A contramano de lo que definió, casi por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, se hicieron públicas más críticas de seis organizaciones civiles a los dos postulantes que propuso Milei. Las presentaciones apuntarán a la supuesta falta de aptitud moral y de idoneidad jurídica del candidato Ariel Lijo.
El próximo 8 de mayo vence el plazo para que el Poder Ejecutivo reciba las adhesiones y oposiciones a la postulación del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, según consta en el decreto que oficializó las candidaturas.
Mientras algunos funcionarios judiciales se pronunciaron a favor de la designación del magistrado que lleva veinte años en Comodoro Py, como es el caso de casi la totalidad de ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, se estima que una decena de entidades representativas de la comunidad jurídica formularán sus impugnaciones en contra del pliego de Lijo, que busca integrar el máximo tribunal del país.
El trámite administrativo de las candidaturas para la cobertura de vacantes de la Corte transita las últimas semanas para recibir apoyos y rechazos. De acuerdo con el diario Clarín, el decreto que oficializa a las personas elegidas por el presidente Javier Milei refiere a una correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, “su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.
Las primeras adhesiones que se formularon a favor del juez Ariel Lijo destacan su “trayectoria, formación, seriedad y cualidades morales y personales”. Así se expresaron los integrantes del fuero Penal Económico, que firmaron un comunicado en esos mismos términos hace una semana.
De manera similar, la semana pasada, el STJ de Misiones, casi por unanimidad –con la excepción de la ministra Cristina Leiva–, apoyó la candidatura de Lijo con una carta al ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, en la que expresaron que no es necesario que el reemplazante de la exjueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, sea una magistrada mujer.
En la presentación dirigida a Cuneo Libarona, firmada por Rossana Pía Venchiarutti, Cristian Benítez, Ramona Velázquez, Froilán zarza, Juan Manuel Díaz, Jorge Rojas, María Laura Niveyro y Rubén Uset, se sostiene que los jueces misioneros manifiestan su “adhesión a la propuesta de designación del Dr. Ariel Lijo para ocupar el cargo de Ministro de la Corte (…) Confiamos en su visión del Estado, respetando las autonomías provinciales, con su mirada puesta en las necesidades y realidades locales que contribuirán a una Argentina unida y federal.”
“Del mismo modo, respecto a su postura sobre la perspectiva de género en las causas que así lo ameritan. Con la convicción que, para la operatividad de la misma no necesariamente se debe ser mujer, sino su presencia en la deconstrucción de prejuicios y posturas socio culturales, en pleno ejercicio y acatamiento de los compromisos internacionales e interamericanos ratificados por nuestro país y la legislación nacional sancionada a tal efecto”, argumentan los cortesanos misioneros, excepto la mencionada ministra Leiva.
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Sin embargo, en contra del pliego de Lijo se expresaron cerca de diez entidades representativas de la comunidad jurídica, que trabajan en las impugnaciones que presentarán ante el Poder Ejecutivo, al filo del vencimiento del plazo estipulado en el decreto que se publicó en el Boletín Oficial.
De acuerdo con Clarín, los grupos Será Justicia, REJIA, Poder Ciudadano, FORES, Academia Nacional de Derecho, FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados), Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Acción Conjunta Republicana y Profesores Republicanos -entre otras entidades-, trabajan estos días en las impugnaciones que presentarán.
“Cada entidad realizará sus presentaciones de forma individual, en función de la comunidad jurídica que representa, pero son dos aspectos centrales los que nuclean el criterio de todas ellas, que son los causales objetivos para presentar el rechazo: la falta de condiciones técnicas de formación, es decir la debilidad en los antecedentes técnicos jurídicos y después lo referente a la valoración de sus aptitudes morales”, explicó a Clarín la abogada penalista especializada en integridad financiera, María Eugenia Talerico quien trabaja en varias de las impugnaciones.
