El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad durante la sesión del jueves 19 de noviembre, en una votación que reunió 71 votos afirmativos y ningún rechazo. La iniciativa, que ya había obtenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados con 237 votos a favor, quedó definitivamente sancionada y establece un marco permanente para regular el sistema de atención y prestaciones del sector.
La aprobación representa un avance legislativo luego de meses de discusiones, modificaciones y cuestionamientos al Gobierno nacional por la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Aunque el proyecto surgió como una respuesta a la emergencia que atravesaba el sector, su nueva condición de ley busca establecer reglas de funcionamiento y previsibilidad para las prestaciones.
Sin embargo, el consenso alcanzado en el Congreso no cerró el debate. Desde distintos sectores de la oposición advirtieron que el desafío principal será garantizar que las disposiciones se cumplan, especialmente en materia de financiamiento, actualización de aranceles y regularización de las deudas acumuladas con los prestadores.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
Entre los principales cambios incorporados, la normativa dispone la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había quedado afuera de las modificaciones incluidas inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027.
Este punto resulta central para los prestadores de servicios, debido a que busca evitar que los valores que reciben pierdan capacidad de cobertura frente al aumento de los costos. La actualización periódica apunta a sostener el funcionamiento del sistema y brindar mayor previsibilidad a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
Otro de los aspectos relevantes es que la ley establece por primera vez los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora dependían de definiciones del Poder Ejecutivo. Entre las condiciones previstas figuran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
La normativa también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y contempla mecanismos de respaldo presupuestario. En caso de que las partidas asignadas al Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro nacional.
Además, incorpora herramientas para evitar que los recursos destinados a cada beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Deudas con prestadores y cobertura médica
Uno de los puntos que concentra mayor atención es la regularización de las deudas acumuladas con los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
En ese sentido, la ley establece que el Poder Ejecutivo tendrá 30 días desde su entrada en vigencia para presentar un cronograma de pagos y fija un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
La medida busca dar respuesta a una problemática que afectó el funcionamiento de instituciones y servicios vinculados con la atención, rehabilitación y acompañamiento de personas con discapacidad.

Por otra parte, la normativa garantiza a los beneficiarios de pensiones por invalidez el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud, reforzando la cobertura sanitaria contemplada para este sector.
También incorpora un cambio importante respecto de la posibilidad de trabajar: las pensiones por discapacidad serán compatibles con el empleo registrado, con el objetivo de evitar que las personas deban renunciar a un ingreso laboral para conservar el beneficio.
Durante el debate, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, destacó este aspecto como uno de los avances de la iniciativa. "Nadie más va a tener que estar esperando para cobrar y ver reconocidos sus derechos", expresó.
El reclamo por la reglamentación y el cumplimiento
Pese al respaldo unánime, distintos legisladores opositores cuestionaron el recorrido que tuvo el proyecto y reclamaron que el Gobierno garantice su implementación efectiva.
Las críticas estuvieron vinculadas principalmente con el veto presidencial anterior, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó posteriormente en una judicialización del conflicto. También señalaron las contradicciones que se produjeron durante el tratamiento del Presupuesto 2027, que incluía modificaciones que afectaban aspectos centrales de la iniciativa que se negociaba en el Congreso.
Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo "Wado" de Pedro puso el foco en las condiciones necesarias para que la ley se traduzca en mejoras concretas.
"Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad", sostuvo.
La discusión también estuvo atravesada por referencias a las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. Una de las frases que más se repitió entre los legisladores fue: "El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes".
En esa línea, la senadora peronista Ana Marks pidió que esas expresiones no queden en declaraciones, mientras que el radical Maximiliano Abad llamó a traducirlas en decisiones concretas para los sectores más vulnerables.
Un consenso legislativo después de meses de conflicto
La sanción de la ley representa un resultado de amplio consenso entre los distintos espacios políticos, luego de un proceso legislativo marcado por diferencias dentro del propio oficialismo y negociaciones con la oposición.
El proyecto atravesó distintos obstáculos, entre ellos las modificaciones que el Ejecutivo había incorporado al Presupuesto 2027 y que entraban en contradicción con aspectos de la propuesta que se debatía en el Congreso.
En ese escenario, Patricia Bullrich impulsó el tratamiento en el Senado y destacó la necesidad de avanzar hacia un esquema que otorgue previsibilidad al sector. También reconoció las dificultades que atravesaron las personas con discapacidad y sus familias durante los últimos dos años, además de admitir irregularidades en los procesos de otorgamiento de pensiones y en los mecanismos de auditoría.
Con la aprobación definitiva, el desafío pasa ahora del ámbito parlamentario a la implementación. La reglamentación, la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de los plazos de pago serán determinantes para establecer si los cambios aprobados se traducen efectivamente en mejores condiciones de atención y acceso a derechos para las personas con discapacidad.



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