Así surge de la resolución 1601/23 del ministro de Hacienda Adolfo Safrán, que autorizó los incrementos tarifarios a la empresa provincial de la energía y las cooperativas eléctricas de Misiones. El nuevo esquema tarifario no refleja la progresiva quita de subsidios nacionales y se espera otro fuerte aumento en enero.
El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, autorizaron a la deficitaria empresa Energía de Misiones SA (EMSA) y a las cooperativas eléctricas de la provincia a aplicar un fuerte incremento en las tarifas de diciembre que vencen en los primeros días de enero, que ronda el 50% en promedio y, por otra parte, establece una recategorización de los usuarios. La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial de Misiones, en su formato digital.
A este “tarifazo” energético aplicado en Misiones antes de que se materialice una quita de subsidios nacionales, le podría seguir otro en enero, cuando el gobierno de Javier Milei comience con el proceso de reducción de los mencionados aportes, con vistas en estabilizar las variables macroeconómicas y achicar el déficit fiscal. En la resolución 1601/23 firmada por Safrán, está explicitado que EMSA y las cooperativas podrán informar sobre los montos de los subsidios que –según la provincia– componen la tarifa eléctrica.
En la argumentación de la medida que representa un nuevo golpe al bolsillo del usuario y que impactará en los precios de las góndolas, al aumentar los costos operativos de los comercios grandes y pequeños, fue argumentada en función del incremento de la cotización del dólar oficial con relación al peso, que se tradujo en un aumento en el costo de la energía mayorista y de la distribución de la misma.
Según consta en la resolución 1601 firmada por Safrán, la resolución N° 1478/23, “autorizó para el período 10/2.023 la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) con incrementos: Del 12% para las categorías Residenciales y No Residenciales con potencia menor a 300 KW, del 4% para la categoría 12 Distribuidores Cooperativas, más la actualización del valor de las cuotas de servicios de todas las categorías de los cuadros tarifarios”.
Asimismo, la resolución 1601 menciona en sus considerandos que otra resolución anterior, la N° 884/2.023 de la Secretaría de Energía, “aprueba la Programación Estacional de Verano para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y establece los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la energía (PEE), correspondiente al período comprendido entre el 1° de Noviembre de 2.023 y el 30 de Abril de 2.024”.
Esta resolución 884/23 definió “para el período comprendido entre el 1° de Noviembre de 2.023 y el 31 de Enero de 2.024, los nuevos precios de Referencia de Potencia y Estabilizados de la Energía Sin Subsidio, para continuar mostrando con carácter informativo en los documentos comerciales a los usuarios, los Subsidios del Estado Nacional involucrados en cada período, es decir, comparando las tarifas ‘Sin Subsidio del Estado Nacional’ y las de aplicación vigente”.
Este punto implica que EMSA y las Cooperativas están autorizadas a mostrar los precios de las tarifas “sin subsidios”, lo que es crucial para que el costo político del impopular tarifazo recaiga especialmente sobre el gobierno nacional, y su política de reducción del déficit fiscal y de los subsidios estatales.
“El Poder Concedente considera necesario autorizar el traslado de los costos de la energía mayorista, definidos en el Anexo I de la Resolución SE N° 884/23, vigentes a partir de 1° de Noviembre 2.023 y hasta el 31 de Enero de 2.024” y que «las tarifas que resulten de la aplicación de los precios estacionales del Anexo I citado, para el trimestre comprendido desde el 1° de Febrero y hasta el 30 de Abril de 2.024, serán evaluados y puestos a consideración del Poder Concedente”, aclara la resolución de Safrán, abriendo la puerta a nuevos incrementos tarifarios a partir de febrero, cuando se materialice la reducción de los subsidios nacionales.
De acuerdo con la resolución de Hacienda respecto de la cuestión tarifaria, “la situación de la Distribuidoras Provinciales es delicada comparando el VAD (Valor Agregado de Distribución) incluido en la tarifa vigente, frente a los costos reales de la prestación del servicio público, que incluyen operación, mantenimiento y reposición de infraestructura, gastos comerciales, salarios y otros. Esta situación se agrava fundamentalmente como consecuencia del proceso inflacionario”, sostiene el documento que, vale remarcar, en ningún momento habla de las finanzas y la administración de EMSA, la principal empresa del Estado misionero, que arrastraría un déficit operativo de miles de millones de dólares.
Según la resolución 1601/23 de Safrán, “el Poder Concedente”, es decir, el Estado provincial que es el responsable de la provisión del servicio de energía y “concede” la prestación a la empresa mixta estatal – privada EMSA, “trata de conciliar las necesidades de las Distribuidoras y la población en general, y en particular de la actividad económica atenuando las necesidades de recomposición tarifaria por los incrementos de costos”.