Justamente, Talerico participará de una presentación pública junto al diputado del Parlasur Álvaro De Lamadrid (UCR) y otros referentes que rechazan de plano, la llegada de Lijo a la Corte Suprema. El propio legislador parlasuriano dijo a este medio, que el 6 de mayo a las 18.30 horas están convocando junto a Talerico y otras personas, “a un encuentro ciudadano por la justicia en la plaza de Tribunales (federales en CABA) donde vamos a decirle a los argentinos no a Lijo, no a la impunidad y no a la complicidad de muchos funcionarios del actual gobierno con el régimen saliente”, sostuvo.
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Y en esa línea, De Lamadrid vinculó el “salariazo” que se asignaron los senadores nacionales, a mano alzada y sin debate días atrás, con la aprobación del pliego de Lijo y de otros 70 funcionarios judiciales. El “dietazo” de los senadores “parece un pago a cuenta para que voten a Lijo y para que el gobierno pueda completar las vacancias de 70 jueces, fiscales y defensores que están siendo armadas por el estudio (del ministro de Justicia Mariano) Cuneo Libarona. Eso también preocupa muchísimo. Esta injerencia del gobierno (en la justicia) que nos retrotrae a las peores prácticas. Parece que las han aprendido del kirchnerismo, para tratar de tener una justicia permeable, servil y domesticada a los intereses del poder ejecutivo”, advirtió el legislador del Parlasur.
Este miércoles, Talerico dijo a Clarín que Lijo “arrastra hace años la difusión de noticias sobre su persona y desempeño por demás negativas, donde cuenta con una denuncia penal y otras formuladas en el Consejo de la Magistratura en las que no se avanzó ni clarificó ninguna de las acusaciones”.
Uno de los planteos formulados por el espacio Será Justicia, que asesora la ex funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, apunta a la “intachabilidad que un juez y ministro de la Corte debe tener, que da previsibilidad respecto a su comportamiento y despierta confianza en la sociedad. Esto responde a la seguridad jurídica que transmite. Nada de esto garantiza Ariel Lijo”, advirtió Será Justicia.
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En tono crítico a la postulación de Lijo promovida por el Ejecutivo Nacional, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), que sostuvo que el magistrado despierta “demasiadas polémicas” en su trayectoria por tribunales y remarcar el rol de su hermano Alfredo, definido como, “operador judicial”.
FORES, una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación pidió que el Gobierno desista de la designación. La entidad ya había sumado su rechazo en un comunicado difundido por la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA). En el mismo sentido se pronunciaron AmCham, IDEA y el Club Político Argentino.
Uno de los puntos de coincidencia de estas entidades señala las “demasiadas son las polémicas que despierta el candidato, quien integra el cuestionado fuero Criminal y Correccional Federal porteño. Esos tribunales despiertan a menudo demasiadas sospechas sobre el manejo que hacen de los tiempos y del destino de las causas en las que investigan el flagelo de la corrupción pública”.
Ante las cuatro denuncias que pesan sobre el juez federal en el Consejo de la Magistratura, el espacio que lidera Elisa Carrió (ARI-CC) insistió con el pedido de investigación del accionar del magistrado. A través del diputado nacional Juan Manuel López, sus representantes legislativos pidieron que se audite la causa penal contra Lijo que terminó archivada. En ese entonces el ahora ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, era abogado del juez y ahora candidato a la Corte.
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Lo que busca el ARI-CC es saber si se instruyó correctamente la investigación, si se agotaron todas las medidas de prueba respecto a la sospecha de presunto lavado de dinero. Y no descarta pedir a la Corte Suprema una auditoría de las denuncias contra Lijo que se cerraron en el Consejo de la Magistratura por vencimiento de plazos o por no encontrar elementos que sustenten la acusación.
Otras seis organizaciones civiles manifestaron este miércoles su “categórico rechazo a las propuestas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentadas por el Poder Ejecutivo”. Se trata de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, que difundieron un comunicado conjunto.
“La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar”, dicen las entidades.
Respecto de Ariel Lijo, las asociaciones recuerdan las “graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias”, y concluyen que “dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal.”
