La presidenta de la Asociación de Familiares de Policías y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95 en defensa de los agentes y denunció lo que considera “una estrategia del gobierno para desmantelar la mesa de diálogo establecida con las fuerzas de seguridad”.
En este sentido, Aranda expresó su inquietud y acusó al gobierno de actuar con fines intimidatorios, asegurando que las decisiones tomadas en torno a Amarilla y el resto de agentes son parte de un plan para “causar miedo”.
“Fue una situación muy desagradable que vivimos todos, por el hecho de cómo lo llevaron y dónde lo llevaron”, comentó la presidenta de la Asociación. Según Aranda, el suboficial retirado fue trasladado de manera sorpresiva y sin previo aviso a una comisaría y, más tarde, a la cárcel de Cerro Azul, ubicada lejos de Posadas.
Para Aranda, este tipo de acciones no es común en casos similares, lo que le lleva a pensar que existe una intención deliberada de infundir temor entre los policías y sus familias. “Evidentemente es para causar miedo, temor y mantenerlo de esa manera”, enfatizó.
El traslado de Amarilla a Cerro Azul suscitó especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión. Aranda sostuvo que este movimiento es parte de una persecución política y judicial, diseñada para debilitar la unión entre los policías y sus familias, y romper los lazos de solidaridad que se habían establecido a través de la mesa de diálogo. “Es notable que es para asustar a los demás que están en la mesa de diálogo”, afirmó.
Según la dirigente, el gobierno y la justicia “aprovecharon esto para ponerlo a Amarilla en esta situación y poder realmente decir que lo echaron”, explicó Aranda, quien ve en estas acciones una clara intención de castigar a aquellos que lideraron las protestas policiales en el mes de mayo y que se encontraban nuevamente reclamando mejoras salariales.
El traslado de Amarilla ocurrió en un momento delicado, ya que fue llevado a Cerro Azul durante días en los que las acciones legales y administrativas son difíciles de ejecutar. “Le llevaron jueves, viernes, sábado, domingo, o sea esos días que realmente uno no puede hacer nada”, comentó Aranda, sugiriendo que este hecho no fue una coincidencia, sino parte de una estrategia calculada.
Otro de los temas que genera preocupación entre los familiares de los policías es el futuro económico de los agentes detenidos y destituidos. Aranda mencionó que, tras la decisión del gobernador de exonerar a los policías involucrados en el grupo de WhatsApp, estos perdieron su derecho a recibir sus salarios y, posiblemente, también sus pensiones. “Ellos directamente quedan sin cobrar su sueldo ahora, hicieron lo que quisieron y cómo quisieron”, lamentó.
Esta situación añade una capa de incertidumbre para las familias de los detenidos, que ahora enfrentan no solo el desafío de ver a sus seres queridos encarcelados, sino también la posibilidad de que pierdan sus ingresos y derechos adquiridos tras años de servicio en las fuerzas de seguridad.
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La mesa de diálogo, en peligro de desaparecer
Uno de los principales puntos que Aranda subrayó es la importancia de la mesa de diálogo entre los policías y el gobierno. Según la presidenta de la Asociación, esta instancia de negociación fue clave para abordar las demandas y preocupaciones de los agentes, pero el gobierno estaría utilizando la situación actual para desarticularla. “Esto es lo que molesta al gobierno: la mesa de diálogo, que es muy importante que eso continúe”, afirmó Aranda.
La líder también desmintió las acusaciones que vinculan a Amarilla con amenazas de incendios o tomas violentas. Según Aranda, en ningún momento el oficial habló de estas acciones y las supuestas pruebas en su contra han sido manipuladas. “En ningún momento se le escuchó a Ramón Amarilla hablar de este tema, eso es imposible y de la boca de él no salió”, aseguró.
Además, Aranda cree que el gobierno busca desmantelar la mesa de diálogo y reemplazarla por un grupo de personas afines a sus intereses, lo que, según ella, desvirtuaría completamente el propósito de la negociación. “Lo que el gobierno quiere con esta mesa de diálogo es que haya gente de ellos”, expresó.
Por último, Aranda llamó la atención sobre la creciente gravedad de la situación en la provincia de Misiones, marcada por la tensión entre las fuerzas de seguridad y el gobierno. “Esto se nota que cada vez es más grave”, afirmó, señalando que la situación en la provincia es especialmente delicada debido a su proximidad con Brasil y Paraguay, lo que la convierte en una zona de alta sensibilidad en términos de seguridad.
