magistrado desde que se les negó la excarcelación a los policías. “Es una copiada y pegada. No hay un solo, o sea, no dice ‘Joaquín Orrego, defendido por el doctor Zapana, está acusado de tal cosa’. No. Están los ocho en la misma bolsa”.
El abogado también destacó que las pericias realizadas en los teléfonos de los acusados ya están disponibles y, según él, confirman la inocencia de Orrego y Guirula: “Se incorporó una pericia de 100 fojas, nos tomamos el trabajo de leer foja por foja, diálogo por diálogo, mensaje por mensaje, y Orrego y Guirula no están en ese chat”.
Ante esta situación, Zapana planea apelar la decisión de prisión preventiva, pero reconoce que el proceso será lento: “El único camino que tengo yo es articular un recurso de apelación que va a demorar dos o tres meses en resolverse”.
Leé más: Dictaron prisión preventiva a los policías detenidos | “Es una clara persecución política”, afirmó Matías Orrego
Además, cuestionó la imparcialidad de la justicia provincial, sugiriendo que la causa debería ser tratada por la Justicia Federal, dado que la intervención de jueces y fiscales locales podría estar influenciada por el poder político. “Yo creo que tendría que intervenir la justicia federal”, afirmó, aunque no quiso adelantar detalles sobre las estrategias procesales a seguir, por miedo a una vigilancia por parte de la provincia. “Nos leen y nos escuchan”, sentenció.
En este sentido, el abogado mencionó la posibilidad de que los dispositivos de los detenidos hayan sido manipulados. Según Zapana, en la actualidad “se extraen datos y se insertan datos en los teléfonos, en las computadoras, en los correos electrónicos, que habría que ver si son verídicos”. Incluso sugirió que se podría haber intervenido el teléfono de los acusados de manera remota, utilizando inteligencia artificial para manipular la información contenida. “Si se quiere, con inteligencia artificial, introducir datos también”, declaró.
Además, expresó su preocupación por el uso de software especializado en espionaje, refiriéndose a la tecnología utilizada para extraer información de los dispositivos móviles de los acusados. “Acá están utilizando un sistema, un software israelí que se llama Celebrite”, dijo Zapana, y agregó: “La justicia dice ‘no podemos decirle cómo funciona porque tenemos un pacto de confidencialidad con el fabricante del software’”, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia y veracidad de las pruebas obtenidas a través de estos métodos tecnológicos.
Por último, Zapana fue contundente al criticar la respuesta gubernamental, sugiriendo que detrás de las detenciones hay un intento de “disciplinamiento” hacia aquellos que reclaman por mejoras salariales. “No sabemos cómo, pero que están en todos lados están”, completó.