En los últimos días, el caso de los ocho policías detenidos en la provincia acaparó la atención pública en toda la provincia. Las detenciones, que forman parte de un proceso judicial que dejó a muchos con interrogantes y generó aún más tensiones entre los efectivos y los dirigentes provinciales, sumaron un nuevo capítulo durante las últimas horas.
En este sentido, el Dr. Ramón Grinhauz, abogado defensor de los policías detenidos, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y explicó cual es el estado actual de sus representados, en especial de dos de los policías: el oficial Correa y Ramón Amarilla.
En primera instancia, Grinhauz abordó la negativa judicial a conceder la excarcelación del oficial Correa, quien fue detenido junto a otros siete policías bajo la acusación de haber participado en un grupo de WhatsApp, donde se habrían hecho comentarios de carácter “subversivo”.
“Una de las excarcelaciones que yo presenté fue denegada, así que veremos qué ocurre en esta semana que se inicia”, afirmó el abogado. Para la defensa, esta decisión terminó siendo un golpe duro, ya que esperaba que Correa pudiera esperar el desarrollo del juicio en libertad, dado que no existe riesgo de fuga y el imputado mostró plena colaboración con las autoridades.
En tanto, Grinhauz explicó que la solicitud de excarcelación se presentó inmediatamente después de la detención del oficial Correa, pero fue rechazada por el tribunal sin que hasta el momento se ofrecieran explicaciones públicas detalladas. “Yo pedí la excarcelación del oficial Correa, que se presentó el día posterior a su detención y esa fue rechazada”, lamentó el abogado.
Esta denegación, según Grinhauz, obliga a la defensa a revaluar sus estrategias para el resto de los policías detenidos, ya que es probable que los demás imputados enfrenten decisiones similares en los próximos días. “Veremos qué paso vamos a seguir tomando con relación a los otros detenidos”, adelantó el abogado.
El enigma del traslado de Amarilla a Cerro Azul
Por otra parte, se refirió al traslado de Ramón Amarilla a la unidad penitenciaria de Cerro Azul, motivo por el cual Grinhauz expresó su sorpresa ante esta medida y la calificó como innecesaria: “La verdad que desconozco los motivos. Me pareció que fue una medida que no tiene sentido”, afirmó.
Amarilla, como el resto de los policías imputados, está acusado de haber participado en el grupo de WhatsApp en el que supuestamente se discutieron acciones ilícitas. No obstante, según Grinhauz, su cliente cooperó en todo momento con la justicia, presentándose voluntariamente desde el inicio del proceso. “Amarilla se presentó voluntariamente a estar a derecho”, recordó el abogado, lo que, en su opinión, hace aún más cuestionable la necesidad de trasladarlo a una unidad tan lejana.
El abogado también hizo referencia a la forma en que anteriormente se trataba a los miembros de las fuerzas de seguridad en situaciones judiciales similares, explicando que, durante su época como juez, los policías y otros agentes de seguridad solían ser alojados en lugares más cercanos y seguros, como estaciones de bomberos, destacando la falta de coherencia en las decisiones actuales.
Para el abogado defensor, la seguridad de sus clientes dentro de las unidades penitenciarias es una incógnita, especialmente dado su rol como policías. En este sentido, Grinhauz hizo hincapié en el riesgo que implica para los agentes ser detenidos junto a delincuentes a los que, en muchos casos, ellos mismos han arrestado. “Todo miembro de seguridad no puede ser alojado en unidades donde no tenga un lugar especial para miembro de seguridad. No podemos juntar a una persona por delitos comunes con miembros de alguna unidad de seguridad”, explicó.
Además, el abogado destacó que las condiciones de detención de los policías deben ser evaluadas con extrema cautela, no solo por la naturaleza del delito que se les imputa, sino también por su seguridad física.
Grinhauz expuso que, en muchas unidades penitenciarias, se habilitan áreas especiales para miembros de las fuerzas de seguridad o personas involucradas en casos delicados, lo que es crucial para proteger su integridad. “Tengo entendido que tienen un lugar especial que inclusive muchas veces se aloja, no en lugares solamente de miembros de seguridad, sino también de qué tipo de delito se trata”, aclaró.
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En cuanto a la situación de Amarilla, el abogado reveló que en los próximos días solicitará una revisión detallada de sus condiciones de detención para asegurarse de que se están tomando las precauciones necesarias. “En esta semana vamos a solicitar y ver las condiciones de detención de Ramón Amarilla”, informó.
Además del proceso penal en curso, el caso trajo consigo decisiones administrativas que despertaron la controversia. Durante el fin de semana, el Poder Ejecutivo provincial, mediante un decreto, determinó la exoneración de los policías imputados sin esperar a la conclusión del proceso judicial. Esta medida fue criticada por el Dr. Grinhauz, quien señaló que en un caso normal se deberían esperar los resultados de la causa judicial antes de tomar decisiones tan drásticas. “En toda causa normal se espera el resultado final de la conclusión de la causa judicial a los efectos de tomar medidas drásticas”, explicó el abogado.
Según Grinhauz, la rapidez con la que se actuó en este caso parece haberse basado exclusivamente en la existencia de un grupo de WhatsApp que, según las autoridades, comprometen a los agentes. Sin embargo, el abogado considera que estas pruebas aún no son concluyentes y que el Poder Ejecutivo ha tomado medidas apresuradas. “Acá estamos hablando de un hecho donde, a través de mensajes de WhatsApp, hay algunos comentarios de lo que se estaba por realizar. Eso es un hecho puntual”, afirmó.
Grinhauz también mencionó que la sanción administrativa, en muchos casos, puede ser más grave que la penal, ya que, si bien una sentencia penal puede ser favorable para el acusado, las medidas administrativas tomadas con anterioridad pueden generar complicaciones a largo plazo.
Por último, y en relación con las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, el abogado reveló que están evaluando la posibilidad de presentar recursos que permitan revertir o, al menos, cuestionar las medidas adoptadas hasta el momento. “Nos vamos a evaluar con el cliente y, en mediada de las decisiones que él solicite, seguiríamos adelante con esa etapa administrativa también”, concluyó.
