Diversos jefes comunales, encabezados por los intendentes de Rosario y de Córdoba, esperan que la Nación oficialice el anuncio, que no se formalizó. Estudian ir a la Justicia porque el Fondo para el transporte del interior fue creado por ley y está presupuestado. En Posadas, el boleto sin subsidios podría llegar a los $1.200
Los intendentes de las principales ciudades del país, que este jueves emitieron un duro comunicado por el anuncio de la eliminación del Fondo Compensador para el transporte del interior, ahora esperan la publicación oficial de la decisión para hacer una presentación en la Justicia. Hasta el momento no se ha publicado el decreto que se requiere para terminar con una institución creada por ley y cuyos recursos, además, están presupuestados, según advirtieron los intendentes.
Es que al prorrogar el presupuesto 2023, la gestión de Javier Milei mantiene los montos asignados que, si se actualizaran en función de la inflación proyectada en esa norma, serían unos $140.000 millones este año. El decreto no puede ser retroactivo, por lo que la Nación debe pagar enero y febrero. En el primer mes del año, el gobierno no abonó el subsidio y a esta altura del mes, aún no se transfirieron los recursos de febrero.
De acuerdo con La Nación, el intendente de Rosario Pablo Javkin contó que tuvo una “buena conversación” con el ministro de interior, Guillermo Francos, y adelantó que los intendentes viajarán a Buenos Aires “a plantear el sentido común”, y añadió que “la razonabilidad tiene que imperar”. Y afirmó: “Dicen que es una represalia contra las provincias pero no es contra los que gobernamos, es contra los ciudadanos del interior”.
En un comunicado difundido este jueves, con las firmas de Javkin, su par de Córdoba, Daniel Passerini, y decenas de alcaldes, se señaló: “Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”.
De hecho, los jefes comunales venían desde hace semanas, conversando con la secretaría de Transporte sobre un posible aumento de los recursos del Fondo.
A diferencia de otros giros de la Nación a las provincias, los del transporte tienen trazabilidad: se entregan a las empresas contra CUIT y las unidades tienen GPS para auditar los recorridos. “No hay argumentos para sostener que van a una caja negra. Van a las empresas y favorecen a los ciudadanos”, aseguró a La Nación, el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez.
Añadió que el acuerdo para la instrumentación de la SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) en la ciudad se firmó en setiembre pasado. “Si estuvieran mil máquinas y los plásticos, se puede avanzar, pero no hay nada de eso. Entonces la transición hay que resolverla”, explicó Bermúdez, poniendo de relieve que ningún ciudadano cordobés puede acceder a subsidios implementados a través de los plásticos SUBE Nacional. Situación esta que se replica en numerosas ciudades y provincias, como Misiones, donde no llegó la SUBE Nacional. Según estimaciones conocidas en las últimas horas, el boleto urbano en Posadas, podría pasar de $250 a $1.200, sin los subsidios nacionales.
Por otra parte, los intendentes coinciden en que es posible el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, pero subrayan que debe “ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio”. Y advirtieron que “hacerlo de manera improvisada, puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”.
Javkin planteó que la Nación “debería aumentar el subsidio de la SUBE y, por lo tanto, mantendría el aporte de manera indirecta” y dijo que “la medida no tiene lógica para cuidar recursos”.
Además del intendente rosarino y el alcalde cordobés, firmaron el comunicado, los siguientes jefes comunales: Jorge Jofre (Formosa), Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juán Pablo Poletti (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta), Rosario Romero (Paraná), Raúl Jorge (San Salvador De Jujuy), Marcos Ferrer (Río Tercero), Javier Martínez (Pergamino), Santiago Passaglia (San Nicolás), Ulpiano Suarez (Mendoza), Pablo Petrecca (Junín), Eduardo Accastello (Villa Maria) Damián Bernarte (San Francisco), Eduardo Tassano (Corrientes), Carlos Saloniti (San Martín de Los Andes), Luis Bertolini (Plottier) Mariano Gaido (Neuquén) y Marcos Castro (Viedma) Estos alcaldes pertenecen a distintos espacios políticos, aunque, por supuesto, ninguno es de La Libertad Avanza.
Por su parte, el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, ahora director del Instituto Consenso Fiscal, observó que el anuncio de la Secretaría de Transporte de la Nación fue a través de un comunicado. Advirtió que esa área del Gobierno pertenecía a Infraestructura y que “no está aprobada ninguna fusión” de ese ministerio con el de Economía.
“De hecho, el presunto exministro Guillermo Ferraro, cuyo despido se anunció hace dos semanas, sigue siendo titular de su cartera. La desvinculación jamás se oficializó. Más aún, la Secretaría de Transporte aprobó hace tres días la Resolución Nro. 5/2024, bajo dependencia del Ministerio de Infraestructura”, añadió el exlegislador.
En ese contexto, según Rodríguez, la eliminación del Fondo Compensador debe “formalizarse” desde Infraestructura.
