En medio de la creciente tensión sobre las políticas migratorias, la firma de tres leyes antiinmigrantes por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, generó fuertes críticas desde la Casa Blanca. Una de estas leyes, la SB4, fue particularmente controversial, ya que facilita las deportaciones sin el debido proceso, según denuncia la Administración de Joe Biden.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la nueva legislación como «radical» y expresó su preocupación de que no contribuirá a aumentar la seguridad en las comunidades texanas cercanas a la frontera con México. Jean-Pierre señaló que la ley «demoniza» y «deshumaniza» profundamente a los migrantes, y afirmó que no refleja los valores que el país debería representar.
La Casa Blanca no confirmó si tomará acciones legales contra Texas para frenar la implementación de esta polémica ley. La portavoz indicó que la decisión de demandar al Estado es responsabilidad del Departamento de Justicia y no ofreció detalles sobre la posible estrategia que la Administración Biden podría adoptar.
En respuesta a la ley SB4, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda impugnando la normativa. Esta ley otorga a policías y jueces estatales la facultad de detener y deportar a migrantes sin el debido proceso, contradiciendo las leyes federales y generando preocupación en defensores de los derechos civiles.
México también se pronunció al respecto, calificando las normativas como «medidas de corte político». La secretaría de Relaciones Exteriores mexicana destacó que, en Estados Unidos, el control de la frontera y la aplicación de leyes migratorias son competencias exclusivas del gobierno federal. La preocupación por el impacto negativo en las comunidades latinas y la posibilidad de separación de familias fue compartida por el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).
