El fiscal Marijuan, que investiga la causa en la que se detectó que empleados públicos de 24 provincias y de la CABA son beneficiarios del programa, envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron la información sobre sus trabajadores estatales. Incurrieron en el incumplimiento, el exgobernador Oscar Herrera Ahuad y el actual mandatario Hugo Passalacqua.
El pasado 8 de noviembre, el fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), envió un oficio a las 24 jurisdicciones del país, 23 provincias y un distrito federal(la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), para que “de manera inmediata” pongan a su disposición “la nómina con los datos de la totalidad de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral, bajo cualquier tipo de modalidad para que se proceda a su entrecruzamiento con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.
Esta medida apunta a corroborar cuántos empleados provinciales perciben de manera irregular los planes Potenciar Trabajo, el programa más importante del ex Ministerio de Desarrollo Social, que ahora está administrado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Marijuan ya inició la Investigación Preliminar que apunta a que existen empleados de los 24 distritos subnacionales que perciben de forma irregular el Potenciar Trabajo, un beneficio que solo debe ser percibido por las personas que se encuentran “en alto riesgo o estado de vulnerabilidad”. Si bien los datos que hasta el momento recibió el funcionario judicial son parciales porque no todas las provincias respondieron, ya se puede afirmar que existen, como mínimo 8 mil incompatibilidades, señala el portal Infobae.
En ese marco, en las últimas horas, el fiscal envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados públicos, es decir, la información que ya solicitó a principios de noviembre.
De acuerdo con fuentes oficiales, sólo 10 provincias cumplieron con la demanda judicial y entre las que no lo hicieron, figura Misiones. Además de la provincia que conduce el gobernador Hugo Passalacqua, tampoco enviaron sus bases de datos, las administraciones de CABA, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En la fiscalía que preside Marijuan, consideran que o los gobernadores “no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo, que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro”, o bien “están atrasados por las elecciones y el cambio de gobernadores en varios distritos”.
Vale destacar que, en el caso de Misiones, el incumplimiento en la remisión de la base de datos de los empleados públicos para que sean cotejados con la base del programa Potenciar Trabajo, les cabe tanto al exgobernador Oscar Herrera Ahuad, como al actual mandatario, Hugo Passalacqua. Y en este caso, el cambio de autoridades no implica un cambio en el color político del gobierno de turno. Es decir, ambas administraciones pertenecen al mismo espacio político –el Frente Renovador de la Concordia Social–, por lo que hay una suerte de continuidad administrativa, con varios ministros y funcionarios que continúan en sus cargos.
En base a los entrecruzamientos ordenados por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), y que se realizó con la nómina de empleados públicos de las provincias que respondieron, y realizado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) surgen que, a la fecha, como mínimo existirían 8.535 incompatibilidades en 10 provincias. Todos estos planes están en condiciones de ser dados de baja.
Así pues, en el marco de esta mega-causa, Marijuan ya le había solicitado a la exministra de Desarrollo Social y ahora diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que dé de baja a 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que desde el año 2020 “reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”.
Es decir, son beneficiarios del Potenciar Trabajo que viajaron fuera del país mostrando una capacidad de ahorro que no se compadece con la situación de personas “en estado de vulnerabilidad social”. En el dictamen, el fiscal detalló: “817 viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó”.
De los movimientos en avión, Marijuan, reveló que “20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales”.
Para el fiscal, por parte del Estado, y sobre todo, del desaparecido Ministerio de DDSS, existe un “absoluto descontrol” sobre los planes. Esos 159.919 beneficiarios que cobran el Potenciar Trabajo de manera irregular, significa una erogación por parte del Estado de más de $10 mil millones de pesos por mes.
Sobre al cotejo de bases de datos (de empleados provinciales y beneficiarios de Potenciar Trabajo) de las provincias que enviaron la información sobre sus empleados públicos, se constató la cantidad de trabajadores que perciben los planes sociales de forma ilegal. De acuerdo con www.lmneuquen.com, en Tucumán habría 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; en La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; en Jujuy 652; en Corrientes 518; en Salta con 434; en Río Negro con 198; en Córdoba 194; en Formosa 180; y en Santa Cruz 128.
En Misiones, es posible que existan trabajadores provinciales o municipales que estén percibiendo los Potenciar Trabajo en la actualidad, y para despejar esas dudas, el gobierno renovador debería remitir al fiscal Marijuan, la base de datos sobre su planta laboral. De hecho, ya hay antecedentes: en 2012, se detectó que decenas de familiares y allegados del intendente de Candelaria Carlos Flores, muchos de los cuales eran empleados municipales, cobraban pensiones no contributivas (PNC) para personas con discapacidad.
