La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa por la mansión de Pilar, en la que se investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deje de tramitarse en los tribunales federales de Campana y regrese a Comodoro Py.
A través de una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar al recurso de queja presentado por Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.
De esta manera, la investigación quedará bajo la órbita del Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá continuar con la pesquisa sobre la presunta maniobra de lavado de dinero relacionada con la adquisición de un millonario inmueble en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar.
La decisión representa un revés para el criterio que había permitido que el expediente pasara a manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
El planteo de Villar había sido rechazado previamente por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en octubre declaró inadmisible el recurso presentado para modificar la competencia judicial.
Ante esa resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal acudió a la Corte Suprema, que finalmente aceptó su reclamo y dispuso el regreso del expediente a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación por la mansión de Pilar y los presuntos testaferros
La causa investiga el presunto lavado de activos detrás de la compra de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, un inmueble de aproximadamente 105.000 metros cuadrados cuyo valor fue estimado en más de 20 millones de dólares.
La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano, monotributista, y de su madre, Ana Conte, jubilada, quienes son señalados en la investigación como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Las sospechas se apoyan, entre otros elementos, en la presunta falta de correspondencia entre los ingresos declarados por los titulares registrales y el valor económico de la propiedad.
La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para concretar la operación inmobiliaria y establecer si existió un entramado de personas físicas y jurídicas destinado a ocultar o legitimar dinero de procedencia ilícita.
El expediente también tiene relevancia institucional por su posible vinculación con otras investigaciones judiciales que involucran a las máximas autoridades de la AFA, entre ellas su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
En ese contexto, la resolución de la Corte representa un revés para la estrategia de la entidad del fútbol argentino, que busca concentrar en los tribunales de Campana distintas causas que involucran a sus principales dirigentes.
Qué argumentos utilizó la Corte Suprema para devolver la causa a Comodoro Py
En los fundamentos del fallo, los integrantes del máximo tribunal sostuvieron que era necesario intervenir para ordenar el trámite del expediente y resolver las controversias relacionadas con la competencia territorial.
Los magistrados señalaron que la garantía constitucional del juez natural había sido vulnerada de manera grave por la decisión que había trasladado la investigación a Campana.
En ese sentido, afirmaron que existió una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia”, además de un apartamiento de las constancias incorporadas a la causa y de la normativa aplicable.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con el lugar donde se habrían desarrollado las operaciones investigadas.
Si bien la decisión inicial de trasladar el expediente a Campana había tomado como referencia la ubicación de la mansión en Pilar, la Corte consideró que existían elementos suficientes para establecer una conexión territorial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los argumentos mencionados, los jueces destacaron que Real Central SRL, la sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, tiene su sede en territorio porteño.
También señalaron que la escritura de adquisición de la propiedad fue firmada en la Ciudad de Buenos Aires y que la AFA tenía allí su sede al momento de los hechos investigados.
Para el máximo tribunal, estos elementos debían ser considerados al momento de determinar qué jurisdicción federal debía intervenir en el expediente.
La Corte advirtió sobre una investigación de lavado de activos más amplia
Otro de los aspectos destacados del fallo fue la dimensión de la investigación judicial.
Los magistrados remarcaron que el expediente no debe limitarse exclusivamente a la compra de la mansión de Pilar, sino que debe contemplar la posible existencia de una estructura financiera y societaria más amplia.
Según expresaron, se trata de una pesquisa compleja por presunto lavado de activos, que podría involucrar un entramado destinado a canalizar, administrar y legitimar fondos de origen presuntamente ilícito mediante la participación coordinada de distintas personas físicas y jurídicas.
En esa línea, los jueces consideraron que la adquisición del inmueble fue el hecho que permitió iniciar la denuncia y abrir el expediente, pero aclararon que la operación inmobiliaria no representa la totalidad del objeto de investigación.
La Corte sostuvo que la pesquisa debe contemplar el conjunto de movimientos financieros y comerciales que podrían estar relacionados con el presunto circuito de dinero.
Críticas al fallo de Casación
El máximo tribunal también cuestionó la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado inadmisible el planteo del fiscal Villar.
En particular, los jueces señalaron que Casación concentró su análisis en la competencia por razón de la materia, pero omitió abordar los argumentos del Ministerio Público Fiscal vinculados con la competencia territorial.
Para la Corte, ese aspecto resultaba determinante para establecer si correspondía que la investigación continuara en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
Con este pronunciamiento, el expediente dejará definitivamente la órbita del juzgado federal de Campana y volverá a Comodoro Py, donde el juez Daniel Rafecas tendrá a su cargo la continuidad de una investigación que involucra presuntas maniobras financieras y a figuras centrales de la dirigencia del fútbol argentino.
La resolución abre una nueva etapa judicial en una causa de alto impacto institucional, cuyo avance permitirá determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.
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