El desalojo de María Angélica y José Alberto, la pareja de adultos mayores con discapacidad que vive en el barrio San Onofre de Posadas, permanece suspendido por el momento. Así lo confirmó el defensor del Pueblo de Posadas, Juan Matías Paonessa, durante una entrevista con Radio Up, donde brindó detalles sobre las actuaciones realizadas para intentar evitar que la familia quede sin una alternativa habitacional.
El caso había tomado estado público luego de que Radio Up diera a conocer la situación de la pareja, que vive hace más de 13 años en la propiedad. María Angélica es no vidente, mientras que su esposo se encuentra hemipléjico y utiliza silla de ruedas tras sufrir un accidente cerebrovascular. Ambos habían manifestado que no tienen otro lugar donde vivir ni recursos suficientes para afrontar una mudanza.

Según explicó Paonessa, el procedimiento judicial ya tenía fecha establecida y estaba listo para ejecutarse. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron concretarlo y ese tiempo permitió que distintos organismos pudieran intervenir en el expediente. "Afortunadamente, al menos para nosotros como institución de Derechos Humanos, justo acompañó el clima ese día y llovió. Se pudo conseguir un poco de plazo para que tanto nosotros, como Defensoría del Pueblo, como otros organismos podamos intervenir en el expediente judicial", señaló.
El funcionario confirmó que la Defensoría se incorporó formalmente al expediente y que realizó presentaciones para solicitar que se contemplen las condiciones particulares de vulnerabilidad de la pareja antes de avanzar con el procedimiento.

El certificado del RENABAP, uno de los puntos centrales del reclamo
Uno de los aspectos que Paonessa consideró más importantes dentro de las actuaciones es la existencia de un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), cuya situación, según sostuvo, no habría sido contemplada en el proceso judicial.
En ese sentido, explicó que solicitaron que se tenga en cuenta ese documento, al considerar que su vigencia puede representar un impedimento para concretar el desalojo. "Todos omitieron la existencia de un RENABAP que, si bien quizás a nivel presidencial se lo quiera dejar fuera de vigencia, aún sigue vigente y eso impide que se haga el desalojo", afirmó.
Además, la Defensoría pidió que se incorporen informes socioambientales para conocer en profundidad la realidad del grupo familiar, sus ingresos económicos y las dificultades que enfrenta para conseguir otra vivienda. "Hemos pedido que se incorporen informes socioambientales, también otras opciones de alojamiento, como para ver el grupo familiar que está componiendo los ingresos familiares y los impedimentos de buscar nueva vivienda", detalló Paonessa.
Sobre el estado actual de la medida, el defensor del Pueblo fue contundente: "Por el momento sí, hasta tanto haya nuevas disposiciones judiciales". De esta manera, aclaró que la suspensión continúa vigente, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre el conflicto habitacional.

Paonessa cuestionó la falta de notificación a los organismos de Derechos Humanos
Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la intervención de la Defensoría del Pueblo y señaló que el organismo no había sido convocado ni notificado inicialmente sobre el procedimiento. "Lo que notamos nosotros es que no fuimos llamados ni tenidos en cuenta, ni notificados tampoco como organismo de Derechos Humanos. Fueron notificados otros organismos, pero nosotros también quisimos formar parte y naturalmente nos metimos en el expediente judicial", expresó.
A partir de este caso, Paonessa indicó que mantuvieron reuniones con representantes de la Justicia y otros organismos para plantear la necesidad de establecer mecanismos de comunicación previos ante situaciones de desalojo que involucren a personas en condiciones de vulnerabilidad.
La intención es que las instituciones con competencia en materia de Derechos Humanos puedan intervenir antes de que se ejecute una medida judicial, especialmente cuando hay personas con discapacidad, adultos mayores o menores de edad involucrados. "Creemos que ya hemos tenido reuniones con la Justicia, con varios organismos y la Justicia, para contemplar los casos de desalojo, que se notifique previamente a todos los organismos que somos de Derechos Humanos", explicó.
Y agregó que esta intervención no debería limitarse exclusivamente a situaciones vinculadas con personas con discapacidad: "No solamente gente con discapacidad, sino cuando hay menores, cuando hay discapacitados, adultos mayores o cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad".

La desesperación de la familia y la búsqueda de una alternativa habitacional
Consultado sobre lo que encontraron al acercarse a la vivienda, Paonessa describió la desesperación de María Angélica y José Alberto ante la posibilidad de quedarse sin un lugar donde vivir.
El defensor del Pueblo explicó que el reclamo de la pareja no estaba relacionado únicamente con evitar el procedimiento judicial, sino también con conseguir tiempo y acompañamiento para encontrar una solución habitacional acorde a sus posibilidades. "La desesperación creo que fue el punto número uno, solicitando ayuda, no para el desalojo en sí mismo, sino para poder buscar alternativas", manifestó.

En esa línea, sostuvo que resulta necesario contemplar la situación económica y las dificultades que atraviesa el matrimonio para afrontar una mudanza o acceder a otro lugar donde instalarse. "El desalojo también trae esa desesperación, sino para buscar alternativas o tiempo para poder reubicarlos, ver que se estabilice la situación financiera de ellos y poder buscar naturalmente un alquiler, si quisiesen o pudiesen, pero poder buscar estas alternativas", concluyó.
Por el momento, María Angélica y José Alberto continúan sin una alternativa habitacional definida. La suspensión del desalojo representa un plazo para avanzar con las intervenciones institucionales, pero el conflicto todavía no tiene una resolución definitiva. La Defensoría del Pueblo espera que los planteos incorporados al expediente sean considerados antes de que la Justicia determine los próximos pasos.



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