El elefantesco tamaño del Estado nacional pocas veces nos permite observar por completo el panorama de lo que ocurre con la administración y la distribución de las cajas que manejan algunos organismos o ministerios, en particular aquellos que cuentan con fondos destinados al asistencialismo.
Es casi normal que en un país donde en un período de 20 años pasamos del 20% al 57% de la población en situación de pobreza, hayan surgido diversas organizaciones encargadas de brindar asistencia a los comedores que día a día colaboran en la alimentación de miles de personas a lo largo y ancho del país.
El problema es que cuando la patología se hace tan prolongada en el tiempo, tiende a desvirtuarse y se pierde de vista el objetivo con el que fueron creadas estas organizaciones.
La gestión de la ministra Sandra Petovello presentó recientemente un relevamiento que se realizó sobre la base de 3385 establecimientos, de los cuales 1607 de estos comedores y merenderos no pudieron certificar si continuaban en funcionamiento, ya sea porque nunca existieron o porque brindaron direcciones falsas, lo que representa un 47,5% de estos establecimientos sondeados en el mes de febrero.
Estos “comedores fantasmas” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Trabajadores en Lucha, Libres del Sur, Movimiento Evita, Barrios de Pie y varios más.
Según datos presentados ante el fiscal Ramiro González, quien es el que actualmente lleva a cabo la investigación, se desprende que 38 de estas organizaciones habrían recibido durante la gestión de Alberto Fernández alrededor de 6 millones de pesos del área de política alimentaria, siendo el Polo Obrero, además, la organización que más alimentos recibió en 2023: 4618 toneladas en total.
Se presume que los bolsones de alimentos eran utilizados como parte de un mecanismo sistemático de extorsión por parte de estas organizaciones, para que los beneficiarios asistan a marchas o actos partidarios, algunos bajo la amenaza de darles de baja de los planes potenciar Trabajo en particular, causa en la que también está siendo investigado Jeremías Cantero, mano derecha de Belliboni en una causa que involucra a otros 27 dirigentes.
Además, se encuentran bajo la lupa los funcionarios responsables del control de la distribución de estos fondos: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, los 3 encargados del área bajo la gestión de Alberto Fernandez. Se presume que desde el organismo, no se efectuaba el correspondiente control de los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas “Argentinos contra el hambre”, recayendo en los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
Por otra parte, la Justicia también procedió en contra del gobierno nacional, ya que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que libere las cinco toneladas de alimentos que se encuentran almacenadas en depósitos. El vocero presidencial hizo mención a que el gobierno en el marco de las irregularidades que encontró de cómo se efectuaban las entregas de la gestión anterior están trabajando en un plan para mejorar esta modalidad, aunque no dieron mayores explicaciones en la delación de las entregas.
En un contexto en el cual más del 60% de los niños, niñas y adolescentes padece inseguridad alimentaria de forma severa, es difícil de entender cómo es concebible que se utilice la comida destinada a comedores o merenderos como forma de militancia, extorsión o cobro de favores políticos, aunque en esta Argentina con cada día que pasa, cada vez nos sorprendemos menos de los hechos que saltan a la luz.
