El parte policial habla de una vivienda incendiada en un terreno privado de Colonia Delicia, cerca de la ruta 12. La Policía da cuenta del siniestro, que habría sido provocado por una furibunda mujer e informa sobre una causa penal en andamiento, por «usurpación de propiedad privada», ya que el terreno donde se situaba la casa es reclamada por una mujer de apellido Martínez que estaría momentáneamente en el sur del país. En Posadas, la abogada que asesora al Equipo de Pastoral Aborgen (EMIPA) defiende los derechos como un acto de violencia sobre los derechos de la comunidad aborigen y “originaria del lugar” que ocupan desde hace poco tiempo.
Roxana Rivas, abogada asesora del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), se refirió a estos hechos y explicó su postura: “Se violentaron los derechos de la comunidad aborigen y originaria que vive en el lugar”, dijo.
El hecho tuvo lugar el pasado martes, en la comunidad ubicada en Colonia Mado Delicia llamada Tataendí, cuando una mujer acompañada de su marido prendió fuego y destruyó por completo la casa de una familia Mbya Guaraní. Esta familia había ido a hacer la denuncia en sede policial porque habían recibido diferentes tipos de amenazas, amenazas que fueron materializadas mientras se encontraba en proceso la denuncia. Aparentemente, quienes perpetraron el incendio alegan ser los dueños de la tierra ocupada ilegalmente.
En primera instancia, la abogada de EMIPA, se refirió a la familia guaraní: “La familia está bien, por suerte. Además del incendio, también se encargaron de tirar las pertenencias de la familia al arroyo, la ropa y algunas cosas, así que se trató de un momento bastante difícil”. Continuó explicando su versión: “Durante los días previos al incendio notamos la presencia de esta mujer, de la cual no tenemos muchos datos, es decir la mujer se acercó a la comunidad, siempre lo hace acompañada de la policía”.
Rivas también se refirió a la presencia policial en la zona y lo catalogó como un atropello a la vida de la comunidad guaraní: “Denunciamos que la policía ingresa al lugar, sin ningún tipo de autorización, sin orden judicial, acompañando a esa persona que no tiene ningún titulo de propiedad o ningún papel que le adjudique derechos sobre esa propiedad. Lo hace siempre amenazando a los habitantes, además el comportamiento policial es malo también porque amenazan o realizan allanamientos fuera de lugar, revisando el cuerpo de los caciques o haciendo contacto físico buscando si supuestamente tenían armas”.
Rivas expresó también: “Toda la situación ocurrida fue bastante irregular porque en ese lote en particular no se hizo un relevamiento de la comunidad, sino que además se llevaron a cabo varias acciones judiciales y esa tierra les correspondería para que puedan vivir tranquilos. Se trata de un lote que se viene disputando la comunidad hace muchísimos años y que había obtenido una resolución judicial para recobrar la posesión, es decir es un terreno en conflicto porque constantemente aparecen varias personas que dicen tener intereses sobre el mismo y lo hacen en compañía de la policía amenazando a los habitantes”.
La abogada explicó en diálogo con el programa “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, que desde su mirada el inicio del conflicto fue “hace unos años, cuando se había presentado una mujer diciendo que era la dueña de la tierra, se instalaron en el lugar, construyeron una casa, un balneario y un juez ordenó la restitución de la tierra a los guaraníes. Pese a esa orden, esa mujer nunca se fue, siempre se opuso de manera violenta, con diferentes amenazas, hasta incluso disparos. Pero de un tiempo para acá, esta persona desapareció y no se volvieron a producir reclamos y ahora los que aparecen reclaman como suyas las tierras, sin tener ningún tipo de papel, exigen un derecho, pero no tienen; sin embargo, la comunidad tiene un reconocimiento del Estado nacional a través del cual se sostiene que ese lote es parte del territorio ancestral, por tanto, tienen derecho a ocuparlo y a instalarse en él”.
Rivas expresó su preocupación por el accionar de la policia en el lugar: “Nosotros vemos como muy grave lo que ocurre con la Policía, porque se comportaron de manera muy violenta, incluso se violentaron los derechos de los mbyas ya que se hicieron allanamientos sin orden judicial, o cuando se requisaron a las mujeres, no había oficiales mujeres y eso está mal. Haremos una presentación en el Ministerio de Gobierno para que se investigue el hecho. Son hechos graves en los que se comprometieron la integridad física de las familias”.
Incendio de la vivienda
El incendio de la vivienda, habría ocurrido en el atardecer del día martes 9 de abril, según fuentes consultadas por la redacción de Radio Up 95.5. El lote ocupado recientemente por la nueva comunidad guaraní Tataendy, pertenecería a una familia que se encuentra en el sur del país, pero que tiene personas destinadas como cuidadoras.
El juzgado de la ciudad de Eldorado tiene una causa por la cual se investiga la posesión de las tierras, y se investiga la ocupación del territorio por parte de los mbyas guaraníes. Debido a la reciente conformación de la comunidad Tataendí, los privados no admiten el argumento por los cuales el gobierno Kirchnerista les habría otorgado el permiso de ocupación mencionando derechos «ancestrales», cuando en realidad son desprendimientos de otras comunidades que sí tienen los derechos reconocidos por el Estado desde hace muchos años.
Mientras tanto, la Justicia Penal investiga quiénes fueron los autores materiales del incendio y las consecuencias del mismo.
La comunidad Tataendy fue formada recientemente y antes formaban parte de una comunidad guaraní con varios conflictos por la ocupación de la tierra en Puerto Iguazú. Esta comunidad, constituida por nueve familias, desde el mes de enero viene sufriendo todo tipo de amenazas y represalias por parte de terceros. .
Colonia Delicia es el centro de conflictos por la tierra, donde se enfrentan intereses de privados y de cada vez más grupos de guaraníes que reclaman «derechos ancestrales» sobre propiedades ricas en maderas. Incluso se cruzan denuncias sobre apeo ilegal de especies arbóreas (protegidas y no), entres los que se disputan los derechos.
