La reciente decisión de la Legislatura de Misiones de desaforar a Germán Kiczka, diputado investigado por delitos relacionados con la explotación sexual infantil, volvió a poner en el centro del debate la cuestión de la idoneidad de los candidatos a cargos públicos.
Gastón Marra, impulsor del proyecto Ficha Limpia, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y cuestionó la coherencia de esta medida, señalando la contradicción de sancionar a un legislador bajo investigación mientras se mantiene en el olvido un proyecto que busca evitar que personas con causas penales accedan a cargos públicos.
“Me llamó la atención la incoherencia de lo que pasó en Misiones”, señaló Marra. “Por un lado, se desafora a una persona acusada de un delito gravísimo, pero por otro, se cajonea un proyecto que podría haber evitado que esa persona estuviera en esa posición en primer lugar”.
El proyecto Ficha Limpia, que Marra impulsa desde hace años, busca establecer que los precandidatos a cargos electivos o administrativos no puedan presentarse si tienen una condena penal, incluso en primera instancia.
Este tipo de medidas ya han sido aprobadas en seis provincias argentinas, pero en Misiones, el proyecto presentado por la exdiputada Anita Minder nunca fue tratado de manera seria, según Marra. “El oficialismo habilitó las dos reuniones que por reglamento tienen que permitirse y después la verdad que le cajonearon el proyecto y nunca más se mencionó”, expresó con frustración.
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La crítica de Marra se centra en que el proyecto presentado por el PRO en Misiones, aunque similar, no cumple con los estándares de Ficha Limpia, ya que requiere de una condena firme para inhabilitar a un candidato.
“El bloque del PRO de Misiones presentó un proyecto que no es Ficha Limpia porque pide la condena firme. La condena en estos casos, ejemplo de corrupción, se aplica una vez que queda firme, lo cual es insuficiente para prevenir el acceso de personas con antecedentes a cargos públicos”, explicó.
Marra también destacó la gravedad de los delitos de corrupción en la legislación argentina, subrayando que la Constitución Nacional ya los categoriza como delitos de máxima gravedad. “Personas a las que se les depositó la confianza a través del voto para administrar la cosa pública y que priorizaron sus intereses personales deberían estar automáticamente inhabilitadas para volver a ocupar cargos, al menos hasta que se resuelva su situación legal”, afirmó.
El caso de Kiczka, según Marra, es un ejemplo claro de la necesidad de implementar Ficha Limpia a nivel nacional y provincial. “Esta persona aún no fue condenada, pero se le ha limitado un derecho fundamental que es a la libertad. Entonces, si ya consideramos que alguien en esa situación no puede permanecer en un cargo público, ¿por qué no aplicar el mismo criterio preventivo desde el principio?”, cuestionó.
Para Marra, la implementación de Ficha Limpia no es solo una cuestión de legalidad, sino de coherencia y ética en la política. “Tenemos que cumplir con las leyes y, más importante aún, con los principios éticos que sostienen nuestra democracia. Si no lo hacemos, casos como el de Kiczka seguirán ocurriendo”, concluyó.
