El Gobierno nacional tiene avanzado un acuerdo con la Fundación Rewilding Argentina (FRA) para habilitar su acceso e intervención durante los próximos diez años en el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Natural Silvestre Alto Iguazú. La iniciativa, que todavía no fue formalizada, genera cuestionamientos por el alcance de las facultades que tendría la organización y el nivel de control que conservaría el Estado sobre las áreas protegidas.
La fundación fue creada por el fallecido empresario estadounidense Douglas Tompkins y actualmente está vinculada a la conducción de Kristine McDivitt, su viuda, y Sofía Heinonen. De concretarse el convenio, sería el sexto acuerdo que consigue la organización en 15 años para desarrollar actividades en tierras fiscales nacionales y espacios bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales (APN).
Según documentación extraoficial, el director nacional de Conservación, Frank Fernández, presentó el primer borrador de la iniciativa para Misiones, luego de que en octubre se formalizara la renovación de un convenio similar para el Parque y la Reserva Nacional Iberá, en Corrientes. La propuesta ya contaría con el aval de las actuales autoridades del Parque Nacional Iguazú.
El avance se produce después del desembarco de la fundación en la zona de Península Andresito, donde el año pasado anunció desde Estados Unidos un proyecto de protección y reintroducción del yaguareté en la cuenca del río Paraná. Para desarrollar esa iniciativa, adquirió una propiedad de 164 hectáreas sobre la costa sur del río Iguazú.
El nuevo convenio buscaría garantizarle acceso a las áreas protegidas nacionales que limitan con ese terreno privado, ampliando así su presencia en la selva misionera.
Un borrador que cuestiona el control de Parques Nacionales

Uno de los aspectos más controvertidos del documento es el mecanismo previsto para supervisar las actividades de la organización. El texto establece que Rewilding Argentina deberá informar cada noviembre a la Intendencia del Parque sobre su planificación anual, aunque aclara que ese documento no estará sujeto a aprobación de la Administración de Parques Nacionales.
En concreto, el borrador señala que “este documento es meramente informativo y no genera obligación de cumplimiento ni requerirá de aprobación por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN)”.
La redacción genera preocupación en sectores ambientalistas y científicos porque, según las objeciones planteadas, podría habilitar a la fundación a desarrollar sus actividades sin una instancia efectiva de fiscalización o autorización estatal sobre su planificación.
Entre las tareas contempladas figuran el monitoreo de biodiversidad, la detección de amenazas, el desarrollo de turismo de naturaleza y la elaboración de líneas de base sobre la salud de los ecosistemas, tanto dentro como fuera del sector Este del Parque Nacional Iguazú.
Se trata de funciones que históricamente estuvieron a cargo de equipos técnicos y científicos del Estado argentino, en articulación con universidades nacionales. El avance del convenio también se produce en un contexto de desmantelamiento de áreas técnicas y científicas de la administración nacional, que habría reducido las voces críticas internas frente a la expansión territorial de la organización.
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La reactivación del destacamento Apepú
El borrador también contempla la reactivación del destacamento Apepú, una base operativa de guardaparques ubicada en un sector de difícil acceso, en el corazón de la selva paranaense dentro del Parque Nacional Iguazú.
Ese espacio pasaría a funcionar como un nodo estratégico para las operaciones de Rewilding Argentina en la frontera norte, dentro del esquema de actividades previsto en el acuerdo.
La iniciativa en Misiones se sumaría a otros territorios donde la fundación ya tiene presencia mediante convenios o proyectos vinculados con áreas naturales protegidas. Entre ellos figuran los Esteros del Iberá, en Corrientes; el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco; el Parque Nacional Patagonia, en Santa Cruz; el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, en Chubut; y los alrededores del Parque Nacional Baritú, en Salta.
De avanzar la firma, la selva misionera se incorporaría a ese esquema de expansión territorial, con un acuerdo que permitiría a la organización desarrollar actividades durante una década en dos áreas protegidas nacionales. El alcance de las atribuciones previstas y el papel que conservaría la Administración de Parques Nacionales en la supervisión de esas tareas aparecen como los principales puntos de controversia.
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