“La provincia vendió certificaciones de los bonos (verdes) de 1,6 millones de hectáreas sin la autorización de sus titulares”, confió el diputado provincial Miguel Núñez, uno de los organizaciones de un encuentro con un experto de una certificadora de bonos que trabaja con la sociedad rural y va a asesorar a propietarios que fueron incluidos en un negocio multimillonario para el gobierno provincial, que se quedará con, al menos, 38 millones de dólares.
Este viernes, desde las 16 en el club de empleados de la Cooperativa Yerbatera Indumar en la localidad de Dos de Mayo, disertará el especialista en certificaciones de bonos de carbono, Andrés Costamagna, quien va a asesorar a propietarios de tierra que fueron ilegalmente incluidos en un negocio del gobierno provincial con una petrolera, que pagaría 55 millones de dólares por los bonos certificados de 1,6 millones de hectáreas que producen absorben carbono y producen oxígeno en Misiones.
Según confió al portal www.radioup.com.ar, el diputado provincial Miguel Núñez (PRO), uno de los organizadores de la reunión informativa sobre la certificación de los bonos de carbono, los tenedores de tierra y productores misioneros fueron incluidos sin su consentimiento en el negocio del gobierno renovador con una petrolera, por el que recibirán entre un 20% y 30% de lo que pague la petrolera, una vez que se presenten las certificaciones de los bonos verdes.
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En diálogo con este medio, Núñez explicó: “la provincia vendió (certificaciones de bonos de carbono por) 1.600.000 hectáreas sin la autorización de sus titulares. Le vendió a una petrolera. Ahora, la petrolera para desembolsar todo el pago que estaría en torno a los 55 millones de dólares, le piden papeles que hayan hecho en las audiencias, que han informado a la población en general de lo que estaban haciendo. Y salió a la luz que nunca se hizo nada”, denunció el diputado nacional.
“Estoy proponiendo otra certificadora que es de Buenos Aires, de la Sociedad Rural Argentina, que tiene otros números que son muy superiores a esto”, confió Núñez, uno de los organizadores de la charla que dará Costagmana este viernes.
De acuerdo con Núñez, organizan esta reunión informativa sobre la certificación de los bonos de carbono “para informarle a los productores de que tienen otra opción, que pueden certificar (bonos de carbono) con otra empresa y que va a ser mucho más beneficioso para ellos”, confió el diputado.
Es que el porcentaje que la provincia les quiere dar la provincia a los productores estas certificaciones del bono de carbono, es de entre un 20% y 30%, quedándose el estado provincial, con entre el 70% y 80% de estos bonos, que ascenderían a los 55 millones de dólares. “Ellos (por la provincia) disponen de la gran cantidad de dinero, y con esta (otra empresa de Buenos Aires) es totalmente al revés, es el 80% para el productor, para el tenedor del certificado y el 20% para la provincia”, detalló el legislador.
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“El productor tiene que salir del convenio que firmó la provincia y hacerlo con las diferentes certificadoras que se puedan poner en contacto con ellos”, comentó Núñez, confirmando Costamagna trabaja para la Sociedad Rural.
Consultado al respecto, Núñez aseguró que no habría inconvenientes legales para que los propietarios de tierras y productores involucrados en este acuerdo de la provincia con una petrolera, se salgan del acuerdo para el cual no habrían dado consentimiento. “Lo que pasa es que (el gobierno) le quiere hacer firmar a todos los tenedores (de los certificados de los bonos de carbono), porque les incluyeron con dos decretos. Y después los ratificaron (en el acuerdo) con una ley de la Cámara de Diputados”, subrayó Núñez.
El diputado del PRO aseguró que va a “intervenir, para que quede sin efecto” ese acuerdo, que “es inconstitucional” porque el Artículo 19 garantiza que “la propiedad privada es el titular” de la misma. “Pero ellos (el gobierno renovador) se tomaron como los guardianes de los bosques de la provincia”, ironizó Núñez sobre el negocio que involucra certificaciones por bonos de carbono por 1.600.000 hectáreas. La petrolera involucrada en el negocio, sería la empresa Mercurio.
