En febrero de 1852, tuvo lugar la Batalla de Caseros, en la cual el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas —gobernador de la provincia de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina—, fue derrotado por el Ejército Grande, compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y los unitarios exiliados, liderado por Justo José de Urquiza —gobernador de Entre Ríos, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en el Pronunciamiento de Urquiza—, y que tuvo como consecuencia la renuncia inmediata de Rosas al gobierno y su exilio en Reino Unido.
Esta situación que marcó el inicio de la unidad de las provincias contra el centralismo del gobierno de Buenos Aires, desembocó finalmente en el denominado Acuerdo de San Nicolás que dio origen a la primera Constitución Nacional, cuya base se mantiene en gran medida en la parte dogmática del máximo texto legal.
El texto constitucional de 1853 al cual las 14 provincias adhirieron, establecía que las provincias no pueden ejercer el poder delegado a la Nación y que el Estado nacional puede intervenir en ellas para restablecer el orden o castigar cualquier peligro de sedición, delito reconocido constitucionalmente y penado por el Código Penal que se mantiene hasta nuestros días.
Más de 170 años después, las provincias vuelven a reclamar la devolución de ciertas facultades delegadas, en defensa de los intereses locales frente a un Gobierno que centraliza los recursos de la administración nacional.
El puntapié de este conflicto lo inició Chubut, cuando su gobernador, Ignacio Torres, advirtió a la Nación que cortaría el suministro de petróleo y gas si no recibía los fondos coparticipables que les adeudan. Se sumó recientemente a las advertencias Tierra del Fuego, que amenazó con interrumpir por un día la producción de Petróleo, y la provincia de Buenos Aires que en palabras del Gobernador Axel Kiccilof, solicitó al gobierno nacional racionalidad, porque si se pusieran a fantasear podrían llegar a cerrar los puertos.
En la tarde de ayer los gobernadores del sur del país, se reunieron en el Senado de la Nación a los fines de ratificar este acuerdo de unión y reclamo conjunto a la Nación, en la previa del tratamiento en el Senado del DNU 70/2023. En este sentido durante el transcurso del día, la Justicia federal apareció en escena, fallando en favor del gobernador Chubutense, ordenando suspender el recorte de fondos, situación en la que se respaldó el mandatario en rueda de prensa, manifestando que para su provincia el tema está saldado.
En las últimas horas del día martes, momento en el que fue escrita esta nota, el gobierno nacional preparaba la apelación al fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a través de la procuración del Tesoro a cargo de Rodolfo Barra.
La situación nos lleva lentamente a dos escenarios posibles. En primera medida los gobernadores están ejerciendo cierta “rebelión del interior” como lo fue en el inicio del armado nacional dos siglos atrás, reclamando a Nación la reparación histórica de una coparticipación que lleva más de 30 años sin ser modificada, poniendo especial cuidado en los recursos propios y en la defensa de la realidad local.
Esta situación los está llevando a tomarse atribuciones que sobrepasan la autonomía de las provincias, cayendo muy cerca del delito constitucional de Sedición, cuestión que el gobierno nacional ya advirtió a los gobernadores de ir a la justicia si es necesario; por ende, será en última instancia la Corte Suprema quien definirá las cuestiones relativas a la coparticipación y los fondos nacionales.
El otro escenario posible es que los gobernadores apuesten a la rosca política, al camino judicial y a ejercer las presiones necesarias para que el Gobierno habilite fondos que eviten el desfinanciamiento o la caída en default como sucedió con la provincia de La Rioja, lo cierto es que Chubut pateó el tablero y marcó un precedente muy importante que podría generar una reacción en el mismo sentido por otros mandatarios provinciales.
La realidad es que las provincias cuentan con un desequilibro fiscal importante, que ya data de hace mucho tiempo atrás. Es necesaria sin duda alguna, un acomodo y sinceramiento de las cuentas. Lo que no se puede dejar atrás es la realidad económica y el contexto coyuntural, que requiere un ajuste consensuado y con un plan a largo plazo que permita que las provincias no caigan en recetas que no han funcionado jamás, como en la emisión de cuasimonedas como lo hizo La Rioja o en una fuerte suba de impuestos como lo hizo provincia de Buenos Aires.
Lo cierto es que los gobernadores se han puesto en modo caudillo y ha empezado la rebelión hacia el poder Central del presidente. El escenario es incierto, pero si hay algo que nos enseña la historia es a aprender de ella y no repetir los errores del pasado que tanto dolor nos han dejado.
