Los bloques dialoguistas firmaron con disidencias en algunos temas y La Libertad Avanza buscará tratar el proyecto en sesión junto al paquete fiscal, la semana próxima. Larga discusión y quejas de las bancadas que quedaron fuera de las negociaciones.
Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, el oficialismo cumplió con su objetivo en la Cámara de Diputados de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscará llevar al recinto la semana próxima junto al paquete fiscal, ambas cuestiones centrales de cara al “Pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.
El proyecto que sería votado la semana próxima, es una versión acotada y renovada de la iniciativa que el oficialismo fracasó en aprobar en sesiones extraordinarias, en el verano. El texto se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron, pero con disidencias en algunos temas.
Lo último en incorporarse, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos a solamente 17.
De acuerdo con el portal Parlamentario, el igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron los bloques del Pro –el aliado incondicional de LLA–, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
El nuevo texto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. “Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, sostiene el texto y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
En tanto, se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, y el INTA, entre otros.
Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al Ejecutivo Nacional a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.
En cuanto a las privatizaciones, el Banco Nación se quitó de la lista y en este punto quedó en evidencia que el oficialismo no cuenta con los votos para avanzar con la venta. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.
“El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.
Mientras que sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U. También figuran en el esquema de privatización/concesión AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Por otra parte, el Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los 30 años de aportes.
“El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a 30 días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y las condiciones por las que se regirá la prestación”, reza el proyecto que obtuvo el dictamen.
Asimismo, el proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI, que incluye una serie de beneficios para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.
El Ejecutivo había quitado de la nueva versión la cuestión de los impuestos internos al tabaco, pero desde los bloques de la oposición plantearon su incorporación en las disidencias. Insistirán en incluir en el proyecto el capítulo impositivo al tabaco, contemplado en la iniciativa original, que propone eliminar el impuesto mínimo y subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno.
Por otra parte, el capítulo sobre defensa de la competencia se eliminó porque había “visiones encontradas entre los bloques”. También se sacó lo referido a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Desde el bloque de Hacemos Coalición Federal, el diputado Oscar Agost Carreño anticipó que en el recinto plantearán que, con la consolidación de los títulos públicos en manos del FGS de la Anses, se incluya un artículo para que la Nación cumpla con las transferencias a las a las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, un planteo de varios gobernadores. Este punto puede generarle un fuerte dolor de cabeza al oficialismo durante la sesión.
Aunque la UCR proponía una reforma laboral mucho más amplia, de modo de que todas las partes queden conformes, se redujo. Entre los cambios consensuados aparece la eliminación de multas por trabajo en negro, seis meses de período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. No ingresaron las modificaciones que involucran al sindicalismo, por ejemplo, el cese del aporte que sostiene las cajas sindicales. Por esto los radicales lo plantearon en sus disidencias.
De acuerdo con La Nación la reforma laboral es el punto que genera mayor resistencia. Desde Unión por la Patria buscaron sembrar dudas y sospechas sobre presuntas coimas para que este capítulo sea incluido en el proyecto. “La reforma laboral del 2000 se llevó puesto un vicepresidente de la Nación por coimas en el Senado. Los que estaban detrás de (Alberto) Flamarique (exministro de Trabajo durante la gestión de De la Rúa) son los mismos que están detrás de esta reforma laboral. Guarda con lo que suceda en las próximas 72 horas porque podríamos estar frente a una situación de lobby nunca vista en la Argentina”, fustigó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.