Este lunes, familias de la comunidad mbya Mbokajaty, protestaron pacíficamente bloqueando el ingreso al Parque Provincial Teyú Cuaré, en San Ignacio, exigiendo respuestas a las autoridades municipales y provinciales tras el regreso de una familia en situación de vulnerabilidad que está usurpando territorios ancestrales, presuntamente instigados por empresarios que profesan discursos racistas, con la sospechosa anuencia de las mismas autoridades locales, de la policía y de la Dirección de Asuntos Guaraníes.
El planteo lo realizó Kiki Ramírez, referente del Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen, quien remarcó que la Dirección de Asuntos Guaraníes no está encabezando el reclamo contra una usurpación de tierras en el Teyu Cuaré (San Ignacio) que estaría siendo instigada por un empresario, con apoyo de la policía.
La referente advirtió que está en juego la supervivencia misma de la cultura mbya, si prosiguen las usurpaciones de tierras de tenencia colectiva de comunidades censadas en el marco de la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena. Además, apuntó contra la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre: “es lo más ausente que puede haber”
En diálogo con el portal www.radioup.com.ar, la referente del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Kiki Ramírez, advirtió sobre el incumplimiento pleno de la ley nacional 26.160 de emergencia territorial indígena en una zona habitada por una comunidad ya censada en el marco de la norma, por el ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio del Agro, junto con el gobierno nacional. Y llamó la atención sobre un agravamiento de discursos de odio contra los mbya y hasta sobre un cambio en la modalidad de las usurpaciones contra indígenas, en las que pasarían a jugar un rol, familias no indígenas, en estado de vulnerabilidad social.
La familia en cuestión, una abuela y sus tres nietas, ya se había instalado en territorios de la aldea Mobokajaty en julio y ahora regresaron, pero con apoyo de la policía y de personas que construyeron una precaria vivienda de madera, con la complicidad de las fuerzas del orden, según se desprende de las revelaciones que formuló Ramírez, una amplia conocedora del conflicto por tierras. “Usurpó la misma familia, solo que la diferencia de esta vez es que han llegado con camioneta, con toda su mudanza. Hay como una operación detrás de todo esto”, advirtió Ramírez, llamando la atención sobre los videos que estaría subiendo Roberto Bonetti, con alto contenido racista o etnófobo.
“Hay personas de afuera que han comprado lugares aquí y que han hecho reservas privadas y demás, que están creando como un ambiente muy hostil contra los mbya, acusándolos de los que son que son violentos, que son usurpadores, que amenazan. Llama la atención que con esta usurpación aparece él (Bonetti) que no vive acá, pero se ve que vino, y aparece él grabando nuevos videos, tomando este caso otra vez, donde dice que las comunidades los han amenazado de muerte a las personas que han llegado a vivir, que son ‘cuidadores’, que los han traído como cuidadores del lugar”, detalló Ramírez, describiendo el trasfondo en el que se da esta nueva usurpación contra la comunidad Mbokajatí.
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Para la referente del EMIPA, “en esta vez hay como otro trasfondo, que no está muy claro igual. Da sospecha, te crea muchas dudas esta usurpación. Como que no es un problema habitacional, simplemente de una mujer pobre con tres nietas que no tiene dónde vivir, sino que esta usurpación como que estuviera armada aparentemente”, insistió Ramírez.
En cuanto a si la aldea Mbokajatí está censada en el marco de la Ley 26.160, Ramírez recalcó que efectivamente, la familia usurpadora “está dentro del territorio relevado de la comunidad. Incluso estas reservas privadas y estos actores que están apareciendo han comprado, en 2019, tierras que están adentro del relevamiento territorial.”
Ante la evidente ilegalidad de la compra o usurpación de territorio ancestral indígena, Ramírez recordó que estas tierras son “una demarcación territorial de uso público actual y tradicional de una comunidad. Eso dice la resolución. Cuando se termina de aplicar la ley 26.160, acaba con una carpeta técnica, una resolución con diversos mapas que acreditan todo lo que es el uso tradicional de la comunidad”, describió la referente del EMIPA.
“Entonces, estas personas (los usurpadores y los empresarios) lo que dicen es que ellos no son originarios, que son paraguayos, que son violentos, como que son malandras (Bonetti) usa así muchos términos bastante despectivos hacia los guaraníes. Ahora está dando vueltas, pasa a cada rato con su camioneta y está haciendo una serie de videos desde aquí estos mismos días, y los pone en las redes sociales”, denunció Ramírez, apuntando contra el supuesto propietario de la reserva privada se llama “Monte Adentro”.
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Asimismo, Ramírez apuntó a que el accionar de la policía favoreció la instalación de la casilla de la familia “cuidadora”. “Cuando las comunidades vieron la mudanza, porque pasaron por frente de su comunidad, cuando fueron a ver, ya estaban todos sus pertrechos, y habían bajado a la orilla del camino. Entonces los policías, que no se sabe tampoco quién los llamó, les dicen que tienen que hacer la denuncia, que se vayan a sus comunidades, que vuelvan y que un juez va a resolver”, contó la referente de la pastoral.