Prosiguiendo en su defensa del nuevo aumento tarifario, la citada resolución sostiene que el gobierno “considera conveniente que la actualización del VAD (Valor Agregado de Distribución) se realice en forma gradual. Teniendo presente que las aplicaciones de incrementos mensuales de menores porcentajes son más convenientes y dan previsibilidad a los usuarios”.
“En tal sentido se establece, para el período 11/2.023 incrementos del 12% para los Residenciales (categorías 1, 5 y 9), del 12% para los No Residenciales (categorías 02, 03, 04, 06, 07, 10a, 11, 13, 14, 15, 16a, 17a, 18a), un incremento del 4% para la categoría 12 Distribuidores Cooperativas y continuar con los valores vigentes de las cuotas de servicios de todas las categorías de los cuadros tarifarios que integran la presente Resolución”, sostiene la resolución de Safrán, que intenta matizar lo que en la práctica, son incrementos en torno al 48% en promedio, en las boletas de luz de enero.
Otro dato pertinente respecto del nuevo tarifazo aplicado en Misiones, que recuerda al del inicio del primer gobierno de Passalacqua, en enero del 2016, que desembocó en protestas masivas frente a EMSA, tiene que ver con la recategorización de los usuarios.
Visto y considerando que “la Resolución N° 1478/23, atento a la decisión del Gobierno Provincial de adecuarse a los lineamientos establecidos sobre la asignación de subsidios a la energía establecidos por el Decreto N° 332/22 y la Resolución N° 467/22 (SE) citados en el visto, resolvió para el ciclo de facturación correspondiente al mes de octubre, que los usuarios residenciales no registrados en el RASE [NdR Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía], con consumo promedio igual o superior de 500 KWh/mes de consumo, calculado durante el período de doce (12) meses anteriores al ciclo de facturación, fueran categorizados como Nivel 1, es decir usuarios con ingresos mayores”.
“Consecuentemente para el ciclo de facturación al mes de noviembre, los usuarios residenciales no registrados en el RASE, con consumo promedio igual o superior de 450 KWh/mes de consumo, calculado durante el período de doce (12) meses anteriores al ciclo de facturación, serán categorizados como Nivel 1, es decir usuarios con ingresos mayores”, sostiene la resolución de Safrán, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, este martes 2 de enero.
Este cambio de categoría de usuarios, con un conjunto de residenciales considerados “usuarios con ingresos mayores”, tiene una lógica consecuencia tarifaria: un incremento más acentuado para estas familias que consumieron 500 kilowatts en el mes de facturación o 450 kw en promedio, en los doce meses previos.
Sin olvidar que la Tarifa Social Provincial estuvo vigente hasta el 31 de diciembre pasado, la resolución de Safrán plantea que “frente a la compleja situación económica que se encuentra atravesando el país, si bien resulta necesario seguir beneficiando y garantizando el acceso al servicio público de electricidad de los sectores más vulnerables y, mediante ello, evitar que aquellos se vean privados de su uso en virtud de no poder afrontar su costo como consecuencia de la eliminación de los subsidios nacionales, se estima oportuno modificar a partir del período de facturación 11/2.023, el porcentaje de descuento, del cincuenta y seis por ciento (56%) actualmente vigente, al cincuenta y tres por ciento (53%)”
Ahora bien, el articulado de la resolución 1601/23 que no menciona los porcentajes de incrementos tarifarios, no puede ocultar el aumento concreto que sufrirán los usuarios de EMSA y de distintas cooperativas en Misiones. De acuerdo con la CELO (Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada) las facturas de sus socios tendrán “un incremento de un 48%, que impactará en la facturación del periodo diciembre 2023 con vencimiento en febrero de 2024”.
Así lo informaron en un comunicado de prensa desde la CELO, dado a conocer en las últimas horas.
Más allá de los anuncios oficiales, en las facturas que ya fueron emitidas y llegaron a la mayoría de los hogares en Posadas, puede observarse el dramático incremento en las tarifas de EMSA, una empresa privada controlada por el Estado provincial, que es ultradeficitaria y acumula una deuda prácticamente impagable con la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)
Sólo para graficar con números, el mega-tarifazo autorizado por Passalacqua y Safrán: el costo de los primeros 30 kWh en un hogar residencial, pasó de $16,70 (septiembre – con vencimiento en octubre) a $27,68 (diciembre – con vencimiento en enero). El mismo incremento y valores corrieron para los siguientes 90 kWh. En tanto, los siguientes 80 kWh que costaban $18,02 (septiembre – octubre), pasaron a costar $29,87 (diciembre – enero). Y los siguientes 169 kWh alcanzaron, para este hogar residencial, los $31,58 en las facturas de EMSA que vencen en enero.
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