En diálogo con Radio Up 95.5 durante el ciclo “La Última Rosca”, Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones, abordó el conflicto en la comunidad Miri Marangatú, relacionado con la explotación de recursos forestales y el manejo de fondos, el cual ha generado tensiones entre los miembros de la comunidad y su cacique.
Rodríguez explicó que “el Ministerio de Ecología suspendió una disposición que exigía el cobro de 34 millones de pesos a la comunidad”, señalando que la Dirección de Asuntos Guaraníes está interviniendo para resolver la cuestión.
Según comentó, “el conflicto se remonta a 2017, cuando surgieron denuncias anónimas y de miembros de la propia comunidad sobre la explotación de madera sin un plan de manejo aprobado”, remarcando que “la ausencia de un plan de manejo adecuado ha sido uno de los puntos clave de la disputa”.
Además, Rodríguez enfatizó que “dentro de la comunidad, hay una explotación de la madera que no es comunitaria y no fue aceptada por el Ministerio de Ecología. No hay un plan de manejo», aclaró. También destacó que, en otros casos, se han realizado planes de manejo con árboles caídos por tormentas, pero no en este caso.
Por otra parte, Rodríguez señaló que el cacique de la comunidad ha expresado su desacuerdo con las medidas adoptadas, y reconoció la complejidad de la situación.
“La denuncia vino de parte de la comunidad, de otra persona en la comunidad y de otros anónimos”, señaló, subrayando la necesidad de una solución que beneficie a todas las partes sin dañar el sustento económico de la comunidad ni el medio ambiente.
Leé también: Era hora | Después de 30 años de espera, comunidad mbya accede al agua en Ruiz de Montoya
La explotación de la madera parece haber tenido fines económicos particulares, lo que ha generado controversia sobre su legalidad y el uso de los fondos. “La comunidad estaba dando esa madera para un fin económico de un blanco. No tenía un beneficio económico para la comunidad y no era un trabajo comunitario”, explicó Rodríguez.
Ante la afirmación del cacique de que todo esto es una farsa y que buscan sacarlos del lugar, Rodríguez aseguró que “el objetivo es mediar y garantizar los derechos de la comunidad”.
En cuanto a los próximos pasos, Rodríguez detalló que se realizarán reuniones y asambleas para buscar una solución conjunta. “Ecología ya emitió la resolución de la suspensión de la multa para la comunidad. Nosotros vamos a corroborar en el expediente cómo podemos actuar con la comunidad”, explicó.
En tanto, añadió que “se activarán todos los protocolos necesarios para garantizar una resolución justa y participativa”.
Finalmente, Rodríguez reconoció que la comunidad no podría hacer frente a la multa de 34 millones de pesos debido a sus limitados ingresos.
“La comunidad no iba a poder hacer frente a esta enorme multa. Los ingresos de la comunidad son beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Social, pensiones, y la venta de artesanías”, concluyó.
