Si nos remontamos a tiempos prehistóricos, la lucha por un derecho podría suponer aquella que consistía en combatir para sobrevivir, en la caza de un animal salvaje, en el enfrentamiento por un territorio determinado y varios ejemplos más que han engrosado las enciclopedias.
Lo que está claro definitivamente es que para que exista un derecho se requiere luchar, y allí encontramos la libertad que buscamos o quizás el derecho que creemos necesitar. En muchas ocasiones luchamos por derechos que no son tales o que asumimos, son las únicas formas que contamos para lograr nuestros objetivos. Esta confusión, lejos de ser una discusión circunstancial, se ha vuelto a lo largo de los años algo que se repite, con cambios y mutaciones ligados a intereses que en ocasiones son más grandes que las de un pequeño grupo.
Alguna vez la libertad propuesta por Cristóbal Colon significó la conquista de un derecho sobre los pueblos nativos, quienes a decir verdad pusieron sus bienes a disposición del hombre blanco a cambio de libertad, curiosamente una libertad que tenían y que la administraban a su manera, sin embargo, la intromisión del navegante redefinió el concepto de derecho y se “conquistaron” nuevos derechos.
Este loop de derechos y luchas no ha hecho más que evolucionar según la conveniencia de quienes contaron con una cuota de poder superior al resto de las personas, y digo evolución para hablar de pasado-presente, no para determinar un avance social.
Sucede que en el trazado de la línea del tiempo encontramos quienes han construido un relato en el que afirmaron que determinada acción o condición nos otorga un derecho. Este desgastado concepto al día de hoy es sometido a análisis y discusiones incluso en lo cotidiano; prueba de ello son los sucesos recientes en virtud de la aparición del DNU presidencial que afirma consolidar derechos y propone disolver otros derechos.
¿Si los derechos que existen son determinados por el gobernante de turno, el derecho anterior era justicia o un placebo de libertad?
Esta pregunta de compleja respuesta nos invita a discutir algunos temores que surgen a partir de la propuesta; por ejemplo, la posible eliminación del financiamiento a las obras culturales, teatro, danzas, artes varias. Es que resulta que en los últimos 20 años el kirchnerismo optó por considerar que un derecho adquirido es el de poder producir arte, lo cual puede ser aceptable; sin embargo, el problema que se suscitó en el auge de este “derecho” se vincula a la absoluta necesidad de contar con el Estado para producir cultura.
Si bien la cultura ha sido indispensable para la humanidad, la intromisión del Estado en ella no ha hecho más que tutelarla, y consiguió convertir la más pura manifestación del ser en un cuestionado montaje cultural. Esta particularidad ha logrado que cientos de compañías culturales se aboquen a producir contenido militante o superficial, alejando al talento auténtico de la humanidad, en este caso de los argentinos.
Tal es la mediocre consideración cultural que en zonas limítrofes como la provincia de Misiones, en lugar de destacar y difundir los orígenes de la Tierra Colorada, se hacen campañas con eslogan en inglés e incluso la invasión cultural de los países vecinos es tan grande que se vuelve complejo distinguir la identidad local, de lo extranjero.
Volviendo a la posible eliminación de derechos culturales, me surge pensar si una empresa produce un producto y este no es consumido por el público ¿cuál es la razón por la cual el Estado o algún privado deba sostenerlos? Quizás, la respuesta sea repensar el producto y volverlo atractivo, para que además de lograr la supervivencia también se pueda lograr la comercialización, sin necesidad de contar con un Estado que invierte en la producción y posteriormente vuelve a invertir en la compra del producto.
Toda arbitrariedad dispuesta para crear un derecho o quitarlo debe suponer una discusión con la sociedad toda, de lo contrario aquello que se cree un derecho resulta una imposición ideológica y no una construcción de la sociedad. El modo como el kirchnerismo utilizó los canales de la cultura para adoctrinar les quitó la posibilidad a los hacedores de cultura de comercializar su producto. Todo aquel que pretenda eliminar un sistema cultural de manera violenta debe ser cuestionado con el mismo ímpetu, de lo contrario ni el uno ni el otro serán derechos, sino más bien negocios que cambian de dueños.
En la libertad de estado el dueño es el soberano, en la libertad de mercado el dueño es el patrón. Mientras sigamos discutiendo quién es el dueño y olvidemos que el único amo es el soberano, seguiremos disputando miserias como la quita de fondos al negocio de unos pocos mientras la desigualdad crece y tapa a los que no pueden ser escuchados.
El estudio de la prehistoria, además de poder comprender los papiros y grafitis en cuevas, nos permite conocer los errores de las comunidades y primeros pueblos, para no volver a cometer los mismos. Es hora de que la Argentina trace una línea y de un lado coloque lo que está mal y del otro lo que se puede mejorar, dejando de lado la suposición de verdades absolutas que crecen al calor del poder y de los que viven de este.
El 2024 se abre paso en pocas horas, se reinician las esperanzas, la ilusión de nuevas oportunidades se materializa y todo será posible si tenemos fe en cada vecino siempre y cuando el paso que demos sea para avanzar y construir en lugar de destruir.
Feliz Año Nuevo, que la paz sea el norte para la construcción de nuevas ideas; y el encuentro con las disidencias, el motor de arranque para lograr la estabilidad que buscan los más necesitados.
