La intimación de la Municipalidad de Posadas a la Policía de Misiones por la instalación de cámaras de seguridad abrió un conflicto institucional que tuvo una contundente respuesta del jefe de la fuerza provincial, Sandro Martínez. En declaraciones al programa Arriba la Radio, por Radio Up, el funcionario cuestionó el procedimiento impulsado por la gestión del intendente Leonardo Stelatto y aseguró que no retirarán los dispositivos de vigilancia.
La controversia comenzó cuando la Municipalidad exigió a la institución policial que, en un plazo de diez días, presentara documentación vinculada con la utilización del espacio público. Según explicó Martínez, la comunicación también advertía sobre posibles sanciones, entre ellas la revocación de autorizaciones y la aplicación de multas.
“Y la verdad que fue una sorpresa”, reconoció el jefe policial, quien explicó que la intimación fue analizada por el cuerpo jurídico de la Jefatura y comunicada al Ministerio de Gobierno antes de elaborar una respuesta institucional.

“Los postes son de EMSA”
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la propiedad de las estructuras utilizadas para instalar las cámaras del sistema 911.
Martínez sostuvo que la Municipalidad parte de una interpretación equivocada sobre el uso del espacio público y aclaró que las instalaciones no se realizan sobre postes municipales. “No son postes que utilizamos de la municipalidad, no son postes que colocamos nosotros, son postes de la en este caso de la ciudad de Posadas son son de EMSA”, afirmó durante la entrevista.
El jefe policial explicó que el aprovechamiento de estructuras existentes permite evitar nuevas inversiones y reducir los costos de funcionamiento del sistema. Según señaló, la intención es utilizar los recursos disponibles de manera eficiente, sin generar gastos adicionales para el municipio ni trasladar costos a los vecinos.

La Policía sostiene que la ley provincial prevalece sobre una ordenanza
Consultado sobre qué normativa debería aplicarse ante una eventual controversia judicial, Martínez defendió la posición jurídica de la institución. “Acá prevalece el ordenamiento jurídico nuestro, la ley, por supuesto, que prevalece sobre una ordenanza”, manifestó.
El funcionario argumentó que la Policía tiene un mandato constitucional de garantizar la seguridad pública y que la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos constituye una responsabilidad prioritaria.
La posición expresada por Martínez representa el criterio jurídico de la Jefatura policial. La eventual resolución de un conflicto entre las normas invocadas por ambas instituciones dependerá de su alcance y aplicación al caso concreto.
Las cámaras seguirán funcionando salvo que exista una orden judicial
Martínez fue categórico al referirse a la posibilidad de interrumpir el servicio de videovigilancia como consecuencia de la intimación municipal. “Bajo ningún punto eso se va a cortar, salvo si hay una orden judicial”, aseguró.
También explicó que la instrucción impartida a la Dirección de Operaciones 911 es mantener el funcionamiento de los dispositivos y continuar garantizando la cobertura de seguridad.
El jefe policial advirtió que una eventual reducción del sistema no afectaría solamente a la institución, sino fundamentalmente a los vecinos que reclaman mayor vigilancia en sus barrios. En ese sentido, recordó que la instalación de cámaras es uno de los pedidos más frecuentes que recibe la Policía durante las reuniones con comisiones vecinales y referentes barriales.

Una relación institucional que busca evitar una escalada
Pese al tono de sus cuestionamientos, Martínez aseguró que la Policía mantiene una política de diálogo con los municipios.
Explicó que, después de hacerse público el conflicto, recibió un mensaje solicitando la designación de un coordinador para abordar la situación. Por ese motivo, trasladó la comunicación al comisario mayor Carletti. Sin embargo, al momento de la entrevista, indicó que todavía no se había concretado un contacto con el funcionario designado.
El jefe policial también destacó que la fuerza trabaja de manera articulada con intendentes de toda la provincia y que las solicitudes de nuevas cámaras son permanentes.
La controversia con la Municipalidad de Posadas, sostuvo, no modificará la decisión de continuar prestando el servicio. Para Martínez, el eje de la discusión no debería estar puesto únicamente en una cuestión administrativa, sino en la seguridad de quienes viven y transitan por la capital provincial.



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