Una mujer de 70 años que, según residentes de la chacra 190, hace más de 30 años que vive en el lugar, fue notificada de una orden de desalojo emitida por un juzgado civil y uniformados estuvieron a punto de echarla a la calle. Siendo una persona registrada en el Renabap, con servicios a su nombre, intervino la Subsecretaría de Integración Sociourbana en medio de una movilización espontánea contra el desalojo. No hubo preaviso y no se cumplieron las normas en el procedimiento en beneficio de los supuestos dueños.
Momentos de tensión se vivieron este jueves en la chacra 190, cuando por una orden de desalojo emitida por un juzgado civil, una anciana de 70 años estuvo a punto de quedar en la calle, pese a formar parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), residir en el lugar desde hace 30 años, y tener boletas de servicios a su nombre.
Como intervinieron los vecinos del lugar, muchos de los cuales están en idéntica situación –es decir, son residentes desde hace años pero carecen regularización de sus títulos de propiedad–, la Subsecretaría de Integración Sociourbana tomó cartas en el asuntos e impidió el desalojo.
Sin embargo, no se habrían cumplido los pasos previstos para un proceso de desalojo, por ejemplo, el preaviso, por lo cual, los vecinos del Barrio Laurel y de la chacra 190, junto a otras familias inscriptas en el Renabap, están en alerta porque podrían sufrir la misma situación, en un contexto incierto sobre el futuro del registro que el gobierno nacional no apoya.
En diálogo con Rx – Realidad Mixta, Eduardo Rojas, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (integrante de la CTEP), desde el lugar (avenidas Alem y 115 en Posadas) contó que la mujer damnificada está censada en el Registro Nacional de Barrios Populares.
“Cerca de las 9 de la mañana recibimos la información de que habían llegado móviles policiales y un amplio número de policías, ambulancias, el poder judicial y una abogada que en la lectura de un acta anunció un desalojo para una familia que vive ya hace 28 años y está sentada acá en el barrio”, explicó Rojas.
En esta línea, el referente insistió en que los residentes son de “un barrio Renabap” y la mujer, “posee prohibición de desalojo por treinta años, es decir, hasta 2030. Es una ley nacional que está dentro de la Constitución”.
“Los vecinos conocen la ley y otros vecinos que se les pasa y en el caso de esta vecina, ella tuvo un problema el año pasado. Fue notificada que tuvo que acercarse al juzgado. Esta nota de desalojo fue pedida por el juzgado n° 5. Se presentaron en el lugar, le leyeron el acta a la vecina, la vecina se descompensó, no estaba preparada para esto, creo que ningún vecino lo está. Y se intentó llevar adelante el procedimiento”, detalló el referente del MTE.
“Lo que pasa en esos casos es los vecinos que somos de barrios populares sabemos que no tenemos que sucumbir a a la presión de todas estas instituciones, sino que organizarse. ¿Por qué? Porque si bien los vecinos están dentro del registro, uno o solo pocos tienen el título propiedad, lo que le permite dentro de la ley, a ejercer esa presión. Porque la burocracia es así”, explicó Rojas sobre lo que deben hacer ante una situación similar.
De acuerdo con Rojas, “existe la posibilidad de que sean desalojados, pero si el vecino está asentado ya, y esto se corrobora dentro de la ley del Renabap, está asentada ya hace más de 26 años con los servicios básicos, tiene derecho a poder habitar el lugar donde está. En este sentido, la vecina tiene su certificado, tiene los papeles que le permiten informar que ella sí está hace más de veinte años acá. Y que no es una persona que está tomando el terreno, que tomó posesión, sino que es una persona ya que hace muchos años habita el lugar”, precisó el referente y vecino.
No obstante, aclaró que “la única manera de mostrarlo es con este certificado.”
“Hoy como organización nos acercamos, la acompañamos, le informamos a la vecina cuáles son los pasos, pero la policía no nos dejaba en principio acercarnos a hablar hasta que llegó la Subsecretaría de Integración Social Urbana, que en estos casos es clave”, explicó Rojas.
Y amplió: la subsecretaría “es clave que ellos se manejan a nivel nacional y los papeles los mueven, vamos a decirlo así, los papeles lo mueven entre instituciones nacionales. En la institución nacional, que es la Subsecretaría de Integración Social Urbana, la cual que era la secretaría y no es casualidad de que con este gobierno pase a ser subsecretaría y que hoy empiecen a ver distintos desalojos en los barrios populares, pierde fuerza. Pero no pierde la validez el certificado y la ley”, subrayó el referente.
“Entonces, la subsecretaría presenta una nota pidiendo que se proceda a cortar el desalojo. Y en ese transcurso tenemos que estar a la espera de que la vecina resista, de que las instituciones, la policía no ingrese al hogar, de que los vecinos apoyen a la vecina para que no sea desalojada hasta que la nota se haga efectiva. Esto es a través de la subsecretaría, que se hizo efectivo ahora, prevenimos el desalojo de la vecina, que ahora está un poco más tranquila, pero tiene que acercar todos estos papeles de que lo tiene y lo mostró acá, por eso también se previno el desalojo”, argumentó Rojas, dejando en claro que esta mujer pudo quedar en la calle, si el barrio y la organización no intervenían para resistir el procedimiento.
