La reciente modificación del decreto que reglamenta la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública ha despertado una ola de críticas y preocupaciones entre especialistas en derecho y ciudadanos preocupados por la transparencia gubernamental. El decreto 780-2024, publicado recientemente, ha introducido cambios significativos a la normativa vigente desde 2017, generando un debate sobre su impacto en la transparencia y el acceso a la información pública en Argentina.
En diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, Mabel Oviedo, abogada y diplomada en Derecho del Consumidor, expresó su profunda preocupación por los efectos de esta modificación, destacando que “esta ley, si bien no ignora el derecho, busca la manera de tergiversar el sentido y los principios de la misma”. Según Oviedo, los cambios introducidos no solo restringen el acceso a la información, sino que además representan un retroceso en materia de derechos fundamentales.
La ley 27.275, sancionada en 2016, establecía un marco amplio y abierto para que los ciudadanos pudieran acceder a información bajo la órbita de organismos públicos, dependientes del Estado y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el nuevo decreto ha excluido ciertas áreas y tipos de documentos del acceso público, lo que, según Oviedo, “atenta incluso contra el principio de progresividad de los derechos. No podemos ir para atrás, menos a través de un decreto”.
Uno de los cambios más polémicos es la inclusión de la “cuestión del abuso del derecho”, la cual, según la abogada, ha sido manipulada para restringir aún más el acceso a la información. “Ahora bien, introduce en varios artículos la posible acusación de abuso de derecho a las personas que lo plantean”, explicó Oviedo, haciendo referencia a las restricciones sobre la consulta de información relacionada con la vida privada de los funcionarios públicos, incluso cuando esta podría tener relevancia pública.
Además, el nuevo decreto excluye del acceso público los “papeles de trabajo, las deliberaciones preparatorias o el examen preliminar de un asunto”. Esto, según Oviedo, implica una limitación significativa al término «documento» tal como estaba establecido en la ley original. “Está limitando el alcance del término documento que está en la ley. Nada que pueda limitarlo debería ser permitido”, advirtió.
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Este cambio no solo limita la transparencia, sino que también podría ocultar procesos decisivos dentro del gobierno. “¿Quién preparó la ley? ¿Quién la redactó? Estas son preguntas que ahora podrían quedar sin respuesta, lo que es extremadamente preocupante”, afirmó la abogada.
El impacto de estas modificaciones no se limita solo a la restricción del acceso a ciertos documentos, sino que también introduce una preocupación mayor sobre la independencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que, según Oviedo, carece de autonomía y podría estar sujeta a las influencias del poder ejecutivo.
“Como no es autárquica y autónoma, depende antes de la jefatura y ahora creo que bajo un escalón de la vicejefatura de gabinete”, señaló Oviedo, destacando la vulnerabilidad del organismo frente a las presiones políticas.
Finalmente, Oviedo subrayó la importancia de mantener un acceso irrestricto a la información pública como un pilar fundamental de la democracia y la transparencia en la gestión del gobierno. “Es muy preocupante la cuestión de la reglamentación de la violación de la buena fe”, concluyó.
