Una nueva semana transcurre en el reality televisivo en el que se ha convertido la causa de Loan, el niño correntino desaparecido hace ya 40 días en la vecina provincia de Corrientes.
Luego de diversas idas y vueltas, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, asumió el control del caso e inició una ronda de declaraciones indagatorias que llevó a la toma de testimonio de los hasta ahora ocho detenidos en la causa: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Amado Méndez.
En una causa donde las contradicciones son la norma y las pistas potencialmente cruciales, como las llamadas telefónicas, las muestras de sangre y los nuevos rastrillajes en las últimas horas en el lugar donde se perdió el rastro de Loan, han dejado la investigación en un estado de paralización absoluta.
Da la sensación de que hace varias semanas se ha dejado de buscar a Loan. Como en un espectáculo televisivo, parece que ha dejado de interesar a la audiencia el hecho de «buscar al menor», por lo cual la trama ha empezado a girar en torno a dos actores clave en todo esto. Laudelina Peña, quien para la sociedad ya ha sido condenada en múltiples ocasiones como la principal responsable de la desaparición del menor o como encubridora de lo que realmente ha sucedido.
Por otro lado, el coprotagonista de este show es la política, que ha tenido un papel preponderante desde el primer minuto de la búsqueda, pero que particularmente en los últimos días ha tomado mayor fuerza a raíz de las acusaciones realizadas por los imputados en la causa sobre la participación necesaria de comisarios, jueces y funcionarios. La subtrama de todo esto es que, al alejarnos de Loan, parece que poco a poco se empieza a montar un concepto bastante criollo de “arrojarle el muerto” a la gestión de Gustavo Valdés, el actual gobernador, en un escenario en el cual la provincia de Corrientes deberá elegir un nuevo mandatario el año próximo, por lo que la idea de desestabilizar cobra mayor relevancia.
Los primeros en recibir el golpe de la situación han sido el Ministro de Seguridad y toda la cúpula de la policía correntina. Después de varias semanas sin avance en la causa y envueltos en numerosas sospechas, en particular el comisario Maciel (quien actualmente se encuentra declarando y se ha ofrecido como imputado colaborador), se produjo un cambio significativo en la estructura de la seguridad provincial. Miguel Ángel Leguizamón y Walter Aceval fueron designados como jefe y subjefe, respectivamente, de la fuerza de seguridad provincial, bajo la dirección del nuevo Ministro, Alfredo Vallejos. Este movimiento refleja no solo una respuesta a la crisis, sino también un intento de recomponer la imagen y la confianza en las instituciones de seguridad que han sido duramente golpeadas por el caso.
Posteriormente, se vio involucrado en la polémica el Senador provincial por el radicalismo, Diego Pellegrini, a raíz de una de las declaraciones más controvertidas de Laudelina Peña. Ella acusó a Pellegrini de ser el responsable de instalar la versión del accidente a cambio de un pago de 50 mil pesos, después de haber cambiado su versión inicial que incluía una casa y un auto. La justicia citó inmediatamente al legislador a declarar, lo que proporcionó al bloque de Unión por la Patria el pretexto para pedir su desafuero. Este movimiento no solo busca justicia, sino que también tiene claras connotaciones políticas, mostrando cómo se puede utilizar una crisis para debilitar a un adversario político.
El clímax de esta cuestión llegó el fin de semana cuando apareció una denuncia contra el padre del actual gobernador de Corrientes, acusándolo de abuso sexual y de no reconocer a un supuesto hijo legítimo. Aunque esta causa es totalmente aislada y separada de la desaparición de Loan, la sincronización de su aparición es sospechosa. La denunciante, Violeta, solicitó un ADN para comprobar si uno de sus hijos es de Manolo Valdés, el padre del gobernador correntino. Esta acusación, independientemente de su veracidad, agrega una nueva capa de complejidad y distracción al caso, desviando aún más la atención de la búsqueda de Loan.
Claramente, la aparición de Loan ya no es el eje principal del debate. Nos hemos alejado tanto que ya no importa si al niño lo llevó una red de trata, si los padres lo vendieron como piensan algunos o si fue atropellado y realmente fue un accidente. Ya ni siquiera pareciera importar si Loan está vivo o no. La narrativa ha sido completamente secuestrada por agendas políticas y judiciales, convirtiendo una búsqueda desesperada en un campo de batalla político. Nuevamente, la política y la justicia se han sumergido en lo más profundo de las malas prácticas de nuestro país, donde no importa el contexto, sino más bien sacar tajada de una situación para obtener una ventaja. En un contexto donde el poder parece tambalear, aparecen actores movilizados por la necesidad de torcer un gobierno elegido por la voluntad popular, ante el afán de lo que significa una pizca de poder. Este escenario pone de relieve las fragilidades de nuestro sistema político y judicial, donde la manipulación y el oportunismo pueden fácilmente desviar la atención de lo que realmente importa: la vida y el bienestar de un niño desaparecido.
Bryan Villalba.
