El exsubsecretario de seguridad del gobierno de la Alianza se presentó ante los tribunales de Comodoro Py y fue puesto a disposición del sistema penitenciario federal para cumplir la pena de 3 años, 8 meses y 5 días por las muertes ocurridas durante el operativo de seguridad que ordenó hace casi 23 años. La Corte rechazó el último recurso contra la sentencia de este subsecretario y del exjefe de la policía federal, Rubén Santos, quien se encuentra en España.
Este jueves, Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, se presentó en la mesa de entradas del Tribunal Oral Federal 6, que lo citó para que empezara a cumplir su pena de prisión por la represión policial y los asesinatos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001. El exfuncionario quedó inmediatamente detenido, a diferencia del exjefe de la Policía Federal Rubén Santos –también condenado por la represión y los asesinatos, en todas las instancias de la justicia argentina–, quien se encuentra en España.
Según publicó La Nación, en un primer momento Mathov estuvo en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py) y al mediodía lo trasladaron a la cárcel de Ezeiza. Quedó alojado en el hospital de ese penal.
Después de un proceso judicial de casi 23 años, la Corte Suprema confirmó anteayer la condena contra Mathov a cuatro años y tres meses de prisión. Según el cómputo que hizo este miércoles el TOF 6, deberá estar detenido hasta el 22 de mayo de 2028 porque ya estuvo seis meses y 25 días preso en 2022. Lo que le resta cumplir son tres años, ochos meses y cinco días. Como se preveía la defensa de Mathov pidió que le otorguen prisión domiciliaria y el TOF 6 evaluará ahora si se la conceden. Se trata de un trámite que lleva tiempo, y por ahora, cumplirá su pena en la cárcel.
Los condenados por la represión y los asesinatos del 2001 que cumplirán la condena y los que ya fallecieron
El exfuncionario de De la Rúa fue condenado por la represión policial desatada por la policía federal y otras fuerzas durante la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando solo en la zona de la Plaza de Mayo, murieron cinco personas por el accionar de la PFA en momentos previos a la caída del gobierno de De la Rúa.
Justamente, el otro exfuncionario que quedó con condena firme por el histórico fallo de la Corte Suprema, es el ex jefe de la PFA, Rubén Santos. El máximo tribunal también dejó firme este martes la condena a tres años y seis meses de cárcel de Santos. El TOF 6 lo había autorizado -con el aval de la fiscalía- a viajar a España, y ayer le dio 72 horas para que regrese al país. Su defensa ya informó al tribunal que Santos cumplirá con lo dispuesto. En los tribunales esperan que se presente el lunes próximo.
Asimismo, quedó firme la sentencia contra Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de esa fuerza policial, que fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, y contra Raúl Roberto Andreozzi, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Ambos fallecieron antes de la sentencia de la Corte.
Tuvieron que pasar casi 23 años desde la represión y los asesinatos que conmocionaron al país y aceleraron la renuncia de De La Rúa, con 39 muertos en toda la Argentina y más de 500 heridos, para que se confirme la condena contra los responsables políticos de los operativos de seguridad.
La condena a los acusados fue firmada por el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado entonces por José Martínez Sobrino, Adrian Martín y Rodrigo Giménez Uriburu en 2016. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación con las firmas de Angela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
Los muertos el 19 y 20 de diciembre en la zona de la Plaza de Mayo fueron Gastón Riva, Carlos “Petete” Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto, y además hubo de decenas de heridos. En la causa está probado que la Plaza estaba en calma cuando se inició la represión y que sólo se buscaba evitar que se reunieran allí manifestantes.
Un fallo histórico que sienta precedente para futuros operativos de seguridad
Confirmada la condena contra Mahtov, Santos y Gaudiero, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, remarcaron que esta decisión de la Corte “sienta un precedente único para Argentina y América Latina en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar.”
“En democracia, los derechos a reunirse y manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades de esas fuerzas”, señalaron desde el CELS con relación al histórico fallo firmado por los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El fallo de la Cámara concluyó que “los resultados lesivos (muertes y lesiones), corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido.” Y remarcó que la autoridad política debe “evitar excesos por parte de la fuerza”.
De acuerdo con el CELS, la investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos. De esta manera, no fue posible dar un mensaje contundente sobre lo que implicó la declaración del estado de sitio y la habilitación a la policía para reprimir descarnadamente el estallido social que irrumpió ante la crisis. La falta de investigación judicial de la gran cantidad de detenciones ilegales que se sucedieron durante esas jornadas también impidió la determinación de responsabilidades penales por esos hechos. El poder judicial tampoco avanzó en la identificación e investigación de quienes dispararon con balas de plomo directamente contra quienes se manifestaban.
En 2011, el gobierno nacional dictó una resolución que limitaba el uso de la fuerza con el objetivo de evitar situaciones como las que ocurrieron el 19 y 20 de diciembre. Sin embargo, aquella resolución fue derogada por el protocolo antiprotestas que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, días después de asumir en diciembre de 2023.
