Cuando el método utilizado para resolver un conflicto son los golpes bajos y el desprecio a una demanda, las manifestaciones son la respuesta que encuentra el pueblo para hacer que un reclamo deje de ser personal y se transforme en colectivo.
Transcurrimos la semana más conflictiva en lo que va del 2024 en la provincia de Misiones, las voces, los representantes y manifestaciones de un sector y otro colmaron la agenda social de los misioneros al punto tal que las polémicas que promueve el gobierno nacional al menos por una semana dejaron de ser importante en la Tierra Colorada. Aquí se invirtieron las prioridades y al menos por unos días los medios nacionales se empaparon de la realidad de una provincia que se vende como el país de las maravillas, pero podría ser descrita como la segunda etapa del libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Purgatorio, para la gran mayoría.
La imagen que se intenta traducir en cuentas gubernamentales y sus respectivos informativos dan cuenta de una “realidad” de producción y desarrollo; sin embarto, las calles y rutas se convirtieron en el anfiteatro de una noble masa de trabajadores de los sectores de Salud, Educación y Seguridad, con la notable singularidad que en esta ocasión los reclamos no remiten únicamente a mejoras salariales, sino a mejoras en sus lugares de trabajo, mejoras en los tratos, mejoras en la comunicación… En definitiva, una jerarquización del empleado del Estado.
Las manifestaciones que se personifican por estos días en las voces de docentes, administrativos y profesionales de la salud y policías, son las de quienes han soportado durante años la constante avaricia de un gobierno provincial que mediante liquidez económica que le ofrecía el gobierno kirchnerista lograba proveer de módicos aumentos que acallaba las voces de los representantes aliados al poder local. Esta realidad fue cambiando a mediados del 2023 y agudizando aún más en la transición del gobierno nacional hasta la actualidad.
El mecanismo de extorsión que ofrece la renovación en Misiones ya no resulta como antes y esto se debe a un cansancio generalizado que encontró en la huelga un mecanismo para exponer sus reclamos que aún hoy siguen siendo desoídos.
El gobierno debe comprender que la escala salarial por antigüedad y responsabilidad es indispensable y necesaria para ofrecer la primera línea de solución. A tal efecto podemos comparar los sueldos de dos docentes: uno que inicia con la suma total de $237.276,01, y otro con igual responsabilidad y con una antigüedad de 13 años que percibe la suma total de $281.321,04. Allí vemos reflejado que la responsabilidad de educar a un niño no es tenido en cuenta, menos aún la antigüedad.
Aquello que comenzó como el reclamo de un sector convocó a empleados de otras reparticiones del estado, movilizando una realidad que venía siendo silenciada hace tiempo y ocultada en la base de promesas y pedidos de paciencia a los trabajadores, tal como ocurrió con la fuerza policial y con los delegados gremiales del sector de la salud que optaron por llamarse al silencio; silencio que fue interrumpido por los mismos trabajadores que decidieron romper los acuerdos de los gremios con el gobierno.
Hace pocos días, como todos los meses, se dio a conocer el informe inflacionario durante el mes de abril y con ello, el valor de la canasta básica para el mes de mayo, el cual quedó fijado en la suma de $828.158,19. Si contemplamos los sueldos de los docentes de la provincia, y de los efectivos de la policía, que si bien disponen un sueldo mayor, aun así no alcanzan la suma que se requiere para no caer en la indigencia. Podemos indicar entonces que los empleados del Estado en la actualidad y hace varios meses viven de prestado en una provincia que toma al material humano como si fuera descartable, con lo cual no estamos hablando únicamente de malos sueldos sino también de lo que popularmente se denomina “trabajos en negro”.
En la actualidad, quienes cumplen la obligación de encaminar una respuesta decidieron dar por terminadas las conversaciones con los representantes de cada uno de los sectores. Las esperanzas de una mesa de diálogo que encuentre una respuesta se hacen cada vez más difíciles, teniendo en cuenta que la resolución del conflicto se vuelve más lenta a medida que se encargan de ella un mayor número de personas.
Por otra parte, encontramos una oposición que no consigue ser convocada ni por los actores que llevan adelante las manifestaciones ni por el gobierno, con lo cual la condición de inferioridad con la que luchan los trabajadores frente al Estado los ubica en soledad política y a riesgo de que la patronal imponga un acuerdo que rememore las módicas sumas que históricamente ofrece a los empleados del estado.
La actualidad requiere decisiones que garanticen para los trabajadores respuestas inmediatas que no se limiten únicamente a la cuestión salarial, sino a la mejora permanente del material humano del que dispone el Estado, de lo contrario una recomposición que resulta el presente sin pensar en el futuro será un producto con fecha de vencimiento corta.
