El Superior Tribunal de Justicia de Misiones ratificó recientemente la condena a María Ovando, quien fue sentenciada a 20 años de prisión por no impedir situaciones de abuso que ocurrieron en su domicilio. Sin embargo, la defensa de Ovando, encabezada por el abogado penalista Eduardo Paredes, decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando graves irregularidades en el proceso judicial y la falta de pruebas contundentes contra su clienta.
En este sentido, el abogado Paredes fue enfático en su crítica al sistema judicial de Misiones. “La provincia no asume su responsabilidad institucional. Ovando no salió del infierno judicial desde 2009”, afirmó en diálogo con este medio durante el ciclo “El País de la Libertad”, subrayando la persecución continua que ha sufrido María Ovando desde su primer encarcelamiento hace más de una década.
Además, Paredes detalló las inconsistencias en el caso. “Las niñas víctimas del caso no estaban bajo potestad de María incluso años antes de la comisión de los abusos”, aseguró. Según Paredes, en marzo de 2015, se suspendió la patria potestad de Ovando sobre las niñas en cuestión, quienes fueron puestas bajo la tutela de la madre del padre de las menores, una persona que, según Paredes, nunca las reconoció.
“En mayo de 2015, uno de los parientes de esta mujer abusó de una de las niñas, y ese fue el abuso que se tramitó en El Dorado, donde no se detuvo a nadie”, explicó.
El abogado también cuestionó la actuación del Juez Atilio León, quien inicialmente se inhibió del caso, señalando que “no había pruebas para imputarla por corrupción de menores”. “Cuando el juicio comienza, el presidente de ese tribunal, Atilio León, se inhibió porque él dijo, ‘no sé de qué imputarle a esta mujer’. Pero igual se siguió”, relató Paredes.
Según él, la inhibición de León fue una señal clara de que no existían fundamentos suficientes para proceder con la acusación, pero a pesar de esto, el proceso continuó con otro juez.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es que Ovando fue condenada por una pena mayor que los propios autores de los abusos. “Curiosamente, los 20 años que le dieron a María Ovando por no impedir esas situaciones, que en el juicio se ventilaron, fue una pena mayor a los que cometieron o los que fueron encontrados culpables en algún punto de esas situaciones de abuso”, resaltó el abogado.
Leé también: La justicia misionera confirmó la condena de prisión contra María Ovando y los jóvenes Laurindo y Ferreira
Paredes también denunció que el proceso estuvo plagado de pruebas débiles y relatos inconsistentes. “Había unas lesiones no compatibles con el relato de las niñas, y en el juicio nos enteramos que hubo otro caso tramitado ante el mismo juzgado en la misma época”, dijo, señalando que se cometieron graves errores durante la investigación y el juicio.
La defensa de Ovando presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia evalúe la actuación judicial misionera. “Nosotros ya interpusimos el recurso extraordinario a la Corte y esperemos que no tarden, porque si no vamos a pedir un abocamiento a Corte inmediato”, anunció Paredes.
El abogado confía en que la CSJ tomará el caso y anulará la sentencia. “Es inevitable eso”, añadió.
Por último, puso en el centro de la discusión la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Misiones y la necesidad de una profunda revisión del sistema judicial de la provincia. “En el caso de María Ovando, hay una cuestión de género tremenda”, concluyó.