Cuando los mbya volvieron al lugar, horas más tarde, “ya estaban trabajando cuatro obreros que no sabemos quién les puso para levantar la casita a la señora que no tiene recursos. O sea, cómo hizo la mudanza, o sea, cómo tiene de pronto cuatro empleados que levantan la casa”, detalló Ramírez, sobre el contexto en el que se dio el corte de los mbya al ingreso al Teyú Cuaré.
“Entonces, ellos (la comunidad mbya) cortan, hacen un comunicado, avisan de esto a los medios. Pero como no había respuesta, cortan el camino al Teyú Cuaré ayer. Lo cortaron y apareció, el intendente (de San Ignacio, el renovador Esteban Romero), apareció el jefe de la regional de policía, aparecen hoy como 35 policías, vino el director de Asuntos Guaraníes (Francisco Rodríguez), vino el encargado de Acción Social de la municipalidad, y les dicen que iban a hablar con el juez y que iban a traer una respuesta”, confió Ramírez sobre el rol de las autoridades locales, la policía, e inexplicablemente, el titular de Asuntos Guaraníes, el organismo encargado del censo y del cumplimiento de la ley 26.160.
Según Ramírez, el titular de Asuntos Guaraníes “tendría que estar acá, al lado de la gente, demostrando realmente la posición del Estado, porque ese relevamiento lo hizo la Nación, en articulación con la provincia de Misiones. En un primer momento lo hicieron con el Ministerio de Derechos Humanos, después con el Ministerio del Agro y la Producción. O sea, la provincia está comprometida con este relevamiento. La provincia, a través de asuntos guaraníes, debería estar defendiendo esa acción política de la provincia en cumplimiento de una ley”, puntualizó la referente.
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Dejando en claro que la comunidad aceptó el pedido del funcionario de Asuntos Guaraníes, de levantar el corte a la espera de la decisión del juez respecto de la usurpación, Ramírez no dudó en aclarar que los mbya volverán a cortar el camino. “No se está defendiendo la aplicación de esa ley. Aparte que las comunidades no tienen por qué hacerse responsable de un problema habitacional, en este caso”, subrayó Ramírez, sobre el posible enfrentamiento de “pobres contra pobres” avalado por las autoridades locales y provinciales.
“La municipalidad también debería hacerse cargo de las familias humildes, de ver cómo los ubica, les da un lugar digno para vivir, y no resolver el problema metiéndoles en el territorio de la comunidad”, reflexionó.
No obstante, en una mirada mucho más oscura, Ramírez sospecha de “un operativo detrás de personas donde la ocupación indígena les molesta, quieren adueñarse a los territorios indígenas y, desacreditan el actuar de los mbya, que son sumamente pasivos, no son agresivos”.
“Si fueran personas pobres que no tienen que vivir y se ubican acá, y si el intendente tiene buena voluntad, resuelve ese problema de las comunidades, resuelve los dos problemas. No dejar enfrentado a los dos grupos (los mbya y la familia sin techo) El tema es que hay mucho ruido atrás. Este hombre Roberto Bonetti, está sacando una serie de videos, defendiendo esta usurpación”, manifestó Ramírez, apuntando a que el empresario parece “estar aprovechando” el cambio de época respecto de los derechos colectivos.
“Incluso en un video dice, estamos en un tiempo propicio, donde esto hoy se defiende la propiedad privada, como que esto (la propiedad indígena) se va a acabar. Se va a acabar porque como que hay políticas propicias que defienden la propiedad privada”, comentó la referente, señalando que con la nueva ley antipiquetes, “a las comunidades pacíficamente cortaron este camino, los pueden tildar de terroristas y pueden ser reprimidos”.
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Por otra parte, ante la consulta de este medio, Ramírez dejó en claro que no posible la continuidad y supervivencia de una cultura sin territorios. “Estamos ante la extinción cultural, si persisten estas políticas, si se afianzan este tipo de política como la que estamos viviendo en este momento”, alertó.
“Creo que se pone en riesgo la continuidad cultural de un pueblo, porque sin territorio y viendo que hay muchísimas comunidades en esta situación de mucha vulnerabilidad frente al lugar que ocupan, tradicionalmente incluso. Porque en el territorio está todo. Toda su identidad está fundamentada en el territorio, nutrida por el territorio. Entonces, creo que las fragilidades que se observa en muchos momentos de esta cultura, se debe al desmonte y al achicamiento de sus territorios. Entonces, es crucial que defendamos los territorios indígenas”, insistió Ramírez, vinculando los desastres ambientales como las quemas masivas en el Amazonas con la falta de protección del ambiente, como la que llevan adelante los mbya.
Ramírez dijo que las leyes provinciales y nacionales respaldan los derechos de los mbya y el gobierno provincial debería hacerlas cumplir. “Entonces, nosotros como que necesitamos ver esa firmeza, ese posicionamiento, de la Dirección de Asuntos Guaraníes, frente a esto. Estamos esperando. Yo estoy viendo que es la primera oportunidad que tienen de jugarse por el nombre que lleva esta institución”, subrayó.
Por último, Ramírez apuntó contra la ministra de derechos humanos, Karina Aguirre, de quien depende la Dirección de Asuntos Guaraníes. “Esa es la ministra más ausente que puede haber. Nunca la he visto en ningún conflicto. No sé para qué está ese ministerio, la verdad”, concluyó.
