Uno de los ejes que impulsó el presidente Javier Milei durante su campaña presidencial, fue el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el combate contra el Narcotráfico. Desde el primer día Patricia Bullrich y Luis Petri tomaron esta bandera como eje de acción, reflejando de forma marquetinera la reconstrucción de las fuerzas federales de seguridad, con inclusive la compra de aviones caza, el giro de múltiples recursos a ambos ministerios y la inclusión en el DNU 70/2023 del famoso protocolo antipiquetes.
Por otra parte, desde el lugar más inseguro de nuestro país, Maximiliano Pullaro, el reciente gobernador asumido de la provincia de Santa Fe, advirtió que iba a ser implacable en la lucha contra los narcos de su provincia, recibiendo en estos primeros meses de gestión múltiples amenazas contra él y su familia.
La situación que llevó la situación al límite se dio esta última semana, cuando se registraron 3 muertes en los últimos 4 días, incluido el asesinato de un playero en una estación de servicio en la ciudad de Rosario que ocupó todas las franjas en los medios de todo el país, con la particularidad de que los asesinos dejaron una nota de clara amenaza al Gobernador y su ministro de Seguridad.
Según el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe, en el relevamiento que refleja las estadísticas del año 2023, la Ciudad de Rosario registraba una tasa de homicidios de 22 crímenes cada 100.000 habitantes, quintuplicando a la media nacional que arroja 4 cada 100.000. En total la cifra fue de 259 asesinatos, perteneciendo el 65% de estos a la categoría encuadrada como “Economías ilegales/organización Criminal”.
¿Cómo llegamos a esto? El Narcotráfico como tal llegó a Rosario después de un acuerdo de las dictaduras de Hugo Bazer y Jorge Rafael Videla, llegando cargamentos de marihuana y cocaína desde Bolivia a través del Paraná a finales de los 70. Se cree que así se inauguró de cierta manera esta ruta comercial, acrecentando la corrupción, los quioscos y negocios locales de funcionarios y fuerzas de seguridad que se vieron enriquecidos de manera exponencial.
En los 90 se privatizó el puerto de Rosario, pasando a capitales filipinos, situación a la cual la DEA (Drug Enforcement Administration) catalogó como zona roja de ingreso de cocaína. En los 2000 comenzó a expandirse el negocio con la aparición de los famosos “bunkers”, y el empleo de soldaditos como enviados de los máximos “dealers” como manera de facilitar la circulación del producto en pequeña escala. En el 2006 irrumpen en escena la banda de “Los Monos”, lo que desató una batalla por el territorio, el poder y comenzaron una situación de constante conflictividad con lo demás grupos narcos que ya se encontraban instalados en Rosario, aumentando la violencia e iniciando una narcoguerra.
Una declaración muy famosa de hace no muy poco de Aníbal Fernandez cuando fue ministro de Seguridad de Alberto Fernández, decía que “los narcos habían ganado la guerra”. Múltiples ministros de Seguridad pasaron por ese puesto en estos últimos 4 mandatos, exactamente 7 desde el segundo mandato de Cristina Fernández hasta el actual de Javier Milei. Ninguno pudo concretar con éxito una política precisa en relación a lo que está sucediendo en Rosario y los índices no han hecho más que crecer.
En la jornada de ayer, la actual ministra anunció que necesitan del Congreso para contar con herramientas legales que habiliten a las fuerzas de seguridad a actuar, con penas más duras y mayores recursos para -en palabras de la misma- “ir por las cabezas”.
La situación actual es muy compleja y lo que vemos es solamente la punta del iceberg. Detrás de estos asesinatos existe todo un sistema en el cual están involucrados funcionarios, jueces que hacen la vista gorda, empleados de la administración de puertos y aduanas, gendarmes y miembros de la prefectura que tienen “cotizaciones” de acuerdo al producto que deba ingresar y el punto por el que sea.
La política históricamente ha afrontado malamente la situación. Llenar de gendarmería la ciudad y los barrios solamente ha incrementado la violencia que se vive, aumentando la sensación de confrontación constante en la calle y el miedo a que en cualquier momento todo puede pasar. Hay que analizar y empezar desde lo más bajo de las esferas de poder, terminar con los empresarios funcionales al narcotráfico, y encausar a los funcionarios cómplices en todas las esferas de poder. Una vez deshecho el caminito, se podrá llegar a los que administran los quioscos y finalmente a los máximos repartidores del producto. Un largo camino, sin promesas de éxito, pero que finalmente alguien lo debe afrontar.
Esperemos no sea demasiado tarde para Santa Fe y que no se convierta en nuestra Sinaloa Argentina.
